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En medio de la incertidumbre provocada por la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, la Cámara de Diputados se prepara para votar hoy el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2017.
Con recortes a importantes rubros como salud, educación, desarrollo del campo y al gasto de inversión, el año entrante promete ser uno en el que el ejercicio de los recursos será complicado.
Aun así, todo indica que los diputados ejercieron sus mejores oficios para lograr amarrar una bolsa de al menos 10 mil millones de pesos, para que cada uno de ellos pueda etiquetar hasta 20 millones para proyectos que ellos decidan.
Esto ya se veía venir. Desde el momento que movieron indicadores, como el tipo de cambio o la producción de barriles de petróleo, y con ello consiguieron “aumentar” los recursos disponibles en más de 51 mil millones de pesos, se preparaba ya el terreno para continuar con el reparto discrecional de recursos. De esos 51 mil millones, los legisladores han adelantado que alrededor de 17 mil millones serán enviados a los municipios.
A pesar de que la fecha límite para aprobar el PEF, establecida en la Constitución Política, vence el 15 de noviembre, los legisladores decidieron meter el acelerador para dar certidumbre a gobiernos estatales e inversionistas sobre el futuro del país.
José Antonio Meade, secretario de Hacienda, indicó ayer que conforme se vayan presentando las circunstancias, el Gobierno federal irá tomando las decisiones pertinentes; pero la que sí se busca de inmediato es la aprobación del PEF.
“Se acelerará la implementación de las reformas estructurales con el objeto de mantener la dinámica del mercado interno y habremos de buscar, en coordinación con la Cámara de Diputados, la pronta aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017”, expuso Meade ayer en un mensaje conjunto con Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Por ello, este miércoles los trabajos entre diputados de la Comisión de Presupuesto y funcionarios de la Secretaría de Hacienda ocurrieron a marchas forzadas, buscando que a 48 horas de que se haya anunciado el triunfo de Trump, el país cuente ya con la planeación para el año entrante.
A puerta cerrada, los legisladores discutían sobre la pertinencia de modificar algunos indicadores o programas, pues el triunfo del republicano podría cambiar las prioridades en algunos temas.
Negociación complicada
Desde la presentación que la Secretaría de Hacienda hizo del Paquete Económico a la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre pasado, todos sabían que sería una de las negociaciones más complicadas en años.
Un recorte de casi 240 mil millones de pesos, que impactó a todas las dependencias de gobierno y que llegará incluso a los gobiernos estatales, y la exigencia cada vez mayor de todos los que reciben dinero público, provocó que el reparto del presupuesto fuera más difícil que otros años. La cobija era muy corta para que alcanzara a todos.
Una muestra viva del conflicto son las manifestaciones, los bloqueos y las protestas que han ocurrido en el Palacio Legislativo de San Lázaro donde alcaldes, sindicatos, organizaciones campesinas y hasta trabajadores exbraceros han alzado la voz para pedir más recursos.
Como no había ocurrido en otros años, ahora hasta un grupo de alcaldes entró al recinto legislativo y tomó desde el martes algunas partes de las oficinas de la Comisión de Presupuesto; los presidentes municipales han dormido ahí, esperando que se resuelva su exigencia de dinero.
No es para menos. El gasto para poder dar servicios a sus comunidades, así como el pago de la deuda adquirida por algunos de sus predecesores –o de ellos mismos-, han llevado al límite a los gobiernos municipales, donde hoy se resiente más la crisis de la economía.
Estas protestas ocurrieron también en parte porque los propios legisladores dieron entrada a la petición de recursos para proyectos de infraestructura, cultura u otros, aunque desde la Secretaría de Hacienda se les había pedido que fueran cuidadosos con las promesas de dinero, ante la escasez de recursos.
La Comisión de Desarrollo Municipal, por ejemplo, recibió más de 16 mil solicitudes de presupuesto por parte de ayuntamientos; esto representa recursos por más de 129 mil millones.