Es momento de hacer cuentas. Con ábaco en mano, el secretario de Hacienda y su equipo deberán lograr que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2020 se alinee a la política de austeridad de la Cuarta Transformación y al mismo tiempo alcance para cubrir todos los gastos que se tienen contemplados para el desarrollo de proyectos prioritarios. Misión complicada.
El hombre encargado de las finanzas en el país, Arturo Herrera, prepara el paquete económico en medio de un entorno adverso, por ello es importante que se ponga especial atención en elaborar un PEF realista y sostenible.
La etapa de programación concluye en un mes, 8 de septiembre, fecha en que las autoridades hacendarias deberán enviar el documento de política pública al Congreso de la Unión para su discusión, modificación y aprobación
Para dar cumplimiento a las obligaciones y programas gubernamentales se estima que el presupuesto para 2020 deberá alcanzar un monto de 6 billones 300 mil millones de pesos, superior a los 5 billones 814 mil millones de pesos aprobados para este año.
Uno de los retos en la elaboración del presupuesto 2020 es el boquete presupuestal que dejará Pemex tras la reducción de su carga fiscal establecida en su Plan de Negocios 2019-2023.
Además se deberá procurar una mejor eficiencia en el gasto público con el objetivo de evitar que haya más recortes.
En materia tributaria, el mayor desafío será mantener la promesa de que los mexicanos no pagarán más impuestos, pero se deberán crear nuevos esquemas que ayuden a mejorar la recaudación del gobierno.
A pesar de que los ingresos fiscales en México crecieron en el último sexenio en más de cuatro puntos para alcanzar un nivel de 16.2 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra se ubica lejos del 22.8 por ciento, nivel promedio al reportado en países de América Latina y del Caribe, y mucho más distante del 34.2 por ciento de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Alejandra Macías, directora Presupuesto de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advierte que Hacienda tiene en sus manos la elaboración de un paquete económico bastante complejo porque se quieren pagar muchos proyectos con recursos limitados.
A esto se suman los gastos no programables, como el pago de deuda que supera los 10 mil millones de pesos, las transferencias a estados y municipios, así como las pensiones y jubilaciones, las cuales absorben cerca de un billón de pesos del espacio fiscal.
Para dar cumplimiento a las obligaciones y programas gubernamentales se estima que el presupuesto para 2020 deberá alcanzar un monto de 6 billones 300 mil millones pesos
“Es complicado que se pueda mantener una política de austeridad como hasta ahora, porque con los recortes de personal los programas sociales y agrícolas no han podido operar bien, entonces el gobierno debe hacer una valoración crítica sobre todos sus gastos”, precisa la investigadora.
El actual escenario económico se suma a los problemas que enfrentará el secretario Herrera, quien se ha comprometido a lo mismo que su antecesor Carlos Urzúa: alcanzar un superávit primario de 1 por ciento.
El magro crecimiento del PIB nacional de apenas 0.1 por ciento durante el segundo trimestre de 2019 y la disminución pública de 11.1 por ciento en el mismo periodo hacen cuestionar a la cúpula empresarial sobre los lineamientos que se establecerán en el presupuesto 2020.
Gustavo Almaraz, presidente del Comité de Estrategia Pública y Vertebración de Coparmex, asegura que el gobierno ha intentado realizar un gasto eficiente a partir de la centralización de sus recursos, pero la implementación de la estrategia no ha sido la más eficiente, debido a que se limitaron la cantidad y la calidad del gasto público provocando un subejercicio.
Sin embargo, al menos por ahora, Almaraz comparte que esperarán a ver qué es lo que Hacienda envía al Congreso para poder tomar una postura a favor o en contra.
Pemex, ¿el dolor de cabeza del PEF?
La prueba de fuego al momento de ejercer los recursos el próximo año será lidiar con Pemex, ya que el gobierno deberá subsanar el boquete fiscal que dejará la Empresa Productiva del Estado (EPE) por un monto de 128 mil millones de pesos.
Dentro del Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, la Cuarta Transformación tiene contemplado aumentar el incentivo fiscal de la petrolera más endeuda del mundo con el objetivo de que genere ganancias durante los tres primeros años de este gobierno para así dejar de contratar deuda y comenzar a pagar la existente, que asciende a 2 billones 500 mil millones de pesos.
Darle recursos adicionales a la empresa petrolera durante el próximo año desequilibrará las finanzas públicas, por ello el gobierno debe buscar que los números le cuadren ante el gasto que provocará
El mayor riesgo del Plan de Negocios es que se plantea una reforma a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos con el objetivo de aligerar la carga fiscal sobre el Derecho a la Utilidad Compartida (DUC) a través de un esquema gradual de 7 por ciento para 2020 y de 4 por ciento para 2021.
Esto quiere decir que se pasará del actual nivel de 65 por ciento a 58 por ciento en el 2020, y a 54 por ciento en 2021. Con esto, Pemex dejará de pagarle al gobierno aproximadamente 45 mil millones de pesos el próximo año y para el siguiente el monto ascenderá a 83 mil millones de pesos.
Debido a que el DUC juega un papel fundamental en los ingresos de Pemex, el gobierno resentirá la ausencia de estos recursos durante el próximo año.
La actual administración corre el riesgo de quedarse en una encrucijada, ya que quieren remar en dos vías opuestas: mantener el mismo nivel de ingresos petroleros al tiempo de que están haciendo una reducción a la carga fiscal de Pemex.
Gustavo Almaraz opina que la parte más complicada del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del próximo año será lograr que los números cuadren ante el vacío que dejará la petrolera al erario.
Pemex está en una situación financiera muy delicada, pero meterle más recursos no debe ser el único factor de estabilidad para dicho proceso, si la empresa no genera inversión conjunta con el sector privado y se queda el gobierno inyectándole más dinero y desbalanceando las finanzas públicas, solo va a generar mayores problemas
Panorama con claroscuros
En este momento existen grandes cuestionamientos sobre el Plan de Negocios de Pemex, pues ha sembrado varias interrogantes sobre cuánto capital se destinará al pago de deuda y cómo se logrará tener un flujo adicional para pago de pasivos.
Expertos del sector de Citigroup, accionista mayoritario de Citibanamex, reprobaron el documento al asegurar que no contenía “nada nuevo” y tampoco resuelve de fondo los problemas estructurales del gobierno.
Por su parte, Peter Speer, analista de la agencia calificadora Moody’s, advirtió que el apoyo financiero que le dará la administración federal a la Empresa Productiva del Estado (EPE) se “queda corto” al tomar en cuenta los ambiciosos objetivos de crecimiento anual de la producción de crudo en un millón de barriles diarios hacia fines de 2024.
Los últimos en desairar el Plan fueron los estrategas para América Latina del Instituto Internacional de Finanzas (IIF).
En un análisis difundido entre sus clientes alertan que la recapitalización a la empresa puede poner en riesgo a las finanzas públicas, ya que se captarían menores ingresos. A la larga esto puede limitar los planes del gobierno para incrementar el gasto social
Sin embargo, Erick Sánchez Salas, director asociado de Desarrollo de Negocios en la firma IHS Markit, comenta que se pueden alcanzar los objetivos establecidos siempre y cuando la cúpula directiva de la empresa mantenga su apertura a modelos de asociación con el sector privado, cuide sus intereses y respete lo establecido en el documento de 221 páginas.
“El éxito en el Plan de Negocios está dictado por factores tanto exploratorios como productivos que dependen de campos y su resultado de estos, es decir, no se relaciona con factores concretos, sino de la ejecución de los mismos proyectos. El nivel del riesgo es normal dada la actual incertidumbre, pero hay que dar el beneficio de la duda”.
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La trampa fiscal del PEF 2020
Dentro de los temas que más preocupan para la elaboración del paquete económico y presupuesto del próximo año está la parte tributaria, sobre todo porque la Cuarta Transformación se ha puesto una meta muy específica: no crear ni aumentar impuestos, pero al tener un presupuesto tan acotado, surge la interrogante sobre cómo obtendrán los recursos para cubrir todo lo contemplado para el próximo año.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ha convertido en el músculo para ampliar las capacidades recaudatorias del gobierno con el objetivo de llevar más dinero a las arcas públicas y al presupuesto.
Uno de los grandes vacíos en materia tributaria son las operaciones simuladas, con las que se evadieron 354 mil 512 millones de pesos, equivalentes a 1.4 por ciento del PIB nacional de 2014 a junio de 2019, según el órgano tributador
Así se le conoce a la colocación en el mercado de comprobantes fiscales auténticos, pero que amparan conceptos que no se han enajenado o no corresponden al monto facturado.
Para efectos fiscales, el contribuyente erosiona su base gravable del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ocasionando pérdidas por la falta de este pago durante varios periodos.
Respecto al IVA, el impacto es mucho mayor porque no solo implica que se generan saldos a favor, en ocasiones se solicita la devolución del impuesto cuando es inexistente.
Los encargados de realizar este tipo de movimientos son los EFOS, empresas que venden las facturas para ser deducidas por un tercero que sí tiene operaciones reales, mientras que los EDOS ingresan las facturas obtenidas de los EFOS para reducir la base del impuesto y hasta solicitar devoluciones.
En sentido estricto, el órgano a cargo de Margarita Ríos-Farjat les llama ‘factureras’. Martín Rodríguez Sánchez, presidente del Consejo Internacional de Empresarios (Coine), opina que este tipo de operaciones generan un ambiente adverso en el sector empresarial y al mismo tiempo se convierten en un freno para muchas iniciativas y proyectos públicos y privados.
“La evasión fiscal afecta a la economía de México porque el gobierno deja de percibir ingresos con los que se podría contribuir a mejorar la vida de las personas. El SAT está haciendo un buen trabajo en atacar este problema, pero ante un entorno tan complicado será difícil incrementar los niveles de recaudación, algo que complicará el paquete económico del próximo año”, asegura el abogado.
Cifras del SAT revelan que de 2014 a junio de 2019 se detectaron 8 mil 204 EFOS definitivas y un total de 8.8 millones de facturas falsas, es decir que cada EFOS realizó en promedio mil comprobantes fiscales.
En el mismo periodo, se realizaron operaciones por un valor de mil 611 millones de pesos, recursos que si hubieran llegado al gobierno se podrían destinar a comprar medicamentos o mejorar servicios básicos en escuelas públicas.
Para lograr un gasto público eficiente es necesario consolidar los procesos relacionados con la recaudación de impuestos. Aunque el gobierno ha dado algunos pasos para atraer dinero a las arcas públicas, estos esfuerzos aún son insuficientes
Medidas para contrarrestar
Una de las alternativas que puso en marcha la Cuarta Transformación para ampliar la cartera del gobierno fue la implementación de un esquema opcional a plataformas de transporte privado y entrega de alimentos, como Uber, Cabify, Didi, Beat, y Rappi.
Con esta medida el órgano fiscalizador les hará una retención del ISR que dependerá de su nivel de ingresos mensual y 8 por ciento por el IVA.
Al inicio, este impuesto digital generó polémica entre las diversas aplicaciones debido a que ayudará a recaudar hasta 400 millones de pesos, pero tras varios meses de negociaciones las Empresas de Redes de Transportes (ERT´s) aceptaron los términos.
Una de las iniciativas que se han quedado en el refrigerador es que las multinacionales con operaciones en México como Facebook, Amazon, Apple o Google paguen impuestos. Investigadores de Tax Justice Network estiman que las pérdidas anuales por impuestos corporativos ascienden a 500 mil millones de dólares anuales y la cifra va en aumento.
Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP, opina que tanto el esquema a las ERT´s como una posible tributación a empresas globales son medidas positivas, pero se debe garantizar que en dado momento la carga fiscal no se traslade a los consumidores de a pie.
“El panorama en materia de finanzas públicas para 2019 no es alentador y es momento de que busquen formas de recaudar más, pero no existe una legislación adecuada para controlar el flujo de dinero de estas empresas”.
