Presupuesto para turbulencias

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Hoy inicia formalmente en el Congreso la discusión del Presupuesto de Egresos 2018, el último de la actual administración federal, que estará condicionado por la reconstrucción tras los daños de los sismos del pasado mes de septiembre y, sobre todo, por el proceso electoral más complejo en la historia del país, sin dejar a un lado la sucesión presidencial en el 2018.

Además, las finanzas nacionales tendrán que hacer frente a un panorama económico global probablemente adverso y ante el riesgo de la terminación del TLCAN, cuyo impacto es desconocido, todas esas circunstancias que podrían obligar -como en otras ocasiones- a hacer ajustes sobre la marcha.

Durante las próximas tres semanas, los legisladores tendrán la tarea de hacer las adecuaciones necesarias al proyecto entregado por la Secretaría de Hacienda para poder hacer frente a los compromisos de gasto público en un contexto complicado también por la política de austeridad que ha caracterizado a la administración pública.

Con algunas voces que aseguran que las previsiones económicas son demasiado optimistas y alejadas de la realidad (sobre todo por el tipo de cambio y la estimación del precio del petróleo), se espera también que el Presupuesto ya aprobado siga modificándose en el transcurso del año y pueda enfrentar nuevos recortes.

Y, como cada año, la discusión y aprobación del presupuesto está contaminada por los intereses políticos, más aún en un año electoral con el riesgo que conlleva que el dictamen aprobado obedezca más a los intereses particulares que a las necesidades del país.

La propuesta enviada por José Antonio Meade proyecta un gasto de la administración pública federal de aproximadamente 5 billones 236 mil millones de pesos durante 2018, de los cuales, la gran mayoría corresponden a gasto comprometido (entre 85 y 87 por ciento, según estimaciones), dejando un estrecho margen para cualquier eventualidad.

El Estado tiene erogaciones obligatorias como los servicios básicos de la población, la participación a los estados y municipios; a lo que también hay que sumar el gasto financiero de la deuda o el gasto que representan las pensiones para el gasto público, dos rubros que cada año incrementan su carga presupuestaria.

Tan sólo el costo financiero de la deuda pública para 2018 será de 489 mil millones de pesos.

En la Ley de Ingresos aprobada la semana pasada, hubo una mejoría en la cifra proyectada de recaudación respecto al anterior ejercicio fiscal aunque estos recursos podrían ser insuficientes para hacer frente al 2018 y todo lo que significa.

Panorama adverso

El reto no es sólo encontrar un equilibrio presupuestal, sino hacerlo en medio de un ambiente de creciente tensión política con un enfrentamiento cada vez más agudo entre las distintas fuerzas en el poder legislativo.

La aprobación del presupuesto, como muchas de las grandes tareas legislativas, está también sujeto a los acuerdos y a los vaivenes político electorales en donde los actores y grupos de influencia dentro la arena política buscan obtener el mayor rédito en cada negociación.

A principios de septiembre, las diferencias entre los partidos por el nombramiento del nuevo Fiscal General dio origen a una crisis de parálisis legislativa que llegó a poner en riesgo la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Hoy, en la víspera del proceso electoral de mayor magnitud en la historia de México, la discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía, la separación del titular de la Fepade o los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción se convierten en factores que inciden directa o indirectamente en la discusión del presupuesto.

En años anteriores, a pesar de las diferencias entre los partidos, siempre se ha logrado la aprobación del Presupuesto sin mayores dificultades, pero con el clima político actual aunado al panorama adverso y a la emergencia de la reconstrucción la historia podría ser muy diferente.

Los sismos del 7 y 19 de septiembre y la posterior reconstrucción se han convertido también en un factor que hace aún más complicada la ecuación y que pondrán a prueba el oficio de quienes encabezan la política presupuestal.

Si bien los partidos, por lo menos en los discursos, han renunciado a parte de su financiamiento para apoyar a las labores de reconstrucción, el próximo año las erogaciones para el INE y los institutos políticos será de más de 25 mil millones de pesos, la más alta de su historia, una bolsa de la cual -en parte- se podría echar mano, aunque en año de elecciones federales nadie parece dispuesto a dar el primer paso.

La negativa de algunos legisladores, gobernadores y alcaldes que buscan proteger su presupuesto también se convierten en factores que complican la tarea legislativa.

Presiones políticas

Alcaldes de diversos municipios del país congregados en la Federación Nacional de Municipios de México pidieron a los diputados federales que en el presupuesto para 2018 se incluya un fondo de rescate financiero para los municipios y la reactivación del fondo para pavimentación con un presupuesto de 10 mil millones de pesos.

En el proyecto del Presupuesto de Egresos para 2018 el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece) fue dejado en ceros ante la presión del gasto público para el siguiente año.

Dicho fondo, que es conocido también como el ‘Fondo Moches’ ha estado bajo la lupa en los últimos años por su discrecionalidad y opacidad, ya que a través del mismo, los legisladores podían asignar libremente cantidades millonarias a obras en municipios, presuntamente cobrando una comisión para su gestión. Tan sólo en el último ejercicio fiscal, este fondo contó con 10 mil millones de pesos.

Aunque la medida ha sido respaldada por las principales fuerzas políticas, también ha sido cuestionada por quienes han sido afectados por la misma, sobre todo las organizaciones de alcaldes. Incluso hay una propuesta informal para buscar un mecanismo similar pero con mayores controles de transparencia.

Al supuesto cobro de comisiones a través del programa Fortalece también hay que sumar el hecho de que las negociaciones por el presupuesto de igual manera sirven como instrumento de control y posicionamiento político y, en año de elecciones presidenciales, cobra aún mayor relevancia.

Precisamente a través de las negociaciones presupuestales fue que Ricardo Anaya consolidó su poder en Acción Nacional, ya que todos los acuerdos con sus gobernadores o alcaldes pasaban por la dirigencia panista, aunque ahora algunos mandatarios estatales albiazules estarían negociando directamente con la SHCP.

Con políticos y funcionarios de todos niveles buscando posicionarse de cara a las elecciones del año entrante, los recortes presupuestales o la eliminación de estos fondos discrecionales son un golpe a muchos intereses, pues la obra pública ha sido una oportunidad inmejorable para la promoción política.

Blindaje presupuestal

La reconstrucción tras los sismos de septiembre, además de costosa y prolongada, coincidirá con el proceso electoral de 2018 y otros factores que dificultarán la integración de una bolsa extraordinaria para hacer frente a la emergencia.

Según estimaciones, la reconstrucción podría costar alrededor de 49 mil millones de pesos.  Al día de hoy el Fondo Nacional de Desastres no cuenta con los recursos suficientes.

Sobre la mesa hay varias propuestas como la reducción del financiamiento a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral que podrían ayudar a la construcción de una bolsa extraordinaria, pero en plena efervescencia política-electoral, todo depende de la verdadera voluntad de los partidos para que renuncien a parte de sus recursos.

Otro de los riesgos es que, precisamente ante la necesidad de recursos, en otros desastres naturales los gobiernos de los estados han tenido que endeudarse comprometiendo por años sus finanzas públicas.

Uno de los mejores ejemplos es Nuevo León que, tras el paso del huracán ‘Alex’ en 2010, vio incrementada su deuda en más de 7 mil millones de pesos, obligándolo a pagar más de 600 millones de pesos anuales durante 20 años.

La contingencia por los desastres naturales, sin embargo, será sólo una de las variables que tendrán impacto sobre el presupuesto.

En el proyecto del ejecutivo se estima un promedio del tipo de cambio de 18.10 pesos por cada dólar, el cual parece muy bajo por la incertidumbre que genera la renegociación del TLCAN que ya ha tenido un impacto negativo sobre la moneda nacional.

La consecuente victoria de Donald Trump provocó un efecto de volatilidad en el tipo de cambio, lo que impactó sobre las proyecciones económicas y, en esta ocasión, las señales indican que ante una posible terminación del acuerdo trilateral México debería estar preparado para sus impactos.

Estimaciones poco realistas

Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), asegura que un punto central para la discusión del Presupuesto 2018 estará en las estimaciones económicas realizadas por la Secretaría de Hacienda las cuales no parecen estar tomando en cuenta el impacto de factores externos.

“Realmente parece que no son realistas en la Secretaría de Hacienda. El tema importante va a ser qué tan acertadas puedan ser las estimaciones que se realizan en los criterios generales de política económica, sobre todo en el tema de la volatilidad en el tipo de cambio y en el precio de barril de petróleo.

“Por supuesto que también va a influir la agenda del TLCAN y la relación de Estados Unidos con México, de hecho en las últimas semanas se ha notado ya la depreciación del peso”, señala.

Además, el investigador del IMCO considera que los legisladores tienen un margen de maniobra muy estrecho sobre el cual hacer adecuaciones lo que hace necesaria una discusión para revertir esta situación en el mediano plazo.

“El margen de acción se tiene que poder ampliar para poder, precisamente, realizar mayores modificaciones al presupuesto. Es necesario generar un margen fiscal más amplio y ya no hay mucho margen que cambiar.

“Hay que regresar a la discusión del presupuesto base cero. En las condiciones actuales hay prácticamente un 10 por ciento del presupuesto para margen de acción. Entre el 85 y 87 por ciento del presupuesto ya está comprometido”.

Primero la reconstrucción

El diputado federal por Nuevo León, Waldo Fernández afirma que la prioridad de los legisladores durante la discusión del presupuesto de egresos 2018 será la reconstrucción de los estados afectados por los recientes fenómenos naturales.

“Hay 10 estados del país que fueron afectados por un huracán y dos temblores. La discusión tiene que ser muy realista y aterrizada a la realidad del país respecto a estos fenómenos naturales.

“Habrá que canalizar primero recursos para la reconstrucción y sobre todo para la reactivación económica porque no solamente es la infraestructura que se pierde sino durante un buen lapso de tiempo la posibilidad de estar generando ingresos también”.

El perredista reconoce que el margen de maniobra es estrecho debido a que la gran mayoría del presupuesto ya está comprometido no sólo por el gasto programado o el presupuesto inercial, sino por otros factores como el pago del servicio de la deuda, por lo que la tarea será complicada.

“Ya en el proceso del proyecto tendremos que apoyar ante todo los estados que están sufriendo con el tema de la reconstrucción, esa es la primer línea a la que nos vamos a dirigir, pero también entender que si descuidamos los estados del norte por atender sólo los del sur los del norte van a rezagar su crecimiento. No está nada sencillo. Es poco el dinero para todas las necesidades que tiene el país”.

Por último, destaca como señal positiva el hecho de que se haya eliminado del presupuesto el fondo discrecional Fortalece en un momento en que el hartazgo social y los desastres naturales obligaron a los legisladores a escuchar a la sociedad.

“Necesitamos darle al ciudadano una señal de que estamos entendiendo lo que nos están diciendo y estamos cambiando algunas dinámicas”.