Deuda pública sin control

Pese al grave problema económico que representa el endeudamiento de los gobiernos de los tres niveles de poder, a la fecha no existen la normatividad jurídica suficiente para fincar responsabilidades a los funcionarios públicos que buscan el financiamiento privado para el ejercicio público.

El crecimiento de la deuda pública en México es contundente en los datos oficiales: si se dividiera la deuda pública –registrada hasta diciembre del año pasado– entre la población de México, cada persona debería un total de 4 mil 428 pesos con 90 centavos.

Pero Francisco Búrquez, representante de Sonora el Congreso Federal, tiene un dato más reciente. 

De acuerdo con el senador, la cifra actualizada de la deuda para lo que va del 2016 llega a más de 7 mil pesos por cada mexicano.

“Eso ya es violatorio al derecho de los mexicanos, al nacer debiendo una deuda que nunca fue solicitada por ellos”, refiere el legislador.

Y es que, al no existir regulación que finque responsabilidad penal sobre los gobernantes que 

incurren en este delito, la contratación de empréstitos con la banca privada se ha disparado en 

México en los últimos 16 años.

De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en el 2001 el nivel de endeudamiento de la federación, estados y municipios representaba el 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Para el último día del 2015, ya significaba el 3.1 por ciento del PIB.

El problema, dijo el senador Búrquez, es que en la mayoría de los estados y municipios se ha contratado deuda, no para la ejecución de obras e infraestructura social, sino para el sostenimiento del mismo aparato de gobierno a consecuencia de la corrupción y el crecimiento desmedido del aparato burocrático.

“Uno de los rubros en los que más erogan las entidades federativas es el gasto operativo, destinado a servicios personales, luz, agua y teléfono. Este rubro representa el mayor monto en el gasto en las entidades federativas y los municipios, y ha crecido considerablemente en los últimos años”, revela un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

En el documento se considera que “el utilizar la deuda como herramienta para financiar este tipo de gasto podría ser improductivo”.

Michoacán, a la cabeza

Michoacán es la entidad federativa que mayor porcentaje de los ingresos totales asigna para la operatividad del aparato gubernamental, con una aportación directa al gasto corriente de 46.4 por ciento de sus participaciones. 

En ese renglón también se encuentran Durango con el 43.2 por ciento, Tabasco con el 43.0 por ciento, Coahuila con el 42.3 por ciento, y Zacatecas con el 39.3 por ciento de sus ingresos aplicados a salarios y pago de servicios.

“Los mexicanos ya no podemos seguir soportando esta situación”, explicó el senador Francisco Búrquez.

El legislador consideró que la deuda pública ha crecido tanto en México, que solo el pasivo registrado hasta el año pasado ya representaba casi siete veces el presupuesto federal destinado para el 2016 a los programas de combate a la pobreza.

La también llamada deuda subnacional, la contraída por los estados y municipios, que se ha mantenido en forma ascendente desde el año 2009 a la fecha, no se ha podido contener pese a la propuesta federal anunciada al inicio del actual gobierno, cuando se estableció el Compromiso No. 68 dentro del Pacto por México.

Dicho compromiso derivó en la necesidad de expedir una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios, la que se cristalizó en la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en donde la legislación resultó laxa, al no considerar sanciones penales para los gobernadores y alcaldes endeudadores.

‘Una bomba de tiempo’

“Estamos ante una verdadera bomba de tiempo”, aseguró el senador por Sonora, Francisco Búrquez.

Por ello, dijo, los senadores de Acción Nacional proponen una solución contundente:

 Incorporar en la Constitución el derecho de los ciudadanos a tener finanzas públicas estables y la obligación de los gobiernos a no contraer deudas más allá de un límite estricto, y a no heredar deuda alguna a gobiernos futuros.

La Iniciativa de Reforma Constitucional que promueve Búrquez pretende “amarrar las manos de los gobernantes” a fin de que se sancione a los alcaldes, gobernadores y presidentes de la republica que indolentemente y sin justificación alguna, incrementen la deuda pública de las entidades de gobierno.

La decisión de buscar la cárcel para los endeudadores de la administración pública, dijo el senador, es una forma de frenar el dispendio que se hace de los recursos públicos.

“Cuando una persona se endeuda, asume un riesgo personal. Cuando un político endeuda al Estado, no asume ningún riesgo, pero sí recibe inmediatamente el beneficio de la deuda: más recursos para gastar, sin responsabilizarse de ello”, detalló.

La iniciativa del PAN que aguarda en el Senado para su revisión.