Prevalece la impunidad

Los problemas más significativos vinculados a la violación de derechos humanos en México involucran a policías y militares que se han relacionado en abusos graves como homicidios ilegales, abusos físicos, torturas y desapariciones. 

El capítulo México del Informe 2013 sobre Prácticas de Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca que la impunidad generalizada y la corrupción fueron los problemas más graves presentes a nivel federal y local, en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial. 

También se menciona que persistió la violencia atribuida a las organizaciones criminales a nivel transnacional y local, contra las mujeres y los periodistas con lo que se limitó significativamente la libertad de expresión.

Alude a lo reportado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otras fuentes respecto a la persistencia de secuestros, abusos físicos, condiciones de hacinamiento en las cárceles; arrestos, detenciones arbitrarias y confesiones obtenidas mediante tortura. 

Y a que hubo denuncias de amenazas y violencia contra defensores de los derechos humanos, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales así como de secuestro, robo y abuso de los migrantes. 

También, denuncias de violencia doméstica, trata de personas, abuso de personas con discapacidad; discriminación social y económica contra algunos miembros de la población indígena y explotación del trabajo infantil. 

Pese a algunos arrestos por corrupción, la impunidad generalizada de los abusos contra los derechos humanos por parte de oficiales sigue siendo un problema tanto en la jurisdicción civil como militar.

El reporte presentado a fines de febrero sobre la situación de los derechos humanos en México consta de 47 páginas y se divide en siete secciones: 

1. El respeto a la integridad de la persona; 2. Respeto por las Libertades Civiles; 3. Respeto a los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno; 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno; 5. Actitud del gobierno respecto a la investigación internacional y no gubernamental de las presuntas violaciones de los derechos humanos; 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas y 7. Derechos de los trabajadores.

Cada sección se compone, a su vez, por diversos apartados donde se detalla, por ejemplo, en el referente a la “Privación arbitraria o ilegal de la vida” que el 18 de marzo pasado miembros del Ejército habrían torturado y matado a Alfredo Ruiz Rojas, un estudiante de 15 años de edad, en un paraje de Valles Elizondo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Quienes perpetraron la detención habría “plantado” armas en el vehículo de la víctima antes de retirarse de la escena de los hechos. La autoridad luego diría que Ruiz murió en medio de un tiroteo con las fuerzas de seguridad, versión que fue desestimada por la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que dio a conocer el cuerpo del estudiante mostraba signos de tortura. La CNDH ratificaría eso al concluir que dicho incidente supuso una “detención arbitraria, tortura y un eventual asesinato” que sigue bajo investigación. 

Tratos crueles y degradantes 

Para el 31 de agosto, la CNDH había recibido 38 denuncias de agresiones contra activistas de derechos humanos y una solicitud de protección. 

En julio pasado, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó 89 agresiones contra activistas de derechos humanos acaecidas entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012.

Sin embargo, reconoció que el número puede ser mayor tomando en cuenta otras figuras independientes que refieren hubo 153 casos de agresiones entre mayo de 2012 y mayo de 2013 (más de 53 entre 2011 y 2012). 

En junio, esta oficina de Naciones Unidas informó que 22 defensores de los derechos humanos y cinco miembros de la familia han sido asesinados desde 2006. El hostigamiento de los defensores de derechos humanos era más prevalente en los estados de Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal.