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En la Asamblea Nacional Ordinaria XXII del PRI, que se celebrará en menos de un mes y será decisiva para la elección presidencial del 2018, los tricolores debatirán sobre quitar los candados en los estatutos para poder postular un candidato que no pertenezca a las filas del partido en el gobierno.
Entre las reformas que se contemplan plantear en la Asamblea, está la necesidad de que el partido se abra a la posibilidad de postular un candidato ciudadano que no forme parte de las filas del tricolor.
En el gabinete presidencial esta reforma beneficiaría al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aspirante presidencial que no está afiliado al PRI.
Actualmente, según el artículo 166 de los estatutos del PRI, se establece la posibilidad de que candidatos externos puedan optar por cargos en el Congreso, a las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Con la modificación, el apartado podría permitir que los simpatizantes no afiliados puedan optar a cualquier cargo de elección popular, lo que abriría la puerta a la postulación de un candidato que no esté inscrito en el padrón de militantes del PRI.
Aunque el sector más duro del priismo estaría en contra de esta reforma, el grupo afín al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, busca impulsarla obligados por los últimos resultados electorales que ha tenido el partido oficial.
En 2012, además de regresar a Los Pinos de la mano de Enrique Peña Nieto, el PRI gobernaba en 20 entidades, y al día de hoy, solo lo hace en 14.
Además, en las últimas elecciones a gobernador, aunque se alzó con el triunfo en el Estado de México -bastión priista por excelencia- y en Coahuila lo hizo por una ínfima diferencia de votos.
Incluso en el Estado de México, de no haber sido por la suma de votos de sus aliados, habría perdido la gubernatura por el crecimiento que tuvo la candidata de Morena, Delfina Gómez.
Los escándalos de corrupción que han protagonizado exgobernantes del PRI como Javier Duarte, quien ayer fue extraditado a México para ser juzgado, han golpeado al priismo.
Las alianzas electorales rumbo al 2018, también será otro de los puntos relevantes en la agenda del cónclave priista del próximo 12 de agosto, los priistas evaluarán la conveniencia de su pacto con el Partido Verde o si se abriría la posibilidad de buscar coaliciones con otras fuerzas políticas.
La Asamblea podría ser un parteaguas en la historia del PRI y una posibilidad de adaptarse a la realidad actual, donde las posibilidades de retener la presidencia en 2018 no lucen favorables.
El reloj también juega en contra del priismo, pues a diferencia de sus adversarios políticos que ya han enseñado sus cartas rumbo a la sucesión presidencial, en el PRI hay una amplia baraja de presidenciables, pero nadie que se destaque del resto ni que aparezca como aventajado.
Tampoco hay aún claridad en cuanto al método de selección del candidato, a escasos dos meses que arranque formalmente el proceso electoral 2017-2018.
Andrés Manuel López Obrador, el rival a vencer, es el único del que se puede decir que estará con casi toda seguridad en la boleta presidencial de la mano de Morena, y ha venido impulsando por años sus aspiraciones.
De propuestas y candidatos
El órgano encargado de recibir las propuestas y que presentará el documento final para la XXII Asamblea Nacional del PRI es la Comisión Nacional de Dictamen, presidida por la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu y cuyo secretario es el titular del Consejo Político Nacional, Ernesto Gándara.
Además, esta Comisión la integran también 4 representantes de la Fundación Colosio, 24 de los sectores y organizaciones nacionales del PRI, 2 diputados y 2 senadores, un representante de los legisladores priistas locales, uno de los alcaldes, y 2 delegados por cada estado y la CDMX.
Miguel Ángel Osorio, secretario de Gobernación; Luis Videgaray, de Relaciones Exteriores; José Antonio Meade, de Hacienda; Aurelio Nuño, de Educación; José Narro, de Salud; José Calzada, de Agricultura, y Enrique de la Madrid, de Turismo, son los miembros del gabinete que han sido mencionados como posibles candidatos.
A ellos se suman el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; al ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien fue aspirante en 2012; y la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que es la única que ha anunciado públicamente su aspiración.
Nuño quiere regresar a Los Pinos
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, es uno de los priistas cuyo nombre ha empezado a cobrar mayor fuerza para convertirse en el abanderado priista para las elecciones presidenciales del próximo año.
El hecho de ser el artífice de la Reforma Educativa, uno de los emblemas del sexenio de Enrique Peña Nieto -y que salió adelante a pesar de la resistencia- así como su cercanía con el presidente, son argumentos que llevan a considerarlo como una alternativa fuerte y viable.
Nuño fue asesor de Enrique Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, posteriormente, durante la campaña presidencial, fue coordinador de mensaje y mercadotecnia del entonces candidato.
Tras la toma de posesión de Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, Nuño Mayer fue designado Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, lo que confirmaba su cercanía con el mandatario y la confianza que le brindaba.
En agosto de 2015 llegó a la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Emilio Chuayfett, con la encomienda de llevar a cabo la implementación de la Reforma Educativa.
A casi dos años de su llegada a la SEP, la Reforma va avanzando y sus detractores han ido disminuyendo. Incluso la disidente CNTE ha reducido considerablemente el tono de la protesta y son cada vez más los docentes que optan por la evaluación en lugar de la manifestación.
Es militante priista desde 2004, por lo que no tiene ningún impedimento estatutario para buscar la candidatura.
Momento de definición
La Asamblea priista del próximo agosto sentará las bases para la nominación del candidato priista rumbo a la sucesión presidencial, y las decisiones que ahí se tomen serán el preludio que permitan adelantar la hoja de ruta para el proceso interno.
El año previo a las elecciones presidenciales siempre ha estado marcado con rojo en el calendario del PRI, pues es el momento en que comienza a vislumbrarse el rumbo del partido y, sobre todo, se empiezan a perfilar los candidatos, un proceso nunca exento de polémica en los últimos años.
En 2011, tanto Enrique Peña Nieto, quien venía de culminar su mandato como gobernador del Estado de México, como el entonces senador, Manlio Fabio Beltrones, eran los aspirantes que habían reconocido públicamente su interés de obtener la candidatura.
En el mes de octubre, el Consejo Político Nacional aprobó por unanimidad la elección directa de los militantes y simpatizantes para la designación del candidato.
Sin embargo, Beltrones anunciaría su decisión de no inscribirse en el proceso interno a través de una carta en la que hacía un llamado a la unidad y a propiciar un cambio de rumbo en el país. De esta forma dejaba la vía libre para el actual presidente.
Roberto Madrazo, quien en ese entonces era el dirigente nacional, fue el candidato priista para las elecciones de 2006, en donde el PRI tenía que enfrentar el reto de ganar la presidencia de la república por primera vez en la historia desde la oposición.
Aunque al final logró quedarse con la candidatura (que también había buscado en 2000), durante su camino se enfrentó con una férrea oposición, desde la conformación del Tucom, hasta la confrontación con su entonces secretaria general, Elba Esther Gordillo, actualmente presa.
Todos estos factores, un priismo dividido y debilitado, sumado a la sospecha de la operación de algunos gobernadores tricolores a favor del candidato panista Felipe Calderón terminarían con Roberto Madrazo rezagado en un lejano tercer lugar, y con las peores cifras para el PRI en una contienda presidencial.
Hoy, nuevamente el PRI enfrenta un proceso de definición, no solo para el nombramiento del candidato, sino incluso por el método de selección y el cambio de los estatutos que puedan ampliar la baraja de aspirantes.
Un momento clave en la historia tricolor, en donde no pueden permitirse una división al interior que sería un golpe fatal para las aspiraciones priistas de mantenerse en Los Pinos después de 2018.
Contra la historia
Esta propuesta de cambiar los estatutos significaría que el tricolor rompa con su tradición histórica de postular como candidato presidencial solo a un militante, un mecanismo que se remonta a la década de 1930, tiempos de Plutarco Elías Calles.
El Partido Nacional Revolucionario (PNR) -posteriormente PRI- fue fundado en 1929 para terminar con la época del caudillismo y dar paso a las instituciones.
El General Lázaro Cárdenas del Río fue el primer candidato presidencial emanado de las filas priistas -y posteriormente presidente de la República- y antes de ello había sido dirigente del Partido.
Desde entonces, todos los candidatos presidenciales que ha presentado el PRI (Manuel Ávila, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Francisco Labastida, Roberto Madrazo y Enrique Peña), han sido militantes del tricolor.
Muchos de ellos no solo habían trabajado en la administración pública, ya sea como miembros del gabinete, gobernadores o legisladores, sino que también habían previamente ocupado cargos dentro del partido.
En caso de que durante la próxima Asamblea Nacional se cambien los estatutos y se permita la participación de simpatizantes en el proceso interno, podría ser la primera vez en más de 80 años que el candidato presidencial priista no sea un militante.
