El PRI se niega a perder el dominio que tiene de las más grandes centrales obreras del país, que está en riesgo con la reforma laboral que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena en el Congreso de la Unión.
En plena negociación de esta reforma, el PRI anunció que no acompañará al partido en el poder, como sí lo hizo en otros temas, por ejemplo la Guardia Nacional.
No se trata de un rechazo porque sí. El PRI ha mantenido durante décadas el poder de grandes organizaciones laborales, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) o la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y la nueva reforma laboral abre la puerta para la libre sindicalización.
Es decir, los trabajadores no serán inscritos automáticamente al sindicato que tenía en su poder el contrato colectivo de trabajo, como sucedía hasta ahora, sino que tendrán derecho a afiliarse al que prefieran. Esto le quitaría poder a las centrales obreras priistas y, por ende, al tricolor.
A esta legislación se le inyectó velocidad luego de la postura en el Congreso de los Estados Unidos de no firmar el T-MEC hasta que México concrete los cambios a la Ley Federal del Trabajo.
Hasta el cierre de esta edición, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados se encontraba discutiendo el dictamen de la reforma laboral que de acuerdo con fuentes de Morena, se buscará que pase al Pleno y sea aprobada el día de hoy, con o sin el acompañamiento del PRI.
Por tratarse de reformas a la Ley Federal del Trabajo, Morena y sus aliados solo necesitan la mitad de los votos más uno para concretarlas.
Toda esta discusión ocurre mientras se impulsa la creación de nuevos sindicatos en dependencias federales, como el ISSSTE; y también que Napoleon Gómez Urrutia, líder minero y senador por Morena, trabaja en la conformación de una nueva central obrera ligada a ese partido.
No rotundo
El PRI ha sido contundente: no apoyará la reforma laboral del presidente López Obrador.
René Juárez Cisneros, coordinador de la bancada del tricolor en San Lázaro, indicó que a diferencia de Morena cuando no estaba en el gobierno, el priismo no ha sido una oposición sistemática, puesto que han acompañado al mandatario en temas que consideran buenos para el país, cosa que no ocurre con la reforma laboral.
Aunque en la bancada del PRI se han dicho abiertos a impulsar la democracia en los sindicatos y la rendición de cuentas, algunas cosas de la reforma no los convencen del todo y han presentado propuestas de modificación.
Isaías González, diputado tricolor y dirigente de la CROC, ha sido el encargado de negociar diversas modificaciones a la propuesta original.
González entregó a la Comisión del Trabajo y Previsión Social un documento en el que propuso varios cambios al dictamen, con los que se permitiría que los sindicatos y las centrales obreras continuaran trabajando con mecanismos que no lastimen del todo los intereses de las cúpulas.
Por ejemplo, el dictamen establece, en su artículo 358, que “El periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado”.
González, quien lleva 14 años al frente de la CROC, propuso que sea eliminado este párrafo, pues haría ilegal que una persona dirija un gremio por varios años.
El diputado priista también propuso cambiar la indicación establecida en el artículo 371 Bis, en el que se deja asentado que las elecciones de las directivas de los sindicatos, que ahora serán mediante voto directo y secreto, “estarán sujetas a un sistema de verificación del cumplimiento de requisitos”.
El legislador pidió que esta revisión se asiente en solo como una posibilidad: “podrían ser sujetas a un sistema de verificación”.
Esta verificación sería llevada a cabo por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la nueva instancia que estará encargada de los procesos de negociación en los conflictos laborales y de garantizar que la elección de los dirigentes sea hecha con los principios de libertad y secrecía; en caso contrario, podría no dar el registro a la nueva dirigencia.
El líder obrero del tricolor también busca eliminar la posibilidad de que, en caso de que haya duda sobre el resultado de la votación, se organice un recuento de votos.
Y aunque públicamente ha insistido en que él y su bancada apoyan la transparencia sindical y la rendición de cuentas, Isaías González y el PRI han propuesto que se borre del dictamen la obligación de la dirigencia sindical de entregar por escrito a cada uno de los agremiados un informe de cuánto recibió por concepto de cuotas sindicales y en qué los gastó.
González argumenta que se trata de una medida física y materialmente imposible y señala que cada uno de los trabajadores podría pedir por su cuenta esta información al Centro Federal de Conciliación y Registro.