Priistas y panistas, los más cuestionados

Los municipios que han sido gobernados por alcaldes emanados del PRI han generado los mayores montos presupuestales con observaciones por irregularidades, de acuerdo a los archivos de cuentas públicas de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), en el periodo 2007-2011. 

No obstante, son las administraciones municipales del PAN las que mantienen sin esclarecer el destino de las bolsas más grandes de recursos públicos en el estado, y que no han solventado en su aplicación ante la misma ASEJ. 

Primero, las observaciones: las gestiones municipales priistas son líderes en estos manejos dudosos con 5 mil 408 millones 902 mil 607 pesos en su historial; es decir, de todo el gasto municipal fiscalizado en Jalisco que recibió estos señalamientos, la mitad se atribuye a esa fuerza política (47 por ciento). 

En este periodo el PRI tuvo a su encargo 91 municipios (44 de éstos coaligado a Panal), lo que significa que genera en promedio 59 millones 438 mil 490 pesos en inconsistencias por cada Ayuntamiento que encabeza. 

En segundo lugar se encuentra el PAN, los Ayuntamientos que presidió merecieron observaciones de la ASEJ por 4 mil 573 millones 416 mil 860 pesos: es responsable de 39 de cada 100 pesos cuestionados en las cuentas públicas a nivel municipal. 

Como el PAN estuvo al frente de 127 gestiones municipales en este periodo, promedió en cada una de éstas 36 millones 11 mil 156 pesos con problemas en su ejercicio detectados por el ente fiscalizador. 

En tercer lugar está el PRD; con su manejo presupuestal en los 19 municipios que encabezó (11 con el PT), la izquierda tiene en su haber mil 395 millones 571 mil 399 pesos con deficiencias halladas por la ASEJ (el 12 por ciento del total); su promedio de gasto irregular por cada gestión es mayor al del PRI y el PAN, pues asciende a 73 millones 451 mil 126 pesos. 

En cuarto lugar está el PVEM; sus alcaldes son responsables de manejos dudosos sobre  179 millones 977 mil 222 pesos en la decena de Ayuntamientos que lideró (un promedio de 17 millones 997 mil 722 pesos). 

Y en quinto lugar, Convergencia, nombrado Movimiento Ciudadano en 2011, con 48 millones 262 mil 730 pesos de su cosecha en las tres alcaldías que ganó en 2009 (un promedio de 16 millones 87 mil 577 pesos). 

De esta manera se desglosan los 11 mil 606 millones 130 mil 821 pesos que fueron señalados en su aplicación en todo el ámbito municipal por la ASEJ de 2007 a 2011; ahora bien ¿cuántos de estos pudieron ser solventados posteriormente? 

En este siguiente análisis los gobiernos del PAN resultan ser los peores en Jalisco: hasta hoy no han esclarecido el uso que le dieron a 969 millones 522 mil 903 pesos y que la sociedad les confió, lo que lleva a esa fuerza política a concentrar el 67 por ciento de toda la bolsa de recursos municipales sin aclarar ante la ASEJ.  

En segundo lugar están los gobiernos priistas, con 312 millones 191 mil 698 pesos sin comprobar en su aplicación (el 22 por ciento del total), y en tercer lugar el PRD, con 143 millones 758 mil 901 pesos (el 10 por ciento).  

La lista concluye con el PVEM, con 10 millones 968 mil 840 pesos, y Convergencia, con 983 mil 145 pesos. 

Extravío legislativo

Los cambios legislativos al sistema de fiscalización en Jalisco que han sido propuestos por los diputados del grupo llamado G9, así como la iniciativa de Ley de Combate a la Corrupción de la diputada Celia Fausto, del PRD, pasan por alto la reforma constitucional que creará todo un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción en el país, y de la cual no hacen la mínima mención. 

El dictamen aprobado por el Senado de la República y en estudio de la Cámara de Diputados, prevé una Comisión Nacional Anticorrupción (si bien su nombre no se ha definido).

Tendrá cambios mucho más profundos a los que hoy analiza el Congreso local, pues impactará el funcionamiento de la ASEJ, la Contraloría e incluso el Instituto de Transparencia e Información Pública, para coordinarlos. 

La reforma constitucional establece la creación de una instancia nacional autónoma especializada en el combate a la corrupción, y un nuevo órgano espejo en Jalisco y el resto de las entidades federativas, que no estarán limitados por el secreto bancario, fiduciario y fiscal en sus indagatorias. 

La diputada Fausto propuso una Fiscalía Anticorrupción, pero eso ya está previsto en el dictamen senatorial para todo el país, es decir, una vez aprobado, cada Gobierno estatal deberá contar con una Fiscalía especializada en la persecución de estos hechos (la Procuraduría General de la República creó la suya el 12 de marzo pasado).  

El Congreso de la Unión expedirá, además, una Ley General en Materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Combate a la Corrupción, a la cual deberán ceñirse las legislaciones de todos los estados. 

En ella se homologarán “la jerarquización y la gravedad de las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público”, que serán la suspensión, destitución e inhabilitación económicas. 

También definirá “los procedimientos y la competencia de los órganos responsables de combatir la corrupción”.  

En esa Ley General se “fijarán las bases del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, para la coordinación entre el órgano responsable de combatir la corrupción, las instancias de procuración de justicia, el organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información, la entidad de fiscalización superior de la Federación, y los órganos equivalentes en las entidades federativas, para el mejor desempeño de sus respectivos mandatos”.   

Uno de los objetivos de la iniciativa local del PRD es “establecer los procedimientos de investigación de los actos de corrupción de servidores públicos y ciudadanos”, pero esto será regulado por la Ley General citada. 

Restituir el daño

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga mantiene los embargos sobre las propiedades del exalcalde panista, Antonio Tatengo, y su tesorero, Carlos Romero, con los que pretende restituir a su hacienda los daños económicos detectados en las cuentas públicas 2008 y 2009 por la ASEJ. 

En ese par de años se generaron créditos fiscales por 177 millones 59 mil 807 pesos y 169 millones 450 mil 68 pesos respectivamente, no obstante, los registros obtenidos directamente de la ASEJ por este diario indican que el monto total sin ser aclarado es de 365 millones 762 mil 323 pesos, más 25 mil 160 pesos del 2007. 

Las observaciones hechas en los años 2010 y 2011 a Tlajomulco por la ASEJ fueron solventadas del todo, sin embargo, mientras ese gobierno afirma que en el primer año se le señalaron únicamente 33.9 millones y 82.8 en el segundo, el mismo informe de la Auditoría señala que solo en el 2011 halló inconsistencias sobre mil 82 millones 772 mil 288 pesos. 

Los juicios en su defensa establecidos por Tatengo y Romero no han permitido el remate de sus bienes, al primero se le embargaron dos inmuebles ahí mismo en Tlajomulco por 859 mil 500 pesos más tres camionetas de los años 1988, 1995 y 1999, mientras que del segundo son tres inmuebles (dos en ese municipio, otro en Tlaquepaque) por 2 millones 116 mil 294 pesos, más una camioneta 1966 y un sedán 2004.