El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 resolvió la desocupación y entrega del terreno ocupado por el cuartel de Escobedo de la Fuerza Civil a los habitantes del Ejido San Nicolás, predio que fue entregado en comodato por la empresa Agua y Drenaje del Estado.
“Son procedentes las reclamaciones del ejido actor (San Nicolás), representado en juicio por los integrantes de la restitución de 48 hectáreas, en consecuencia de condena a la demandada organismo público descentralizado, Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey”, se explica en el documento.
“A la desocupación y entrega de 48 hectáreas 788 metros a favor del Ejido San Nicolás de los Garza, derivado de los anterior, envíese copia certificada al Registro Agrario Nacional del Estado”, se indica.
La tierra donde está actualmente el cuartel de Fuerza Civil, por la carretera a Laredo, se tendrá que poner como propietario al Ejido San Nicolás. Además, se anuló el convenio que tenían los ejidatarios con la empresa Servicios de Agua y Drenaje, para la construcción de una planta tratadora de agua en ese lugar.
“Se declara la nulidad absoluta del convenio de 15 de diciembre de 1992, que se logró por una parte el ejido mencionado, los ejidatarios y posesionarios con el organismo público descentralizado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para la creación de la planta tratadora norte”, dice la resolución. Solo se está esperando la ejecutoria del expediente 712/2016.
La empresa pública presentó el recurso de revisión de la sentencia, por lo que todavía el proceso continuará, explica el abogado Gabriel Guajardo.
La corporación policiaca tendrá que negociar una indemnización comercial para resolver el caso
Por decreto presidencial firmado por el presidente Lázaro Cárdenas le correspondía al Ejido San Nicolás los terrenos ocupados por Fuerza Civil, además de otros predios, que Servicios de Agua y Drenaje entregó a por orden del Gobierno del Estado.
Indemnización en valor comercial
El abogado especialista en temas ejidales de la firma Guajardo y Asociados, Gabriel Guajardo, quien representa a las personas del Ejido San Nicolás, indica que con esta resolución no descarta una negociación con el Gobierno, pero tendría que ser a través de una indemnización con valor comercial.
“Que se indemnice a valor comercial, que esto puede ser lo más viable, que lo indemnice, hemos tratado de llegar a un acuerdo con Agua y Drenaje, el ejido San Nicolás ha estado con la mesa puesta para una negociación”, explica el defensor.
“Pero creo que le ha faltado a Agua y Drenaje intención, al director para buscar una solución, no sé si por falta de oficio o falta de imaginación, pero se tiene que llegar a un arreglo con ellos, el ejido lo que no quiere es generar un problema hacia el Gobierno del Estado”, agrega.
Explica que los ejidatarios no tienen la intención de perder sus derechos y propiedades, por eso han estado en lucha por muchos años. “La sentencia es muy clara, habla sobre la restitución y entrega con todos sus mejoras, en todo caso sería dejar Fuerza Civil como está y entregar el terreno al ejido”.
“Sin embargo, esto podría acarrear un daño social, entonces lo más seguro, es que se vaya a hacer una evaluación del valor comercial de esas 48 hectáreas y indemnizar al ejido, pero la sentencia va en el sentido de desocupar y entregar las tierras”, sentencia el abogado.
Falta la lucha por el agua
Los habitantes del Ejido San Nicolás también están peleando en el Tribunal Unitario Agrario un pago millonario por el agua, que fue comercializada durante las administraciones de los exgobernadores Natividad González y Rodrigo Medina.
Por decreto presidencial firmado por Lázaro Cárdenas le correspondía al Ejido San Nicolás no sólo terrenos, sino 25 millones de metros cúbicos de agua anuales, que representa el llenado de la Presa de la Boca.
Pero esa cantidad de agua nunca se le entregó, y las administración de Natividad y Medina comercializaron ese recurso con la industria que estaba sobre la carretera a Colombia en el municipio de Escobedo.
Hay una demanda contra Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey el derecho al agua fue otorgado por decreto presidencial, pero la cantidad de metros cúbicos que debería de tener este Ejido quedó pendiente entre ambas partes desde hace 15 años.
El ejido también mantiene una disputa por la construcción de una planta potabilizadora
Aún falta que se les pague a los campesinos toda el agua que el Gobierno del Estado comercializó por más de 10 años.
Se estima que son 175 millones de pesos anuales que se vendió a los industriales.
Junto a estos problemas, los ejidatarios tienen otro litigio contra el fideicomiso respaldado por Scotiabank Inverlat por unos terrenos, cuya extensión es de cerca de 360 hectáreas.
Esos predios son desde la Nueva Castilla hasta los límites con el municipIo de Salinas Victoria. Esta lucha legal agraria ha complicado la construcción del Libramiento Ferroviario de Monterrey. En 2016, el Tribunal Unitario Agrario otorgó una medida precautoria a los ejidatarios.
