Casi el 47 por ciento de las mujeres que están en una prisión en México no han recibido una sentencia, es decir, un juez aún no dictamina si son culpables o no de un delito, mientras que el 32.9 por ciento sí tiene una condena firme y el 14.9 por ciento una que todavía no es definitiva.
Las cifras anteriores son mayores que en la población masculina, ya que sólo el 37.4 por ciento de los hombres que está en una cárcel no tiene una sentencia, en comparación con el 42.3 que ya tiene una definitiva y el 14.4 por ciento que tiene una temporal.
Así lo indican los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Al cierre de 2020, la cifra de personas privadas de su libertad era de 211 mil 169 a nivel nacional, de las que el 94.4 por ciento eran hombres y el 5.6 por ciento mujeres.
La prisión preventiva es una medida cautelar que se le impone a la persona acusada de un delito que está en espera de la celebración de un juicio y mientras éste dura y no es para todos los casos. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es de carácter excepcional.
Es decir, solo se debe aplicar cuando otras no sean suficientes para garantizar la comparecencia del o de la imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, por ejemplo. Pero organizaciones han denunciado que hay un abuso, pues generalmente se excede el término de dos años y los jueces no consideran otras medidas.
Abuso de prisión preventiva
José Luis Gutiérrez, director general de la organización AsíLegal, señala que el abuso de la prisión preventiva afecta especialmente a las mujeres, ya que si en ambos géneros las cifras son altas, en el caso de la población femenina lo es más.
“Esto implica que también sean olvidadas por sus familiares, los que no pueden estar detrás de los defensores públicos para que los procesos de las mujeres puedan avanzar. Aunado a que muchas de ellas cuando están en prisión lo que dicen a sus familiares es que se queden a cuidar de sus hijas o hijos que dejaron o hasta del propio marido”, señala.
Otro de los factores es que hay muy pocos centros penitenciarios femeniles en el país y si, por ejemplo, una mujer comete un delito en San Pedro Pochutla, en Oaxaca, tiene que ser trasladada hasta la capital del estado, lo que hace que su proceso jurídico se quede en el municipio donde se cometió el delito y no pueda avanzar.
“Las autoridades no los trasladan, muchos de ellos dicen que no los pueden trasladar porque no tienen para gasolina y esto va generando que sus procesos se vayan retrasando, por lo tanto el tema del abuso de la prisión preventiva también se va agudizando, ese es otro de los elementos que se dan”, menciona.
La investigación “Las mujeres olvidadas de la Guerra contra el Narco”, de AsíLegal, también explica que en México, la prisión preventiva es concebida como la mejor y la única solución a todas las problemáticas relacionadas con la delincuencia, lo que se ve reflejado en dos aspectos.
Uno es el uso excesivo de esta medida cautelar y el otro son los altos niveles de población privada de la libertad, que generan altos índices de población y hacinamiento al interior de los centros de reinserción social.
Además, señala que en un número excesivo de casos, el término de dos años no se respeta, sobre todo en los delitos del fuero federal, como en el de secuestro, en el que las mujeres procesadas pueden llegar a esperar hasta ocho años para que se les dicte una sentencia.
Centros para hombres
Los centros de reinserción social no están hechos para las mujeres, por lo que en la mayoría de las veces no tiene garantizadas condiciones dignas.
“Los centros penitenciarios están hechos por hombres y para hombres, por lo tanto todos los elementos y toda la infraestructura y todos los elementos que hay al interior del centro penitenciario no están adecuados para las mujeres.
“Y digamos que solo hay 11 centros penitenciarios femeniles y la gran mayoría de las mujeres viven en centros penitenciarios mixtos, por lo que todos los servicios de salud, de capacitación, los médicos, están en las áreas varoniles y ellas viven en condiciones bastante precarias”, dice José Luis Gutiérrez.
Aunque el actual Gobierno federal ha anunciado medidas como el decreto presidencial de amnistía, que busca liberar a presos que hayan sido torturados, tengan más de 65 años o lleven más de 10 años sin sentencia; así como la Ley de Amnistía, aprobada en 2020 por el Congreso de la Unión, Gutiérrez dice que hay otros elementos que ya se pueden aplicar, pues están considerados en la ley.
“¿Qué se requiere? Más jueces de ejecución penal, pero realmente capacitados y que éstos puedan entender que son garantes de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, creo que ese es el punto focal al que se debe de llegar”, menciona.