Los municipios de Nuevo León han decidido quitarse la responsabilidad en los principales servicios que ofrecen a la ciudadanía, al subcontratar el alumbrado público y la recolección de basura a empresas privadas.
Este nuevo modelo de negocio avanza frente a los cuestionamientos de diputados del Congreso local, debido a la opacidad en la que se maneja la asignación de contratos, y las fallas en el servicio que reportan los vecinos de los diferentes sectores de estas alcaldías.
¿Y la licitación?
En tan sólo tres días, las bancadas mayoritarias del PRI, PAN, Nueva Alianza y Partido Verde en el Congreso local aprobaron a los municipios de Salinas Victoria y Ciénega de Flores la renovación del alumbrado público, que sería pagado con participaciones federales, pero al no contar con este recurso, podría tomarse de lo recabado en el predial.
“Previo análisis de la capacidad de pago y destino, se autoriza al Municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, la afectación de hasta 44.4 por ciento de las participaciones de ingresos federales que le corresponden al Municipio por del Ramo 33. En el supuesto de que los recursos que deriven de las participaciones resulten insuficientes, se autoriza al municipio para que afecte un porcentaje suficiente y necesario del derecho a recibir los flujos de recursos que procedan de ingresos propios derivados del impuesto predial”, dice el dictamen aprobado por los diputados.
Esto representa un endeudamiento donde se comprometen casi mil millones, en conjunto, de estos dos municipios. Ambos signaron contratos con la empresa Proyectos y Obras Jaza S.A. de C.V.
En el caso de Ciénega de Flores, el convenio contempla la renovación de 5 mil 329 luminarias, cuyo servicio tendrá un costo de poco de más de 303 millones de pesos por 15 años. Mientras que el contrato de Salinas Victoria considera la renovación de 6 mil 370 luminarias, con un costo de poco más de 557 millones de pesos, a pagar en 20 años.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, aseguró que tanto la subcontratación de luminarias de Salinas, como de Ciénega de Flores, no cumplieron con la ley.
La legisladora emecista agregó que los municipios tendrían, además, la obligación de transparentar los contratos que se otorgan a las empresas que subcontratan servicios.
“Que publiquen, como están obligados por ley, los contratos que se asignan donde se establezca claramente el costo unitario, porque hay veces que en los contratos de los gobiernos, resulta dos o tres veces más alto que el valor del marcado”, expresó la diputada.
Monterrey y San Nicolás, las polémicas
El municipio de Monterrey fue el pionero en concesionar a una empresa privada la recolección de basura.
En el 2000, el entonces alcalde Felipe de Jesús Cantú otorgó un contrato a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), que cobraría un estimado de 412 pesos por tonelada.
Cantú despidió a todos los empleados del área de recolección de basura, que pertenece a Servicios Primarios, pero algunos fueron acomodados en la empresa que adquirió la concesión. Pese a las críticas continuó sus operaciones.
Pareciera que el negocio de la basura resultó muy lucrativo, ya que en septiembre de 2013 surgió una lucha entre PASA con la empresa Red Recolector por la renovación del contrato de recolección de desechos.
Entre acusaciones de PASA de crear reglas a modo a la nueva empresa, finalmente Red Recolector se quedó con el contrato.
Con el tiempo se sumaron otros municipios como San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, que cuentan con esta subcontratación.
En 2014, el entonces alcalde de San Nicolás, Pedro Salgado Almaguer, contrató a la empresa Tecno Bombas de México S. de R.L. para la renovación de 32 mil luminarias, lo que desató una polémica porque ofrecía la propuesta más alta. La compañía obtuvo un contrato por 428 millones 835 mil pesos.
Ante la opacidad del contrato de las luminarias por el municipio de San Nicolás y los hechos ilícitos por los que Rangel García fue exhibido, el exalcalde Pedro Salgado Almaguer, no siguió con el proyecto de renovar el alumbrado público.