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Para pacificar al país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador formará su propio cuerpo de Guardia Nacional, con efectivos en activo y nuevos reclutas; y utilizará tácticas usadas en países que han pasado por una guerra o un conflicto armado, como el desarme de los grupos delincuenciales.
La Guardia Nacional será un nuevo cuerpo armado, adicional al Ejército y la Marina, que estará conformado por elementos de la Policía Militar, la Policía Naval, la Policía Federal y nuevos 50 mil reclutas que se irán incorporando gradualmente durante los próximos tres años.
Entrará en operación a partir del próximo 1 de diciembre e irá relevando paulatinamente a los efectivos del Ejército y la Marina que realizan acciones de combate a la inseguridad.
Dentro del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado ayer por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de Seguridad, Defensa y Gobernación, se contempla que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional “como una fuerza adicional a las Fuerzas Armadas ya existentes”
Con la creación de este nuevo cuerpo se pretende dejar a un lado el vacío legal de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pues se harán cambios a la Constitución Política para que esa facultad esté en manos de la Guardia Nacional y no del Ejército y la Marina directamente, como sucede hoy día.
Su conformación se llevará a cabo en tres etapas: primero se integrarán las unidades de la Policía Militar y la Policía Naval, así como elementos de la Policía Federal.
En una segunda etapa se incorporarán miembros activos de las Fuerzas Armadas que deseen pertenecer a esta fuerza. En tercer lugar se convocará “a la juventud en general” para incorporarse hasta alcanzar 50 mil efectivos.
50
Alfonso Durazo, nominado como futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo que se recurrió a efectivos militares para conformar esta Guardia Nacional por la descomposición que hay al interior de la Policía Federal, único cuerpo civil de protección para la población.
“Requerimos casi 150 mil elementos para garantizar condiciones mínimas de seguridad. No hay recursos presupuestales ni tiempo suficiente para preparar a las fuerzas que pudiesen entrar, en algún momento, al relevo de las Fuerzas Armadas. Así que se optó por la creación de la Guardia Nacional con una figura diferente a la que está actualmente en la Constitución, y por eso es que se propone modificar diversos artículos constitucionales adaptados al diseño”, expuso Durazo en entrevista.
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Además, se tomó la determinación de tomar a los policías militares y navales por su preparación.
“Los policías militares y navales tienen una formación distinta a la del soldado raso, están entrenados para el trato con la población, están capacitados en derechos humanos y están capacitados en otras materias que son importantes para un buen desempeño en el trato con la ciudadanía”, explicó Durazo.
El presidente electo dijo que les tomó tiempo llegar a un acuerdo para la conformación de la Guardia Nacional y se tuvo que “elegir entre inconvenientes”, entre una Policía Federal en descomposición y con pocos elementos, o apoyarse en las Fuerzas Armadas; y decidieron esto último.
266
“Antes sólo se contaba con la Policía Federal (…) pero la verdad hay mucha descomposición.
“Claro que hay que hacer las adecuaciones al marco legal. Y por eso, con toda transparencia, estamos tratando este asunto (…) Les pedimos que nos ayuden (a los legisladores) porque hay que hacer una reforma constitucional; ya no queremos la simulación”.
El futuro mandatario explicó que en 2019 se pondrán en operación la división de 150 regiones del país para enviar a estos elementos de la Guardia Nacional; en el 2020 ya serán 200 regiones; y para el 2021 ya estarán las 266.
Se prevé que esta Guardia Nacional esté en plena operación en tres años. López Obrador pidió confianza en la nueva estrategia y aseguró que no habrá abusos ni represión contra los ciudadanos por parte de fuerzas del Estado.
Van por proceso de desarme
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado ayer por López Obrador y su gabinete de Seguridad, Defensa y Gobernación, plantea un proceso de desmovilización, desarme y reinserción de los grupos armados, como ocurre en los países que han sido devastados por una guerra, sólo que en lugar de grupos armados se buscará el desarme de los grupos delincuenciales.
“El callejón sin salida de la violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados, con la diferencia de que se han emprendido entre gobiernos y bandos beligerantes –esto es, insurgencias y oposiciones políticas o nacionales armadas– y no entre una autoridad y grupos meramente delictivos. (…) Es necesario, pues, poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros: plena colaboración con la justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño”, expone el Plan.
Previo a estos proceso, el perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios serán “pasos previos indispensables para las negociaciones”.
Alfonso Durazo, futuro secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que el desarme y la desmovilización son alternativas no usadas en México.
El plan expone que uno de los beneficios que se ofrecerán a los delincuentes será un inmediato aumento en su esperanza de vida, pues los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes y en circunstancias violentas. Se ofrecerá la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos, se abrirá la puerta a que establezcan negocios legales y regulares, y alcanzarán la respetabilidad social.
Sin embargo, el acceso al desarme y la reinserción o el indulto no serán en automático, se deberán revisar ciertos aspectos primero.
“Los expedientes de los acusados y sentenciados en el marco de las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores, tanto de infractores como de elementos de las corporaciones de seguridad policiales y militares, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, condicionado al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, expone el Plan.
El gobierno electo argumenta que ésta fue la manera en que actuó el gobierno de Estados Unidos en los años 30, cuando buscaba terminar con las mafias que asolaban sus ciudades. Después de ese proceso, indica el Plan, se logró la bonanza en lugares como Atlantic City, Las Vegas o Miami
