En voz de su vicepresidente, alega que los oficios publicados por Reporte Indigo, donde EMEX anunciaba a Segob que ya no tenía relación comercial con la que fuera su operadora, no servían de nada
"Desconozco a todas esas personas y algo que compruebe lo que está siendo dicho. Lo que tenemos nosotros son los documentos que están disponibles con la autoridad competente”
No solo niega cualquier relación con Juan Iván Peña Neder y los demás exfuncionarios mencionados por Talía Vázquez. En voz del actual vicepresidente de la compañía, Ronnie Ferreira, Producciones Móviles asegura que este pleito “político y personal” afecta la industria del juego y a los miles de empleos que ésta genera.
Los argumentos de Ferreira, quien lleva un mes en el cargo y se presenta como experto en casinos con cinco años de vivir en México, y la documentación que presenta, son idénticos a los que exhibió a los medios el exsubprocurador de Gobernación, Obdulio Ávila.
Insiste en que su ascenso de operadora a permisionaria se dio desde el 15 de agosto del año pasado y que el hecho de que se haya subido a la página de Juegos y Sorteos dos minutos antes del cambio de gobierno fue una simple actualización, que el gobierno hizo como muestra de transparencia.
En un documento que entregará a la prensa en los próximos días, anuncia que demandará a Talía Vázquez Alatorre por las “calumnias, falsedades y señalamientos” que han sido presentados a los medios “sin presentar prueba alguna”.
Negaciones iguales
“He encontrado que Producciones Móviles realmente tiene todos los documentos que tienen la versión que ya fue dicha en todos los medios, incluso por el ex subsecretario, Obdulio (Ávila) donde fue cumplido cabalmente el reglamento y todas las leyes federales de juegos y sorteos hasta llegar al cambio de estatus”, afirmó Ronnie Ferreira.
Ante el comentario de que por lo general los prestanombres no aparecen en la documentación oficial, insta a que cualquiera que tenga pruebas las presente ante la PGR.
Para explicar el origen de la disputa con Entretenimiento de México (EMEX), propiedad de Arturo Rojas Cardona, se remite a los mismos argumentos que Obdulio Ávila.
En esta versión, Producciones Móviles obtuvo desde 2008 una autorización de la secretaría de Gobernación para operar 40 establecimientos bajo el amparo de Rojas Cardona.
Como prueba de esta situación legal, entregó a este diario la copia certificada de un oficio expedido por la Dirección Adjunta de Juegos y Sorteos de Segob, con fecha del 27 de marzo de 2009, en el que se reconoce a Producciones Móviles como operadora de EMEX.
El oficio está firmado por Roberto Correa Méndez, quien ha sido acusado de cómplice de Juan Iván Peña Neder y está dirigido a Adrián Álvarez Martínez en calidad de administrador único de Producciones Móviles.
Este administrador también ha estado relacionado con casinos ilegales. En abril de 2012 le fue girada una orden de aprehensión por haber sido socio de los hermanos Rocha Cantú en el casino Royale de Monterrey.
El argumento del vicepresidente actual de Producciones Móviles es que ahora la empresa tiene nuevos dueños, que son la compañía española Shelf Company y el empresario mexicano José Francisco Alejandro Sánchez, cuyos papeles están en regla ante la autoridad.
“Desconozco a todas esas personas y algo que compruebe lo que está siendo dicho. Lo que tenemos nosotros son los documentos que están disponibles con la autoridad competente”, reitera Ferreira.
Disputa comercial
Además de un pleito político y personal, para el vicepresidente lo que está en juego es una disputa comercial vigente mediante dos juicios abiertos en Guanajuato entre EMEX y la empresa que él representa.
Aunque no lo dice abiertamente, su argumentación sugiere que los ataques a su compañía son consecuencia de que Producciones Móviles dejara de ser operadora de EMEX y se convirtiera en una permisionaria.
El oficio de otorgamiento de esta nueva condición, efectivamente, tiene fecha del 15 de agosto de 2012.
Producciones Móviles alega que los oficios publicados por Reporte Indigo, donde EMEX anunciaba a Segob que ya no tenía relación comercial con la que fuera su operadora, no servían de nada.
Ellos tenían de su parte un contrato irrevocable firmado en julio de 2008 para operar los casinos con el permiso que la empresa que Rojas Cardona obtuvo al final del gobierno de Vicente Fox.
Reitera: “La solución ya fue dada, ya fue definido por las dos Cámaras que se va a hacer una investigación (…) la PGR dirá qué sí y qué no.
“Nosotros nos preocupamos solamente en desarrollar los negocios, preservar los empleos, seguir creciendo e invirtiendo en México dentro siempre de la legalidad, como siempre fue”.
