La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), delegación Nuevo León, aceptó comenzar una investigación por la construcción del Viaducto Urbano Santa Catarina.
Inspectores de esta dependencia federal analizan si este proyecto invadió zonas de guarda, cauces hidrológicos y si la construcción de caminos se realizó fuera del trazo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Así lo revela un Acuerdo de Acumulación en poder de Reporte Índigo, en el que la Profepa admitió una denuncia popular que advierte sobre las irregularidades que estaría cometiendo la empresa española Roadis, que tiene la concesión para la construcción de 7.9 kilómetros de esta vía sobre el río Santa Catarina.
“Se tiene por admitida la denuncia presentada en contra de la empresa Roadis por las obras y actividades realizadas en las coordenadas señaladas dentro de un anexo con motivo del proyecto Viaducto Urbano Santa Catarina”, cita el documento firmado por María Mayela Rodríguez Perales, jefa de denuncias, quejas y participación social de la Profepa.
Dentro del expediente PFPA/25.7/2C.28.2/00023/2020 se enumeran más de 10 irregularidades que ha cometido la compañía encargada de la construcción de este proyecto, las cuales serán valoradas por inspectores de la dependencia federal.
Por ejemplo, la procuraduría establece que el desarrollo de la obra fue realizado de modo parcial, en áreas que no corresponden a las determinadas en el capítulo 2 de la manifestación de impacto ambiental.
“Se realizó la construcción de un camino paralelo a la ribera Sur del Río Santa Catarina sobre una longitud y extensión estimada en áreas donde se desarrollaron caminos fuera del área autorizada”, señala el documento.
En el expediente también se expresa que la habilitación del camino intersecta con nueve zonas de guarda establecidas en el Atlas de Riesgo de Nuevo León, lo que afectaría el cauce hidrológico del Río Santa Catarina.
Incluso, se advierte el incumplimiento de las medidas de mitigación y compensación para el impacto ambiental, lo que afectó a residuos vegetales por el desmonte en una zona no autorizada.
“Se identificó el derribo de vegetación, incluyendo árboles nativos, los cuales no fueron picados y utilizados como material orgánico mejorador de suelos”, refiere el expediente.
Elva Gricelda Garza Morado, encargada del despacho de la Profepa en Nuevo León, fue quien recibió la denuncia popular la mañana del 3 de marzo de 2020
Profepa inspecciona desde el aire
La Profepa, delegación Nuevo León, desplegó a un equipo de inspectores para analizar las coordenadas que incumplen el permiso otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Esta semana se tendrían los resultados de la inspección aérea sobre las irregularidades que están dentro del expediente PFPA/25.7/2C.28.2/00023/2020.
El documento refiere que para la determinación sobre la obra se considerará que fueron realizadas en una ubicación geográfica que no corresponde a la autorizada en el oficio SGPA/DGIRA/DC/08423 de la Semarnat.
La Profepa acordó que el denunciante podrá acreditar su calidad de víctima y participar en la inspección conforme al acceso establecido.
“En el procedimiento de inspección ambiental está el derecho a conocer la verdad, incluyendo la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo”, dice el expediente.
Hasta el momento, las obras de construcción se han acelerado en la zona establecida, donde se aprecian múltiples excavaciones para los pilotes que sostendrán al viaducto.
Más recursos de defensa
Las organizaciones civiles que se han movilizado para defender al río Santa Catarina están a la espera de los resultados de la inspección para definir cómo continuarán su estrategia jurídica.
En entrevista con Reporte Índigo, Liliana Flores Benavides, integrante de Colectivo Nosotros, asegura que buscarán más recursos legales para detener la construcción del Viaducto Urbano Santa Catarina, pues considera que esta obra tendrá muchas consecuencias negativas para los regiomontanos.
Entre éstos, las asociaciones ciudadanas perfilan un amparo interpuesto por los residentes que se están viendo afectados por la construcción de este proyecto, del cual buscan lograr efectos positivos.
“Esto es ilegal, y estamos pidiendo la cancelación de la obra, es un asunto de urgente resolución. Por otro lado, no están haciendo la mitigación, cosa que es muy importante para la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM)”, explica la activista por el medio ambiente.
