El Programa Fomento a la Inversión, que da facilidades a las empresas nacionales y extranjeras para desarrollarse en Nuevo León, se mueve en un esquema de opacidad desde la Secretaría de Economía y Trabajo y del Poder Ejecutivo a cargo de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.
La Auditoría Superior del Estado, en los resultados de desempeño de la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado 2017, revela que este programa no informó sobre de las acciones que ha realizado, ni de sus evaluaciones o resultados para establecer los avances en materia de inversión y aprovechamiento de recursos.
El Informe de Resultados de la Evaluación de Desempeño Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, que contempla cuatro secciones y un anexo, contiene en más de la mitad de sus páginas una leyenda bajo la cual se justifica la información oculta
Este programa tiene como objetivo la atención a proyectos de inversión, el apoyo al desarrollo de empresas proveedoras y la consolidación de sectores estratégicos. Por ello y, como parte de sus facultades, el órgano fiscalizador solicitó información sobre la eficiencia y eficacia que tuvo este programa que apoyó a la armadora Kia Motors, entre otras empresas en Nuevo León.
En el gobierno de Rodrigo Medina esta empresa recibió incentivos ilegales y las sospechas se levantan una vez que la información no está disponible.
En la sección de evaluaciones del propio reporte que ofrece la Auditoría se explica que es necesario monitorear y supervisar el avance en el logro de las metas y objetivos de los programas de la entidad para tomar las medidas correspondientes ante cualquier incumplimiento o desviación que pueda darse.
“Se solicitó al Programa explicar y proporcionar evidencia de las acciones que ha realizado en base a los resultados obtenidos de los indicadores que miden los objetivos de la misma. Así como las evaluaciones de desempeño que se le hayan realizado al Programa, y en específico a los otorgamientos de apoyo a KIA”
El Gobierno estatal se negó a proporcionar información sobre los apoyos en materia de inversión, y se excusó bajo la Ley de Fiscalización Superior de Estado de Nuevo León, que abre la puerta para calificar como reservado la información requerida.
En apartados tales como el resume ejecutivo, la introducción, la información general, la evaluación y, sobre todo, en la operación en la que se habla de los incentivos otorgados en el ejercicio presupuestal 2017, cuyo monto fue de 501 mil 547 miles de pesos bajo el rubro de otras industrias, aparece la siguiente leyenda:
“En este apartado se contiene información y datos extraídos de documentos y expedientes clasificados como reservados por el ente público, y por ende, en observancia de lo preceptuado en el artículo 20 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior de Estado de Nuevo León”, se justifica.
Mientras la información permanezca oculta la Auditoría Superior del Estado no está autorizada para difundir su contenido, que debería transparentarse.
Esta falta de apertura contrasta con el slogan con el que Jaime Rodríguez Calderón promocionó su Tercer Informe: gobierno eficaz y transparente.
En el documento sí menciona que los incentivos otorgados a la empresa KIA Motors se rigieron por el Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Nuevo León, el Municipio de Pesquería, Nuevo León, el Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola y por el Contrato de inversión respecto al desarrollo propuesto de una Planta de fabricación automotriz pero no se aporta mayor detalle.
Los resultados de esta evaluación contribuirían a mejorar la gestión pública, pero esto no se puede lograr si se evita rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
Lupa a cuentas estatales
Al Congreso local le corresponde evaluar el informe de resultados con base en el análisis y las conclusiones técnicas del documento. Así, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Carlos de la Fuente, asegura que el PAN revisará las cuentas públicas por parte de las diferentes Comisiones de Hacienda, y si existe alguna anomalía se sancionará conforme lo establece el marco legal.
“Ponderemos mucha atención en los procedimientos, porque en muchos de los casos ni siquiera se cumple con la Ley. Y recibiremos a cada uno de los señalamientos, es por eso que cada una de las comisiones tendremos que revisar y sancionaremos como lo marca la Ley”, expresa.
La Auditoría explica que es necesario monitorear y supervisar el programa para detectar cualquier incumplimiento
Agrega que probablemente la cuenta estatal de Fomerrey será rechazada, por lo que se revisará a fondo.
“En especial en el tema de Fomerrey que no cumple con la Ley en la enajenación de unos bienes inmuebles, entonces sobre eso estamos trabajando, y es un tema que se verá en la Comisión”, señala el diputado albiazul.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó montos no solventados por 453 millones 157 mil pesos del ejercicio fiscal 2017 de Fomerrey, que revelan anomalías en la compra-venta de terrenos.
En las observaciones se determinó que Fomerrey no cumplió con las causales referentes a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso para la transmisión del dominio de los inmuebles, pues en el contrato de compra-venta no menciona el acuerdo.
