Proigualdad, costoso e ineficiente

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, uno de los emblemas del sexenio pasado, gastó más de 360 mil millones de pesos en los últimos seis años para intentar disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres, pero sus resultados fueron minúsculos.

De acuerdo con la Auditoría 1587-DS: “Evaluación de la política pública de igualdad de género” , realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública del 2017, se reveló que el Gobierno federal solamente cumplió diez de los 31 indicadores definidos para su medición, es decir que el programa Proigualdad, solamente representó un avance del 32.3 por ciento, desde su creación en 2013 hasta el 2017, el último año analizado.

El programa no presentó grandes avances, pero sí se pidió un aumento de presupuesto para su implementación. El dinero ejercido en total de 2008 a 2017 fue de 363 mil 766.5 millones de pesos, un 6.8 por ciento mayor respecto al original que fue de 340 mil 715.8 millones de pesos.

De los 31 indicadores que se utilizaron para evaluar a Proigualdad, en 12 hubo avances, pero no se llegó a la meta, mientras que 9 fueron encontrados con rezagos, muchos de ellos medulares para la protección de la seguridad de las mujeres, como delitos ingresados a los Tribunales Superiores de Justicia, mujeres víctimas del crimen y percepción generalizada de inseguridad de las mujeres en el transporte y en espacios públicos.

“Se observó que 9 indicadores, el 29 por ciento del total, presentan retrocesos respecto de su línea base de cálculo los cuales son los siguientes: 1) tasa de participación femenina en el mercado de trabajo; 2) Índice de Desigualdad Salarial (IDS) en servicios sociales; 3) IDS en restaurantes y servicios de alojamiento; 4) estimación de la contribución de las mujeres al PIB por el valor económico del trabajo no remunerado que realizan en los hogares; 5) porcentaje de mujeres ocupadas que no cuentan con acceso a guardería; 6) índice de absorción de mujeres a la educación superior”, señala la Auditoría.

El Programa Nacional para la Igualdad terminó en 2018, y aunque la ASF no ha presentado el informe de ese año, sí auguró que las perspectivas no son alentadoras.

“Con base en la prospectiva realizada se concluye que de los 21 indicadores del Proigualdad que a 2017 no cumplieron con sus metas, para 2018 ningún caso logrará alcanzar lo programado, ya que en 12 indicadores el avance será escaso para cumplir la meta y 9 presentarán retrocesos, agregó la ASF.

De los señalamientos con escaso avance, y en los que la Auditoría encendió los focos rojos, se encuentra el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D), que abarca todos los ámbitos de la vida de las mujeres, y que prevén que a 2018 presentará apenas del 4.3 por ciento en el cumplimiento de su meta.

Si bien de 2007 a 2017, la posición de México en el Índice Global de Brechas de Género pasó del lugar 93 al 81 y de 2010 a 2017, el país avanzó en el Índice de Desigualdad de Género, al pasar de 0.399 a 0.343 puntos, la ASF concluyó que no puede atribuir dichos avances a Proigualdad.

“No fue posible determinar de qué manera contribuyeron los actores de política pública de igualdad de género a obtener estos resultados, ya que con la revisión del cumplimiento de los indicadores del Proigualdad 2013-2018, no fue posible determinar el avance de México en la reducción de las brechas de desigualdad en los ámbitos de la vida, porque no se tiene la certeza de que los resultados expuestos por el Foro Económico Mundial y por el PNUD sean imputables a los responsables de la política pública de igualdad de género”, concluyó la Auditoría Superior de la Federación.