Proponen que robar agua sea delito en Nuevo León
La coordinadora de la bancada de Morena, Jessica Martínez, propuso que la extracción de agua potable sin contar con el permiso correspondiente, así como su indebida comercialización, se contemple en el Código Penal para el Estado de Nuevo León
Jesús PadillaEl desabasto de agua que atraviesa Nuevo León ha evidenciado la falta de un marco regulatorio del líquido. La inexistencia de un registro de tomas permite extraer este recurso sin permiso y sin sanción.
En marzo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a cargo de Juan Ignacio Barragán, en la búsqueda de conseguir el recurso, detectó tomas clandestinas del líquido que provocan pérdidas millonarias.
“El agua producida podemos subirla por lo menos a 75 por ciento mediante la lucha contra el robo del agua, la lucha contra los fraudes y la lucha contra el agua no contabilizada por medidores obsoletos, por supuesto, agregando también la lucha contra las fugas”, dijo el funcionario el 23 de marzo.
Ante esto, la coordinadora de la bancada de Morena, Jessica Martínez, presentó una iniciativa para integrar como delito equiparable al robo con fines comerciales e industriales sin contar con un permiso para extraer el líquido.
“Propongo adecuar el Código Penal para el Estado de Nuevo León para integrar como delito equiparable al robo a quien haga instalaciones particulares para extracción de agua potable sin contar con el permiso correspondiente, así como su indebida comercialización”, dijo la legisladora.
Se trata de reformar por adición el artículo 375 Bis del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Las sanciones serán económicas.
“Se equiparan a robo las siguientes conductas, tales como a quien practique, encubra o consienta que se lleven a cabo instalaciones hidráulicas así como derivaciones de agua potable, sin la autorización respectiva, como realizar modificaciones o manipulaciones a los ramales de las tuberías de distribución de agua potable; a quien comercialice el agua potable suministrada por la autoridad competente a través de tomas particulares conectadas a la red pública si en la misma existe aparato medidor, si no existe o tratándose de tomas de uso no doméstico y que la comercialización se realice sin contar con autorización correspondiente”, dice la reforma.
El gobernador Samuel García ha realizado varios operativos en la zona citrícola de Nuevo León, así como al norte de esta entidad, donde ha denunciado el robo de agua por parte de ranchos.
La reforma de la diputada de Morena, Jessica Martínez, garantiza el derecho humano a contar con agua suficiente para la ciudadanía, por lo que no modificó el contenido del artículo 375 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.
“Es importante reconocer y destacar que con el contenido de la presente iniciativa no pretendo crear una afectación a la garantía del derecho humano a contar con agua suficiente a asequible para las y los ciudadanos. No se puede castigar de la misma manera a quien, por cubrir sus necesidades básicas, sin la utilización de engaños ni medios violentos, se apodere por una sola vez de los objetos indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento”, explicó.
Sanciones por otros delitos relacionados con agua
La iniciativa de la coordinadora de la bancada de Morena, Jessica Martínez, también establece que cometerá el delito de robo de agua quien empleé mecanismos para succionar agua potable de las tuberías de distribución, como tomas de uso doméstico y no doméstico, sin pago de la reparación del desperfecto causado.
“Y a quien omita solicitar la instalación o renovación de su medidor en los términos de las leyes aplicables, destruya, altere o inutilice los aparatos medidores o sus aditamentos o viole los sellos de los mismos”, dice el texto de la iniciativa.
Además, agrega otros delitos como derramar o arrojar cualquier desecho sólido susceptible de sedimentarse y obstruir los conductos, coladeras, pozos y lumbreras de la red de drenaje en la vía pública.
“A quienes practiquen, encubran o consientan que se lleven a cabo instalaciones o modificaciones de tomas para el abastecimiento de agua potable o agua residual tratada, sin la autorización respectiva de la autoridad responsable”, señala la reforma.
Actualmente, en Nuevo León el marco normativo en el tema del agua está limitado a la presentación de denuncias de tomas clandestinas.
