La lucha contra el gasoducto en la comunidad de San Juan de la Laguna, del municipio alteño de Lagos de Moreno se ha intensificado ante la falta de respuesta a sus demandas.
Mientras tanto, la empresa Gas Natural del Noroeste continúa con los trabajos de excavación a pesar de que existe una suspensión provisional por parte de la autoridad judicial.
Quienes se han presentado ante la población han sido los agentes de Seguridad Pública del Estado, quienes dicen ser los intermediarios en el conflicto.
Es muy claro a quién está defendiendo la policía y del lado de quién está. Lo pudimos constatar con las propias palabras del comandante y de su actuación (...) muy violenta
Desde el martes 28 de mayo, la comunidad instaló un campamento en protesta a los socavones que sigue construyendo la empresa Gas Natural del Noroeste, a unos metros de las viviendas de la comunidad y a orillas del kilómetro 60 del Libramiento Norte.
“Está para evidenciar que el gasoducto no está cumpliendo con las normas que permiten este proyecto (…). Tiene como primera razón el ‘no’ rotundo al gasoducto. La segunda es expresar el respeto a nuestro derecho a la información, a la consulta y a la decisión”, explicó Liliana Martínez Facio, integrante de la comunidad.
Sin embargo, los elementos de seguridad pública local parecen no tomar en cuenta el derecho a la protesta a la que tienen acceso los pobladores.
Desde la mañana del jueves 30 de mayo llegaron policías estatales que comenzaron a rodear la zona, a las personas, y a quitar algunos carteles que expresaban el rechazo al proyecto.
Más tarde se presentó ante la comunidad Ernesto Enríquez, supervisor de la Fuerza Única Regional del Estado, quien dijo tener los documentos que comprobaban la legalidad de la obra pero que se los mostraría a los representantes en otro espacio.
Enríquez señaló además que los pobladores no podían continuar su manifestación ahí por afectar intereses privados.
“El hecho de que ustedes intervengan en la actividad de la retroexcavadora y todo el implemento que ellos rentan, le está causando una afectación a su patrimonio y ellos como víctimas del delito (…) tendrán que pedir el auxilio de la policía. Porque a ellos les cuesta el uso de la maquinaria”, declaró Enríquez ante los pobladores.
Ernesto Enríquez, supervisor de la Fuerza Única Regional del Estado, acusó a los manifestantes de dañar el patrimonio de la empresa al poner su plantón
Sus palabras quedaron registradas y difundidas en redes sociales.
Representantes de organizaciones de derechos humanos que acompañaban a la población contestaron que las amenazas por parte del agente de seguridad no tenían razón de ser en tanto que la manifestación no había deparado en algún acto de agresión o daño a la maquinaría de la empresa.
“La gente no está agrediendo las máquinas, la gente no está agrediendo la pipa, la gente no ha golpeado a los policías, ni a la gente de la empresa. Estamos de manera pacifica ejerciendo un derecho. Entonces que se abran los canales y la gente con todo el derecho no se va a retirar de aquí porque es su territorio. Están defendiendo su tierra y su territorio”, le respondió María González.
Los pobladores argumentan que las obras no deberían seguir su curso porque obtuvieron una suspensión provisional de los trabajos por parte del Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativas, Civiles y de Trabajo en el Estado de Jalisco, derivado del incidente del juicio de garantías 1113/2019.
Esta resolución, por ley, tiene efectos inmediatos con el objeto de impedir la consumación de actos que puedan generar perjuicios de imposible reparación a los derechos de las personas que forman parte de la comunidad y que están defendiendo sus derechos.
Aunque lo que realmente señalan estos documentos es que la autoridad municipal está obligada a presentar la documentación que acredita la legalidad de las obras, y en tanto no se pruebe esto, la autoridad judicial procederá a la suspensión de los trabajos.
Ocultan información
El domingo 26 de mayo el presidente municipal de Lagos de Moreno y su gobierno se comprometieron a proporcionar los documentos a las organizaciones de derechos humanos y la población. Pero éstos han denunciado que la información que se les entregó no contenía el grueso de las licencias y estudios necesarios para dicho proyecto.
“No se han mostrado todos (los documentos) y cuando digo todos son las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo, los permisos, las licencias, el trazo y los contratos que acrediten que este proyecto del gasoducto se está construyendo de manera legal. Si todo está, no entendemos por qué no lo muestran”, señaló María González Valencia.
El 28 de mayo se instaló un campamento contra los socavones que construye la empresa Gas Natural del Noroeste, pese a la existencia de una suspensión provisional
El presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, en la sesión de cabildo que se llevó a cabo el jueves 30 de mayo, expresó su apoyo a la comunidad. Sin embargo su discurso no se compara con la realidad, ya que desde la instalación del plantón no se han presentado autoridades civiles para responder a las demandas de San Juan de la Laguna.
“Quiero volver a hacer un llamado público a la policía estatal para que se respete a todos los pobladores, se mantenga al margen y se garantice la libre manifestación y expresión de los pobladores y habitantes de la Laguna. Como gobierno municipal siempre hemos estado atentos a esta situación y no toleraremos abusos de las policías de ninguna índole”.
María González se cuestiona quién gobierna el municipio alteño, toda vez que solo han sido los oficiales de seguridad quienes se han presentado en la zona para amedrentar a la población. Incluso teniendo un altercado de la policía estatal con el representante de la oficina regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en el que se le empujó por tratar de mover un toldo para dar sombra a los manifestantes bajo el argumento de que estaba incitando a la gente.
“Nos llama la atención quién gobierna Lagos de Moreno, ¿la policía, la empresa o el Gobierno municipal? Porque lo que constatamos es que hay total ausencia del Gobierno municipal en el conflicto. Pero esta ausencia es omisión”, sentenció González Valencia.
