El combate a la violencia política contra las mujeres avanza en la capital del país. En septiembre, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó en sesión extraordinaria el “Protocolo de Acciones para evitar, erradicar y atender la violencia política de género”, lo que representa un gran paso en esta materia.
Sin embargo, este logro podría fracasar si los partidos políticos no tienen la intención de intervenir en el tema al interior de sus filas.
Durante las últimas elecciones de 2018, la capital fue una de las entidades donde las mujeres sufrieron más violencia política de género.
La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) informó que durante el proceso electoral de 2018 se presentaron 300 denuncias por violencia política de género en la Ciudad de México.
Mientras que la Evaluación sobre la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género en el Proceso Electoral 2017-2018 en la capital, realizada por el IECM, indica que la capital fue la segunda entidad con más incidencia de actos contra los derechos políticos de las mujeres.
La violencia política de género es cuando una persona viola e impide a otra el pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales como el votar y ser votado
El mecanismo, recién publicado el 24 de septiembre de 2019, tiene como precedente directo la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó al IECM diseñar un protocolo ante la violencia política de género de la que fue víctima la excandidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Rojo, durante las elecciones para alcalde en 2018 en Coyoacán.
En un primer momento, en septiembre de 2018, la Sala Regional del TEPJF ordenó al IECM realizar una elección extraordinaria en la alcaldía de Coyoacán debido a la violencia política de género que sufrió Rojo, con ello se anulaba el triunfo del perredista Manuel Negrete. Sin embargo, la Sala Superior del tribunal revocó la sentencia pero instruyó la creación del protocolo.
Durante el periodo de campaña de abril a junio del año citado, Rojo sufrió de amenazas, intimidaciones y propaganda negra en su contra.
Georgina Cárdenas, excolaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (CIEG-UNAM), reconoce que el IECM acaba de dar un gran paso para solucionar el problema.
Sin embargo, las viejas prácticas políticas como sus conceptos de lealtad y de jerarquías, pueden frustrar el intento.
“Aunque exista un protocolo, principios como la lealtad política podrían hacer que las mujeres no denuncien cuando son víctima de violencia política de género”, indica.
Señala que los partidos suelen interpretar esa lealtad como no denunciar las actitudes incorrectas o que ofenden a las mujeres dentro de la institución.
Añade que tampoco han creado mecanismos al interior de su estructura para evitar la violencia política de género o si lo han hecho no son funcionales.
Cárdenas argumenta que si un partido tiene un órgano especializado en erradicar la violencia de género pero no tiene una evaluación autónoma o externa, entonces no sirve.
Ellos son los primeros que deben hacer al interior sus propios diagnósticos y qué medidas van a tomar. Además, el problema es que los partidos son juez y parte, imagina que acusas al presidente y es el mismo quien tiene que definir si se cometió o no violencia política de género
Por otra parte, señala que los partidos deben de acompañar efectivamente a las mujeres que son víctimas de la violación del derecho a ejercer su vida política.
Ejemplifica con el caso mencionado de María Rojo y de Patricia Ruiz Anchondo en la elección para la alcaldía Venustiano Carranza, quienes, a pesar de que presentaron su denuncia a su partido, Morena, no les dio su total apoyo y acompañamiento.
También destaca el de Verónica Sánchez Valencia, excandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Xochimilco en el proceso electoral de 2018, a quien golpearon y por ello renunció a la contienda. El tricolor tampoco tomó ninguna acción al respecto.
Endurecen sanciones por violencia política de género
El consejero electoral del IECM, Mauricio Huesca, indica que los partidos políticos deberán de acatar el protocolo o hacerse acreedores a una sanción económica o incluso de instancias penales.
En tiempos electorales, el protocolo permite que se identifique si un candidato incurrió en violencia política de género y con ello perder el requisito de honorabilidad que pide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para participar en la contienda por un cargo de elección popular.
Huesca menciona que el protocolo también tiene la intención de atender la violencia política de género desde sus principales fuentes: al interior de los partidos políticos, en la función pública y campañas electorales.
Además, en caso de que se vuelva a repetir una situación como la de Coyoacán y si se acredita que el candidato no cumple con la honorabilidad, se podrá anular la elección y también que se repita sin que el infractor vuelva a participar.
El consejero afirma que el protocolo tiene su origen con la guía que creó el IECM para combatir y erradicar la violencia política de género durante las elecciones de 2018.
Huesca menciona que la gran diferencia entre la guía y el protocolo, es que éste último estipula que se debe investigar la violencia política de género con un indicio mínimo, mientras que la guía pedía pruebas contundentes.
El protocolo también instruye a la instancia electoral a tomar medidas tutelares para la reparación del daño así como la garantía de no repetición.
La CDMX fue la segunda entidad con más incidencia de actos contra los derechos políticos de las mujeres en el periodo electoral 2017-2018, según el IECM
