Las dependencias del Gobierno federal carecen de mecanismos adecuados para atender las denuncias contra el acoso sexual, principalmente contra las mujeres.
Activistas rechazan que desde su implementación, los protocolos de denuncia contra violencia de género al interior del gobierno hayan dado resultados.
“Sabemos que no resuelven sólo por su existencia los problemas porque estamos hablando de temas estructurales. La violencia, las prácticas laborales sexistas, la cultura organizacional masculinizada se encuentra sumamente arraigada en nuestros centros laborales, entonces la sola existencia de un protocolo no lo va a erradicar todo. Se necesita el establecimiento de estrategias integrales”, afirma la especialista Rita Muciño en entrevista.
El protocolo como tal es solo una regla de papel y carece de cualquier obligatoriedad para que se cumpla a cabalidad, lo que resulta insuficiente para la atención del acoso y el hostigamiento sexual.
En las dependencias de la Administración Pública Federal se dan casos de acoso sexual y, más grave aún, hostigamiento sexual, que ocurre cuando una persona con un nivel superior abusa con su puesto de funcionarios de menor rango -en su mayoría mujeres-.
“El hostigamiento sexual se da al interior del ámbito laboral y ocurre en una situación de jerarquías. Es decir, cuando tenemos al funcionario público que ocupa un puesto determinado y a las personas que se encuentran subordinadas a él o a ella y comete este tipo de conductas ilegales”, explica la especialista.
En los tres niveles de gobierno se ha fallado en la implementación de espacios seguros donde no existan la violencia y el acoso sexual
Repunte de acoso y hostigamiento en 2019
El año anterior a la llegada de la pandemia por COVID-19 a México se trató del periodo con más denuncias por hostigamiento y acoso sexual registradas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde la entrada en operaciones de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
Con 274 casos, esto significó un aumento del 76 por ciento con relación a los 50 que hubo en 2016 y del 30 por ciento con los 211 denuncias registradas en 2018. Sumando un total de 980 acusaciones en apenas cuatro años.
En 2020 en varias de las oficinas se optó por trabajo a distancia ante la llegada del COVID-19 y en este 2021 no se ha regresado por completo al modo presencial, salvo en algunas áreas de la administración.
De acuerdo con el Registro de Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual 2019, publicado en diciembre de 2020 por la SFP junto al Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 210 de las 274 de las denuncias de dicho año fueron presentadas por mujeres, mientras que otras 16 las tramitaron hombres.
En 27 por ciento de los casos las personas denunciantes no laboraban como servidores públicos.
En contraste, 204 de los denunciados fueron hombres y 23 mujeres. Si bien en la mayoría de los casos (130), no se especificó el cargo que ocupaban los acusados, los puestos que acumularon el mayor número de denuncias fueron los de personal operativo, con 33; director de área, con 20; y jefe de departamento, con 17. Con dos denuncias, el más alto cargo dentro del listado fue el de director general, subordinado a los secretarios y subsecretarios de Estado.
Las Fuerzas Armadas no estuvieron exentas del hostigamiento y acoso sexual, puesto que se presentaron un total de 27 denuncias contra integrantes del Ejército y la Marina. La mayoría de éstas (12) fueron contra maestres y ocho más contra tenientes. Sin embargo, la lista de señalados va desde soldados y marinos hasta almirantes.
Respecto a la respuesta de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en 89 casos se emitió un pronunciamiento que se vio reflejado en acciones de sensibilización, propuestas de mejora o capacitación. En tanto que, para otras 15 denuncias, no se encontraron elementos suficientes para realizar una observación.
No obstante, aproximadamente el 23 por ciento de las acusaciones presentadas en 2019 fueron archivadas. Esto, principalmente por falta de información o porque la parte denunciante desistió de continuar con el proceso. Aunque también se dio “carpetazo” cuando el denunciante o el denunciado dejaron de colaborar con la institución pública en cuestión o, bien, cuando el agraviado resultó “ilocalizable”.
El gobierno, de acuerdo con la especialista Rita Muciño, consultora en materia de derechos humanos en Gender Issues, ha fallado al incentivar dentro de sus espacios que no exista la violencia sexual.
“En primer lugar, se deberían de incentivar por parte del Estado, las instituciones y el sector privado, espacios laborales libres de violencia, libres de sexismo y, por otro, lo que se ha buscado también hacer es fomentar la cultura de la denuncia”, explica.
Un protocolo debe de ir acompañado de capacitación y desde la convocatoria deben de ser neutrales en materia de género. En ellos las instituciones deben dejar claro que hay cero tolerancia a todo lo referente al acoso sexual, como los tocamientos y otras actitudes, y se invite a las personas a que hagan sus denuncias.
“De acuerdo con las obligaciones internacionales, los Estados necesitan generar las condiciones para que las personas vivan y trabajen en un ambiente libre de violencia y el protocolo es uno de esos componentes para asegurar esos climas laborales, pero es necesario que esto vaya acompañado de otras medidas”, explica.
