La relación de proveeduría entre la titular de los Servicios de Salud Jalisco, Consuelo Robles Sierra, con la empresa Llantas Tapatías donde figura su esposo, Víctor Manuel Guzmán Villaseca, sería violatoria del Código de Ética y las Reglas de Integridad del Estado publicado el 12 de marzo pasado.
El caso ya es indagado por la Contraloría del Estado. No solo implicaría un conflicto de interés que está sancionado por la Ley General del Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que pasa por alto dicho Código de Ética expedido por el propio gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.
La documentación generada por el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco demuestra que este ente tiene como uno de sus proveedores a la empresa Llantas Tapatías.
Esta compañía fue una de las ganadoras de la licitación LPL99/2019 para la “Adquisición del Servicio de Talleres Mecánicos externos para mantenimiento preventivo y correctivo a Vehículos de Gasolina, Diesel y Motocicletas propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco”.
La titular de los Servicios de Salud ha intentado eludir el conflicto de interés con la empresa donde su esposo es gerente único, aseverando que el OPD no se adhirió a dicha licitación del Gobierno estatal. Sin embargo, la respuesta que su dependencia le entregó a un ciudadano vía transparencia (06979619) este 4 octubre señala lo contrario.
En dicha solicitud en la que se le pidió al OPD que aclarara el “nombre de la empresa que otorga mantenimiento a vehículos oficiales de la Secretaria de Salud, dirección, así como contrato para la prestación de servicios y/o licitación, asignación presupuestal y/o anual”, la dependencia respondió.
“Este OPD Servicios de Salud Jalisco se adhirió a la licitación LPL99/2019 de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco; de la que se anunció el fallo hasta el día 15 de agosto de 2019 por lo que tanto el parque vehicular de este organismo, así como los vehículos con los que cuenta la Secretaría de Salud trabajarán mediante los lineamientos de la licitación antes mencionada”.
La respuesta que fue generada por Alonso Isaías Huitrón Huerta, jefe de Control de Vehículos y Combustibles del OPD Servicios de Salud Jalisco, agrega que “los contratos con los proveedores producto de la licitación se encuentran en proceso de elaboración debido a la fuerte carga de trabajo y a este nuevo esquema de trabajo y apoyo entre dependencias”.
El problema es que uno de los proveedores que resultó ganador en dicha licitación LPL99/2019 es precisamente Llantas Tapatías, con una asignación de 3 millones 173 mil 560.58 pesos, por lo que Robles Sierra estará recibiendo los servicios de la empresa de su marido
Código de ética roto
El Código de Ética y las Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, que publicó el gobernador, Alfaro Ramírez el 12 de marzo pasado, establece múltiples prohibiciones en materia de conflicto de interés para los funcionarios estatales, una de las más importantes es la señalada en el Artículo 33.
En dicho numeral se indica que “Los servidores públicos tutelan el principio de imparcialidad, cuando salvaguardan las siguientes reglas”, y establece en su fracción I que deberán evitar su involucramiento en contrataciones públicas ya sea directamente o a través de familiares.
“Se abstienen de participar en la tramitación, atención y resolución de los procedimientos de contrataciones públicas, autorizaciones, concesiones, permisos y licencias y sus prórrogas, baja de bienes, aquellos relacionados con la materia de avalúos, así como los previstos en el artículo 1 párrafo 1 de la Ley de Compras Gubernamentales (…), de manera directa o por medio de familiares hasta el cuarto grado, con la finalidad de obtener algún beneficio en los procedimientos que intervengan en la tramitación, atención o resolución de los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento de concesiones, licencias, permisos o autorizaciones y sus prórrogas”.
Añade en su fracción II que “evitan conceder a las personas físicas o jurídicas que participan en los procedimientos señalados en la fracción anterior que se encuentren en el ámbito de su competencia, preferencia o privilegios de cualquier tipo en razón de intereses personales, familiares o de negocios, de ser el caso”.
Aunque hay una indagatoria en marcha por la Contraloría, hasta el momento se desconoce si el esposo de la funcionaria tuvo acceso a información privilegiada relacionada con la licitación que ganó. Es por ello que el Artículo 26 del Código de ética obliga a los funcionarios a no utilizar la información en su resguardo para provecho personal.
Ahí se señala que “los servidores públicos tutelan el principio de confidencialidad cuando se ajustan a las siguientes reglas: III Guardan reserva de la información confidencial que emane de los procedimientos de contrataciones públicas”.
Y agrega en su fracción IV que “se abstienen de utilizar en beneficio propio, de su cónyuge y parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o para fines distintos a los perseguidos, la información o documentación obtenida con motivo del ejercicio de sus funciones”.
Indagatoria en curso
Para prevenir y sancionar las situaciones de conflicto de interés en el Gobierno de Jalisco y sus organismos se creó la Unidad Especializada en Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado.
Este 29 de octubre la contralora estatal, Teresa Brito Serrano, confirmó que tenía una indagatoria abierta sobre el nexo de Robles Sierra y su marido; así como también sobre otros presuntos casos de conflicto de interés que involucrarían al secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, quien tendría familiares en firmas como Laboratorios Dimesa y PISA que han recibido contratos estatales
“(Estamos revisando) ambos temas. El de la titular del OPD de Salud y el secretario de Salud, en razón de esto que ustedes comentan, nosotros estamos revisando”, dijo aquel día la contralora.
