¿A dónde va la Ley de Seguridad Interior? Esa es la pregunta con la que se han quedado los mexicanos, pues tras un largo y conflictivo proceso para aprobar esta polémica ley, ahora da la sensación que ha quedado en el limbo jurídico.
La ley fue promulgada el pasado 21 de diciembre por el presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, el mandatario aclaró que no la ejecutará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad.
La Corte, en periodo vacacional, no había emitido nada al respecto, pero este martes, al iniciar el primer periodo ordinario de sesiones, el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, anunció que hasta el momento no ha recibido ningún recurso relacionado con la citada ley.
Dicho de otra manera, los ministros no pueden pronunciarse sobre la Ley de Seguridad Interior, hasta que alguien presente una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad o un amparo bajo el argumento que dicha ley vulnera sus derechos.
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Durante el proceso legislativo, la ley fue criticada por distintos actores de la sociedad civil, quienes aseguran que ésta provocaría la militarización del país, además que daría carta abierta para que los militares actuaran bajo su propio criterio.
Una vez que la ley fue promulgada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), legisladores del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, así como organizaciones no gubernamentales, advirtieron con llevar ante el más alto tribunal del país una acción de inconstitucionalidad.
La acción de inconstitucionalidad sigue sin llegar a las puertas de la Corte y el reloj sigue corriendo. Estos recursos pueden presentarse hasta 30 días naturales posteriores a la promulgación de la ley; de lo contrario, se da por hecho que no hay inconformidades.
Ahora, el hecho de que la Corte llegará aceptar una acción de inconstitucionalidad, no implica que se vaya a eliminar la Ley de Seguridad en su totalidad: puede que se modifiquen algunos de sus artículos, si es que los ministros consideran que, en efecto, violan la Constitución y no es un proceso que se resuelva en un abrir y cerrar de ojos, ya que podría tardar más de un año determinar si la Ley de Seguridad Interior viola o no la carta magna.
Es decir, que si el tema es tratado como el resto de casos que llegan a la Suprema Corte, los ministros podrían emitir alguna resolución ya que se haya elegido al nuevo presidente de México; incluso, podría ser después que Enrique Peña Nieto deje el cargo el próximo 1 de diciembre.
