El próximo año los recortes al gasto serán una consecuencia natural de la reducción en los recursos
El fantasma de las arcas vacías y de los requerimientos de los proveedores persiguen tanto a los alcaldes que dejarán sus cargos y los que llegarán en los próximos días.
La situación es generalizada en todo México.
Hay municipios como Numarán, en Michoacán, que prácticamente tuvieron que cerrar por la imposibilidad de prestar servicios públicos tan básicos como el alumbrado y la recolección de basura.
Tecpan, en Guerrero, adeuda casi 97 millones de pesos por demandas laborales que presentaron trabajadores despedidos. Los empleados del gobierno de Puerto Vallarta están embargados por una mueblería a la que el ayuntamiento le adeuda dinero por compras que realizaron a crédito los burócratas y en Nuevo León, municipios rurales como Zaragoza han tenido que despedir empleados por los recortes que el Estado ha hecho de los fondos municipales.
Igual que sus antecesores, los nuevos ediles deberán enfrentar los rezagos heredados de administraciones pasadas, lo que dificulta un avance real hacia el progreso de las localidades.
A los problemas ya existentes debe agregarse que el próximo año los recortes al gasto serán una consecuencia natural de la reducción en los recursos disponibles para asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Los municipios están atrapados es un círculo vicioso. Para cubrir la nómina, los servicios y las obras actuales, los gobiernos se endeudan, creciendo los compromisos financieros y disminuyendo la liquidez.
Hermilo Pérez Cabrera, director general de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), que agrupa a los municipios gobernados por el PRD, sostuvo que una forma en que los ayuntamientos hacen frente a sus deudas con la Comisión Federal de Electricidad o la Comisión Nacional del Agua es negociando convenios que no los dejen en la insolvencia total.
El término “insolvencia” no es exagerado. Para salir avante mes a mes, los municipios deben echar mano incluso, de la nómina.
“La principal problemática en los cambios de gobierno es el pago de la nómina. Por ejemplo en el caso de quienes ya ingresaron, el presupuesto con el que van a llegar ya está prácticamente programado y en algunos casos con faltantes, porque en el pago de sueldos hasta lo que se tenía previsto para los aguinaldos, ya ha sido utilizado”, sostuvo Pérez.
Otra dificultad que enfrentan los gobiernos locales, y que en algunos casos data de varios periodos anteriores, es el pago de los juicios laborales, pues buena parte de sus ingresos debe destinarse a cubrir las demandas de trabajadores que fueron despedidos del gobierno local.
Y es que al no existir regulación alguna sobre los puestos que deben ser considerados de confianza, los nuevos alcaldes “reparten” las plazas de trabajo y generan demandas en su contra.
Aunque no existe un cálculo nacional sobre el costo de estos laudos, un ejemplo de las dificultades que representan para los municipios es el estado de Guerrero. De acuerdo a medios locales, 80 de los 81 municipios tienen deudas por laudos; en su conjunto, representan un monto aproximado de 5 mil millones de pesos.
Uno de esos 80 municipios endeudados es Tecpan, donde en solo un expediente que ampara a 30 trabajadores, el ayuntamiento debe más de 97 millones de pesos.
Con modificaciones legales aprobadas este año por los congresos locales, ahora los trabajadores entrarán en funciones sabiendo los términos de contratación; además de que se trabaja en catálogos de los puestos de servidores públicos. Sin embargo, las deudas quedan pendientes.
Entre las pocas posibilidades que tienen los municipios para recaudar está el cobro de impuestos locales, medida altamente impopular por los costos políticos y electorales que tiene para los gobernantes y sus partidos.
A ello se suman los cambios legales por los que los municipios deben ceder el importe del cobro del predial a los estados.
“La legislatura anterior se autofacultó para poder legislar en materia catastral y proponer la posibilidad de que los municipios y el estado o las entidades federativas pudieran celebrar un convenio para que pudieran ceder la recaudación predial, estableciendo una parte de la participación a los municipios.
“Pero esto afecta directamente a las arcas municipales porque al final uno de los impuestos, casi el único, que tienen los municipios es el predial”, acusó Pérez Cabrera.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los municipios solo contribuyen con el 2.9 por ciento de los ingresos al país.
Panorama complicado
Para el 2016, el panorama municipal es aún más complicado. La reducción en los recursos disponibles impactará directamente en las participaciones e ingresos municipales y estatales.
Kristobal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), consideró que los gobiernos locales tienen tres alternativas para recuperarse en caso de que haya una reducción en sus ingresos.
Una de ellas es el incremento de la deuda, el aumento en la recaudación local o el recorte al presupuesto de algunos programas.
“No hay una estrategia que sea mejor para todas las entidades federativas, cada estado deberá escoger la que mejor le convenga”, expuso el investigador.
De las tres alternativas, aumentar la recaudación es la que daría independencia a los gobiernos locales; sin embargo, significa una disminución del bienestar de sus ciudadanos, por lo que se debe hacer de forma planificada y transparente.
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