El pueblo indígena wixárika enfrenta actualmente 14 conflictos activos que vulneran sus derechos humanos, originados principalmente por disputas territoriales, y en los cuales las autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido incapaces de resolver sus reclamos.
El diagnóstico de estas problemática lo elaboró la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a comienzos de este mes de octubre, con el fin de evidenciar los efectos concretos de “décadas de abandono y desatención por parte de todos los ámbitos y niveles de gobierno”.
Los habitantes de las comunidades wixaritari, establece la CEDHJ, “son descendientes de pueblos milenarios, y siempre han ocupado sus territorios, que, desde luego, eran más extensos que los actuales, pero se han reducido por los procesos de despojo históricos, que han sufrido desde la época de la conquista”.
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Los wixaritari se asientan particularmente en el suroeste de la Sierra Madre Occidental, en cuatro grandes comunidades: San Andrés Cohamiata (Tateikie), Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) y San Sebastián Teponahuaxtlán, las tres en el municipio de Mezquitic; y Tuxpan (Kuruxi Manuwe), en el municipio de Bolaños.
De los 14 conflictos, la Comisión precisa que seis involucran a la comunidad de San Andrés Cohamiata, cinco a Santa Catarina Cuexcomatitlán y tres a las comunidades conjuntas de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan.
Destaca, por ejemplo, el diferendo generado en el 2018 con el Gobierno de Nayarit, luego de que su Congreso estatal decretara el anexo de diversas localidades wixaritari consideradas como parte del territorio jalisciense
“Conflicto territorial con el estado de Nayarit, que tiene sus orígenes desde la creación misma de esta entidad, pero que adquirió relevancia en 2018, cuando el Congreso de Nayarit ‘aprobó’ de forma unilateral incorporar doce localidades de esta comunidad a su territorio”, expone la CEDHJ con respecto a las comunidades de San Andrés Cohamiata.
Esta pugna jurídica persiste sin solución, aunque “se presentaron controversias constitucionales por los gobiernos de Jalisco y de Nayarit”, por lo que se espera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los habitantes de San Andrés también han sufrido amenazas constantes por parte de ganaderos, ejidatarios y comuneros colindantes de otras entidades. De este conflicto, la CEDHJ afirma que se tuvo registro desde la década de los 50 y 60, y actualmente existe un proceso judicial con la localidad de Santa Rosa, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas.
Al menos seis de los 14 conflictos están relacionados con diferendos territoriales; otros tres han estado vinculados con inconformidades en el ámbito educativo o se han expresado en paros de labores y cierres de instalaciones educativas; dos más se generaron por detenciones de indígenas “por la práctica cultural de la caza tradicional de venado”.
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Los tres últimos conflictos diagnosticados por la CEDHJ presentan temáticas muy distintas. Primero, el existente en las comunidades conjuntas de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, derivado de la “Solicitud de presupuesto directo bajo el principio de autonomía”. Este tema se considera “en proceso de atención, intervienen autoridades judiciales, electorales, municipales y estatales”.
Segundo, el que involucra a la comunidad de San Andrés Cohamiatala cual está en “conflicto con la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán por la restricción de visitas al sitio sagrado de TeupaTeekata”.
Y tercero, el que se originó por la ejecución de una obra en el año de 2008, y que involucra a la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
“Vulneración de diferentes derechos por la construcción de la carretera Amatitán-BolañosHuejuquilla en 2008. Se incluye la afectación del lugar sagrado conocido como ‘Paso del Oso’”. En este tema un tribunal federal ya ordenó la reparación integral del daño, sin embargo: “Queda pendiente continuar con los tramos aún inconclusos del ‘Camino Jardín’ acordado entre la comunidad y el Gobierno del Estado como una obligación ante el Poder Judicial”, refiere la CEDHJ.
Inseguridad, la otra problemática para el pueblo wixárika
Un problema generalizado para los wixaritari –igual que para el resto de los jaliscienses- es el de la inseguridad. En el año 2017, por ejemplo, fueron asesinados los hermanos y activistas indígenas Miguel y Agustín Vázquez Torres, en el municipio de Bolaños
“En la mayoría de las comunidades se presentan condiciones de inseguridad, que incluso han provocado el homicidio de líderes comunitarios, y se carece de mecanismos eficaces para acceder a la procuración y administración de la justicia”, menciona la CEDHJ.
Para atender todas estas problemáticas alrededor del pueblo wixárika, la CEDHJ le propuso al gobierno de Enrique Alfaro que emprenda una estrategia con ese objetivo específico, algo que hoy no existe, según su “Pronunciamiento-posicionamiento ante los conflictos y demandas sociales del pueblo wixárika asentado en el norte de Jalisco”, del 8 de octubre.
“Instruya el diseño y ejecución de un plan de acción emergente e integral, con estrategias interinstitucionales y actividades coordinadas para garantizar de forma plena los derechos humanos de las comunidades indígenas”, se lee en el pronunciamiento.
Tal plan de acción tendría que ser concebido para “superar” condiciones desfavorables de los wixaritari como las carencias en servicios públicos de salud, educación y el aislamiento geográfico, todo para “un desarrollo pleno con respeto a su cosmovisión e identidad cultural”.
