Los pueblos originarios de la capital están en una lucha por su representación y por el reconocimiento de su identidad, lo que las autoridades de las alcaldías no permiten con la intención de no perder control, votos, ni recursos.
En la ciudad hay 150 pueblos originarios repartidos en las alcaldías de Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco. Cuauhtémoc solo tiene uno
Datos del año 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) indican que en la metrópoli viven 785 mil personas de alguna comunidad indígena.
La Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes estipulan que las poblaciones originarias reconocidas tienen derecho a la gestión de sus recursos, y a elegir su forma de gobierno de acuerdo a sus usos y costumbres.
Sin embargo, esto resta poder a las alcaldías, el tercer orden de gobierno después del federal y el estatal, que buscan intervenir para mantener el control, dice Alejandro Velázquez, abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y activista en el tema.
“Los pueblos están peleando por ser un cuarto poder de gobierno con personalidad jurídica, las autoridades desconocen ese derecho o no lo quieren dar por temor a perder el control que han ejercido”, explica Velázquez.
Por ejemplo, los 14 pueblos originarios de Xochimilco están en litigio desde el 2019 ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) por el proceso presuntamente cooptado de la administración local para imponer a gente afín en las coordinaciones territoriales.
“En Cuajimalpa, en Xochimilco y en Tláhuac han habido problemas por los recursos como el agua. También hay muchos juicios por las coordinaciones territoriales como en Tlalpan, en todos existen estas visiones centralizadoras”, dice.
Menciona que las autoridades intervienen a través de sus trabajadores, a quienes condicionan su puesto para operar políticamente a su favor.
Benjamín Maldonado Alvarado, doctor en Estudios Amerindios por la Universidad de Leiden en Holanda y académico de la UNAM, señala que el poder de los pueblos está en sus habitantes mientras que el de los alcaldes en el partido y los votos. A esto adjudica los problemas referidos.
“Lo que sucede es una disputa entre el pueblo como soberano y el Estado tratando de imponer intereses (…) El interés del pueblo es recuperar su poder y el del Estado es evitar que esos espacios se puedan lograr”, explica.
Coincide con Velázquez en que los gobiernos locales buscan fracturar a las comunidades para que entren los partidos políticos.
La disputa de los pueblos originarios en Álvaro Obregón
El pueblo de San Bartolo Ameyalco en la alcaldía de Álvaro Obregón está en una lucha interna por ver quién ocupa la representación y ejerce el derecho a gestionar sus recursos. Lo que no ha permitido la resolución de los problemas locales como el abasto de agua y la movilidad.
El Consejo del Pueblo de San Bartolo Ameyalco pugna desde el 2014 con el Comité Vecinal de San Bartolo Ameyalco por ver cuál abandera los intereses comunitarios.
La problemática tuvo su origen en 2014, cuando el Comité Vecinal junto con la entonces delegación, encabezada por Leonel Luna, comenzó a realizar una obra hidráulica sin consentimiento y sin informar a los habitantes. Lo que derivó en una represión por parte de mil 500 policías en mayo de ese año que dejó a cinco presos políticos, quienes fueron liberados en los meses posteriores.
El pueblo se dividió en dos con la conformación del Consejo del Pueblo, que encabeza actualmente Pedro Martínez, y el Comité Vecinal, al que acusan de estar coludido con la alcaldía.
Ambas fracciones han intentado recurrir a las instancias gubernamentales y electorales en busca del reconocimiento. Pero no lo han conseguido.
El 27 de septiembre de 2019, Víctor Saldívar, electo en agosto de 2019 por una asamblea convocada por el Comité Vecinal, pidió a la Secretaría de Pueblos, Barrios, Colonias Originarias y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) ser reconocido como la autoridad de la localidad, consta el oficio con número de folio DGRDC-05-1606-19 emitido por la Dirección General de Resolución a la Demanda Ciudadana de la Jefatura de Gobierno.
El pueblo de San Bartolo Ameyalco tiene una lucha interna para ver quien ejerce el derecho a gestionar sus recursos
La SEPI, a cargo de Larisa Ortiz, contestó a través del documento SEPI/DPSO/324/2019, que los pueblos y barrios de la capital se rigen de acuerdo a sus usos y costumbres, por lo cual, no podía reconocer a Saldívar
“Un comité vecinal no puede organizar ni decidir en un pueblo tradicional”, indica Basty Acosta, habitante de la comunidad.
El Consejo del Pueblo de San Bartolo Ameyalco solicitó en agosto de 2019 al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) invalidar las asambleas realizadas por el comité para consultar temas como obras hidráulicas y la que llevó a cabo para elegir a Saldívar.
Sin embargo, la autoridad electoral desechó la denuncia en septiembre de 2019, pues la nueva Ley de Participación Ciudadana no contaba aún con un reglamento de los Comités de Participación Comunitaria vigente que estipulara sus facultades, señala el expediente IECM-10-194/002/2019.
Lo anterior ha provocado que haya problemas sin resolver; existen obras inconclusas desde abril de 2019 y se han entorpecido las gestiones para que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) llegue a San Bartolo Ameyalco.
El 26 de enero el consejo eligió a un nuevo representante, Alejandro Ugalde, en medio de un clima de tensión por la presencia de elementos policíacos. No obstante, pese al nombramiento, continúa el conflicto.
