En 2021 se prevé que estados y municipios reciban menos recursos

Pugna por los recursos de estados y municipios

En 2021 se prevé que estados y municipios reciban menos dinero de los ramos que comprenden las participaciones federales, este anuncio llega en un momento de tensión en el que gobiernos estatales exigen a la gestión de López Obrador reconfigurar el Pacto Fiscal

La discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF) inicia en medio de un conflicto político entre la administración federal y al menos 10 gobernadores de los estados, quienes consolidaron la llamada Alianza Federalista y anunciaron su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

El PPEF para el próximo año fue entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados la tarde de ayer. En dicho documento se observan variaciones a la baja en la entrega de participaciones y aportaciones federales en conjunto; además prevé que algunos fondos federales también se contraigan.

La decena de mandatarios estatales exige al Gobierno federal desde hace meses llevar a debate el Pacto Fiscal con el propósito de reconfigurar la distribución de recursos hacia sus entidades, petición que se intensificó al inicio de la pandemia por sus efectos adversos en la salud y la economía.

El Fortaseg, fondo dedicado al fortalecimiento de policías locales, fue eliminado del PPEF 2021. Dicha bolsa recibió 3 mil mdp en 2020

A pesar de que el gabinete presidencial hizo la promesa de abrir un espacio para que se analice la coordinación fiscal con los estados –en la reunión que mantuvo con la Conago en agosto–, la Alianza Federalista dio un paso adelante en emanciparse de la Conferencia y lanzó el mensaje de convertirse en un contrapeso político de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Bajan participaciones y aportaciones

En un ambiente de tensiones entre la administración federal y la Alianza Federalista, las estimaciones presupuestales para el 2021, de acuerdo con el PPEF, muestran menos recursos para estados y municipios.

Mientras que para 2020 se proyectó la entrega de un billón 703 mil 654 millones de pesos por concepto de participaciones y aportaciones en conjunto, en el siguiente año la propuesta es que se distribuyan un billón 699 mil 246 millones de pesos. Es decir, una reducción del 3 por ciento.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que tiene el objetivo de respaldar el presupuesto de los gobiernos estatales, se recortó en uno por ciento, al pasar de 47 mil 447 millones de pesos a 46 mil 925 de pesos; lo que significaría 522.5 millones menos para este instrumento.

En una situación similar se encuentra el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) ya que el PPEF 2021 propone dejar de distribuir 956 millones 368 mil pesos a dichas demarcaciones en comparación con el año en curso.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos consideró al Fortamun una bolsa de 86 mil 839 millones de pesos para 2020; y para el siguiente año estima otorgarle 85 mil 882 millones de pesos.

Con respecto al apoyo de recursos para fortalecer las instituciones policiales locales en el país, el Gobierno federal contempla la desaparición del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) el cual fue descartado dentro del PPEF 2021. Este instrumento contó con 3 mil millones de pesos para 2020.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) recibiría un 3 por ciento más para el siguiente año. Para 2020 se proyectó ejercer 7 mil 444 millones de pesos, en el próximo ejercicio esta bolsa contendría 7 mil 696 millones de pesos.

El origen del conflicto con los estados

Para el analista político, Juan Pablo Galicia, la pugna por los recursos entre el Gobierno federal y las administraciones estatales tuvo su origen desde la configuración del primer Presupuesto de Egresos que elaboró la gestión de López Obrador en 2019, por reducirle recursos a las entidades y dedicarlo a sus programas sociales.

“A partir de ese momento empezó a haber una ruptura entre los gobernadores que no eran afines a Morena y al propio presidente”, explica.

La integración del bloque de los diez mandatarios estatales, apunta el especialista, es una apuesta que tiene la intención de presentarse ante la sociedad como una oposición real al gobierno del presidente López Obrador y ganar terreno en la opinión pública, siendo el llamado a modificar el Pacto Fiscal una de sus principales banderas.

“Los recursos son el tema central. Sobre todo los estados industrializados como Jalisco, por ejemplo, son de los que están empujando porque se revise el Pacto Fiscal (…).

“Hay una proporción dispar. Hay estados que producen mucho pero el presupuesto federal les regresa muy poco de esos recursos y hay entidades que lo que producen no es suficiente para cubrir después el presupuesto que se le asigna, y se convierten en estados subsidiados”, agrega.

Otro elemento que se suma al actual contexto es que el inicio del Proceso Electoral que culminará con las elecciones de junio del año próximo, en la que se renovarán, entre otros cargos, 15 gubernaturas y a los 500 diputados federales.

Probablemente los partidos, sobre todo de oposición, utilicen como bandera ante los votantes el hecho de pedir el voto para poder tener diputados que traigan recursos hacia los estados
Juan Pablo GaliciaAnalista Político

La Alianza Federalista está conformada en su mayoría por gobernadores que pertenecen a partidos políticos opositores al presidente. Javier Corral (Chihuahua), José Rosas Aispuro (Durango), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato), Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) y Martín Orozco (Aguascalientes) forman parte del PAN.

Miguel Riquelme (Coahuila) y José Ignacio Peralta (Colima) representan al PRI, Silvano Aureoles (Michoacán) es abanderado por el PRD, Enrique Alfaro (Jalisco) llegó a su cargo por Movimiento Ciudadano; y aunque Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León) no tiene partido, también se ha pronunciado por defender los intereses de la Alianza ante el jefe del Ejecutivo federal.

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