Diputados y senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pretenden que la pena de muerte quede establecida nuevamente en la Constitución Política y sea aplicada a asesinos.
En una iniciativa que presentan este miércoles en el Congreso de la Unión, en la recta final de la campaña electoral del 2018, los legisladores proponen que la pena de muerte sea el máximo castigo que se aplique a quienes cometen un homicidio doloso, bajo ciertas circunstancias.
“Que la privación dolosa de la vida sea derivada de la comisión de los delitos de violación, delitos contra la salud en relación con narcóticos, secuestro y trata de personas, o que sea cometido por una persona reincidente.
“De esta forma, se cumplirá plenamente con el principio constitucional de proporcionalidad de las penas, pues se busca que la pena de muerte sea aplicada al delito de homicidio doloso cometido bajo alguna de las circunstancias descritas, con lo cual dicha pena será proporcional al delito cometido (homicidio doloso) y el bien jurídico afectado (la vida misma)”, señala la propuesta.
Los congresistas argumentan que el tema no es un “discurso demagógico” sino una “imperiosa necesidad” con la que se busca disuadir a las personas de cometer ilícitos, lo que bajaría los índices delincuenciales.
“La violencia es inaceptable para cualquier país, es por ello que en pos de asegurar los bienes jurídicos de las personas, incluido la vida, el Estado debe asumir medidas drásticas para evitar que continúe en aumento la vorágine de destrucción y muerte que los criminales han desatado.
“Las medidas para enfrentar este tipo de problemas deben ser drásticas (…) En otras latitudes, la pena de muerte ha sido una alternativa para reducir los índices de los crímenes que más lastiman a la sociedad”, argumenta el Verde en su iniciativa.
La propuesta es modificar el artículo 18 de la Constitución, para eliminar la finalidad de la reinserción social en las cárceles del país pues, dice, “materialmente sería imposible que una persona condenada a muerte pueda ser reinsertada a la sociedad”.
También proponen cambiar el artículo 22 de la Carta Magna, donde hoy está establecida la prohibición a la pena de muerte.
Otro cambio es al artículo 29, donde se enlistan las causas de supresión de derechos y se menciona también la prohibición de la pena de muerte.
El PVEM propone también cambiar el artículo 107 constitucional, para que quede establecido que solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede resolver los amparos que se tramiten en contra de una sentencia de pena de muerte.
Los diputados y senadores del PVEM argumentan que “una serie de estudios académicos” publicados en los Estados Unidos comprueban que la pena de muerte tiene efectos disuasorios en delitos como el asesinato.
“Estos estudios estiman entre tres y 18 vidas que se pueden salvar con la ejecución de cada asesino convicto”, indican.
La iniciativa argumenta que la reincidencia de los delincuentes en México se ha convertido en una de las mayores amenazas a la seguridad pública, pues a partir del 2008, con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, este fenómeno ha ido en aumento.
“Existe una reincidencia equivalente al 25.9 por ciento del total de la población privada de la libertad; sin embargo, hay entidades federativas que su problema es mucho mayor, ya que su porcentaje de población reincidente es mayor que el porcentaje nacional, tal es el caso de Jalisco con 31.3 por ciento o Ciudad de México con 44.9 por ciento”, indica la iniciativa.
La falla en el modelo de reinserción, sostienen los legisladores, obliga al país a tomar medidas drásticas y la mayor es establecer la pena de muerte.
Una de las propuestas que ha sido más explotada en los medios de comunicación por el PVEM es la pena de muerte a secuestradores y asesinos, misma que le ha costado críticas de varios sectores a nivel nacional e internacional.
