Que fluyan sanciones

El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, está indignado. El mandatario estatal acusó al Gobierno Federal de dejarlo solo con el problema de la contaminación del río Sonora.

“Cada día escala más el daño que está haciendo, y no vemos esa respuesta que llegue el Gobierno Federal a ayudarnos, la verdad es que sí veo esto muy grave y no vemos las medidas conducentes para poder decir qué están haciendo para que no vuelva a suceder esto en nuestro país”, dijo Padrés a Reforma.

Sin embargo, ayer el presidente de México, Enrique Peña Nieto, retomó el tema del desastre ecológico que causó Grupo México y señaló que su gobierno aplicará la ley para asegurar el resarcimiento de los daños ambientales que se ocasionaron.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, el jefe del Ejecutivo dijo que no importa de quién se trate o qué tan poderoso sea en lo económico o en lo político, habrá sanciones para el responsable.

“El gobierno está comprometido para aplicar la ley, para sancionar a todo aquel que atente contra los recursos naturales y contra el medio ambiente de acuerdo a los principios marcados por la ley”, indicó.

Peña Nieto destacó que su administración buscará que se paguen las afectaciones que hubo a las familias damnificadas por este desastre.

Y mientras eso sucede, más de 22 mil sonorenses sufren una “crisis humanitaria” ante la falta de agua potable.

El pasado 3 de septiembre, el secretario de Gobierno, Roberto Romero, informó que 50 pobladores de la zona ribereña del río Sonora presentaron una demanda colectiva ante autoridades judiciales federales en contra del Grupo México.

En los siguientes días,  más de 300 personas se sumaron a la  exigencia para que la compañía minera asuma la responsabilidad e indemnice a los afectados por la contaminación del río.

Ayer, la CEDH ratificó otra denuncia ante la fiscalía federal por la omisión en que incurrió la empresa minera Buena Vista del Cobre, subsidiaria del Grupo México.

En conferencia de prensa, Raúl Ramírez Ramírez, presidente de la CEDH, señaló que la contingencia ambiental por el derrame tóxico ha generado pérdidas económicas superiores a los 2 mil millones de pesos.

Los diputados de la comisión que lleva el caso habían indicado que los daños económicos generados por el derrame podrían ascender a 800 millones de pesos.

Mientras que Grupo México informó a la Bolsa mexicana de Valores (BMV) que cuenta con una reserva de 300 millones de pesos para asegurar la reparación de los daños ocasionados y sanciones administrativas. 

“Vemos que Grupo México lanza con bombo y platillo una bolsa para apoyar a la problemática de 300 millones de pesos, cuando en realidad, en base a los estudios que tenemos nosotros, que ya la problemática tiene más de 2 mil millones de pesos, es lo que nosotros tenemos cuantificado”, dijo Ramírez Ramírez en la conferencia.

La queja que integra la CEDH, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), establece que el derrame violentó los derechos humanos de los habitantes de la zona del río Sonora.

Señala, además de que causó severos daños a los recursos naturales, flora y fauna de la región.

“Hay elementos de prueba suficientes para acreditar la negligencia, eso fue la causa para que se diera el derrame, Grupo México tenía la obligación de vigilar la construcción de la represa, es el garante y directamente responsable de construcción”, destacó el ombudsman.

De octubre a seis años

En un comunicado, Grupo México señaló que prevé terminar con las labores de limpieza del río en octubre. 

El director de la Oficina de Salud y Seguridad de la compañía, Enrique Valverde Durán,  dijo más de mil trabajadores han limpiado 92 de 250 kilómetros del cauce, lo que representa un avance del 36 por ciento.

Sin embargo, la organización ambientalista Greenpeace advirtió que el daño que provocó el derrame será imposible de revertir al menos en los próximos seis años. 

La activista Sinaí Guevara, destacó que el problema es “demasiado grave” y no habría posibles soluciones que realmente impidan que se altere el ecosistema.

“El daño que hicieron (…) esta filtración de metales va a ser algo imposible de detener. Lo que deberían estar haciendo es informar a las personas sobre los riesgos reales, porque están entrando en un pánico total de no saber si sus pozos están contaminados”, dijo en entrevista con CNNMéxico.

La demanda

> Se denuncian daño a recursos naturales; a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo y al ambiente en 16 kilómetros del Arroyo Tinajas, 64 del río Bacanuchi, y 190 kilómetros del río Sonora.

> Se incluye la violación al derecho fundamental de disponer agua suficiente para consumo personal y doméstico, así como el derecho de tener agua para desempeñar un trabajo digno.

>También se reclaman los daños y perjuicios que se le ocasionan a los habitantes de los siete municipios.