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en el Estado de México de 1999 a 2011 "No podemos usar recursos públicos para rescatar empresas y accionistas del sector privado que han tomado riesgo y que tienen que asumir la responsabilidad por sus decisiones”
Desde hace 12 años sabían de sus fechorías.
Las subsidiaron, las rescataron, las solaparon y hoy, les cortarán la cabeza a por lo menos tres vivienderas.
No solo Homex, Geo y Urbi están a unos pasos de la gillotina, también Demet, Sare, Sadasi y un grupo de Sofoles están en la mira por haber otorgado créditos hipotecarios sobrevaluados hasta en 40 por ciento.
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió dos averiguaciones: PGR/UEIDFF/FINM06/173/2009 y PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XII/20/2010 en contra de dichas desarrolladoras porque otorgaron 10 millones de créditos sobrevaluados entre 1999 y 2011.
El entonces secretario de Hacienda, Ernesto Cordero; el exdirector del Infonavit, Víctor Manuel Borrás, y el exdirector de la Sociedad Hipotecaria Federal, Javier Gavito Mohar supieron de esas operaciones y no tomaron cartas en el asunto
Aunque el Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) se constituyeron por mandato constitucional para otorgar vivienda digna a los mexicanos, su función se desvirtuó en los últimos dos sexenios.
En el gobierno de Vicente Fox se constituyó la SHF pero sirvió, gracias a los recursos que obtuvo Fox del Banco Mundial y el BID para conformar un mercado oligopólico en la construcción de la vivienda.
Desde entonces se benefició a un grupo de desarrolladoras y de intermediarios financieros que incluso rescató con recursos públicos como: Patrimonio, Hipotecaria Su Casita, ING Hipotecaria, Hipotecaria Ge Money, Hipotecaria Metrofinanciera, Condesa Financiera, Crédito y Casa, Nacional Grupo Financiero BBVA-BANCOMER, entre otras.
En 2009, Ernesto Cordero anunció un rescate financiero para 10 Sofoles y constructoras por 76 mil millones de pesos, pero lo disfrazó con el programa “Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor”.
Incluso, como Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota utilizó la franquicia de Comex que maneja su papa, Arnulfo Vázquez para pintar todos los conjuntos habitacionales que construyeron las vivienderas consentidas de los gobierno panistas.
Edomex tiene lo suyo
El megafraude inmobiliario también se registró en el Estado de México donde se otorgaron 669 mil 052 créditos hipotecarios sobrevaluados en un 50 por ciento.
Los financiamientos que se autorizaron de 1999 a 2011 se distribuyeron para la construcción de 352 conjuntos habitacionales, advierte el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna.
“Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel otorgaron las licencias de uso del suelo en la construcción de Conjuntos Habitacionales a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del para apoyar sus aspiraciones políticas-electorales”.
Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Controversia Constitucional 66/2005,y determinó que las licencias de uso del suelo es facultad del municipio y no del gobierno del estado, pero nada pasó.
Marcela Velasco González, exsecretaria de Desarrollo Urbano, devolvió fianzas millonarias a Urbi, Geo, Sadasi, Ara y Homex que garantizaban la culminación de la infraestructura eléctrica e hidráulica de los conjuntos habitacionales.
Hasta ahora, en el 90 por ciento de los Conjuntos Urbanos no se han entregado las obras de urbanización por parte de las inmobiliarias a los municipios.
De ahí que los ayuntamientos enfrentan graves problemas para garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento de aguas residuales y alumbrado público.
Se firmaron los contratos de compra-venta y los contratos de créditos hipotecarios cuando no se habían construido los conjuntos habitacionales y estos se edificaron en propiedad ejidal, sin cumplir la figura jurídica de Dominio Pleno.
Pero el fraude no quedó ahí, tanto el gobierno del Edomex como las propias inmobiliarias contrataron a un grupo selecto de Notarios Públicos para avalar las operaciones.
Cuauhtémoc y Netzahualcóyotl Pérez Román, dueños de Grupo Constructor Urbi, igual que el presidente de la constructora Geo, Luis Orvañanos Lascurain formaron parte del Consejo Consultivo Empresarial que apoyó la candidatura de Enrique Peña Nieto, a la presidencia, asegura el Frente.
A poner orden
El Gobierno Federal está decidido a poner orden en el mercado inmobiliario, sobre todo cuando Urbi, Homex y Geo financian dos terceras partes de sus unidades vendidas con hipotecas del Infonavit
Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray confirmó la decisión del gobierno de mantener el subsidio a la vivienda e impulsar el crecimiento del sector.
Pero lo que no habrá, y lo aclaró recientemente al dar un ultimátum a las vivienderas emproblemadas, es un nuevo rescate, sobre todo porque el modelo de vivienda emprendido por estas empresas se basó en la acumulación de tierras inservibles para la construcción.
“No podemos usar recursos públicos para rescatar empresas y accionistas del sector privado que han tomado riesgo y que tienen que asumir la responsabilidad por sus decisiones”, dijo a los diputados.
Por lo pronto, la Comisión Nacional de Vivienda contará en 2014 con uno de los presupuestos más altos para otorgar subsidio a la vivienda social.
“No se puede seguir construyendo por construir y en cualquier lugar, a grandes distancias de las ciudades, sin agua potable, sin transporte público, lejos de fuentes de trabajo.
“Tenemos que construir vivienda en un modelo sostenible en materia de política urbana”, anticipaba Videgaray a los legisladores.
Para BBVA Research, la recuperación del mercado hipotecario de las grandes vivienderas debe ser impulsada por políticas públicas y privadas que aceleren el desarrollo de las zonas donde ya se ubican los desarrollos y en las reservas territoriales.
El estudio de BBVA Research detalla que uno de los motivos de la crisis que hoy afecta a las vivienderas es la caída en la demanda que inició en el 2009 y la pérdida del valor de sus reservas.
Los bancos se blindan
Aunque la cartera vencida de las desarrolladoras no pone en jaque a los bancos, si los obliga a constituir reservas para no perder utilidades.
Solo Homex, Geo y Urbi tienen pasivos con los bancos superiores a los seis mil millones de pesos y pueden llegar a los ocho mil millones si se suman los vencimientos de 2014.
No sería extraño, entonces, que para 2014 las políticas de la banca comercial para otorgar financiamiento bancario a la construcción de vivienda se endurecerán.
A BBVA Bancomer las desarrolladoras de vivienda le significan un riesgo total de dos mil 100 millones de pesos y tiene provisionados el 50 por ciento.
Para Banorte los créditos vencidos con las vivienderas podría representarles una pérdida de cinco mil 200 millones de peso, ya reservó poco más de cuatro mil millones.
Con este escenario poco alentador, a las desarrolladoras de vivienda pequeñas y medianas no les quedará otra más que buscar el financiamiento del mercado de valores para financiar su actividad.