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Cuatro policías municipales irrumpieron en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en la mañana del 17 de marzo pasado, con el argumento de buscar a un presunto ladrón de equipo electrónico.
El acceso a esa universidad privada, de corte jesuita, fue paralizado durante varios minutos por los oficiales del municipio de Zapopan, quienes marcaron el alto a un vehículo de un estudiante.
Revisaban no sólo el automóvil, sino a su propio conductor: un muchacho veinteañero que por esos días andaba en muletas. El joven pretendía ir hacia su aula, pues ese día presentaba un examen.
Dos policías siguieron al universitario y trataron de sacarlo del plantel a punta de empujones. La escena escaló de tono: estudiantes, académicos, personal de la institución pugnó por que no lo revisaran de arriba abajo.
“¡No pueden entrar!”, era lo menos que le gritaban los universitarios a los gendarmes. Todo el capítulo quedó plasmado en diferentes videos que circularon por redes sociales. Y el Ayuntamiento de Zapopan aseguró por la tarde de ese mismo día que los funcionarios serían investigados para ver si incurrieron en un acto ilegal.
“Sí se violó flagrantemente la autonomía universitaria. Lo que los elementos, en mi opinión, debieron haber hecho es, al momento en que topas con la caseta de vigilancia de esta institución educativa, ellos tenían la obligación de coordinarse con el gobierno de la institución”, declaró Francisco Jiménez Reynoso, académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), al portal Unión Jalisco.
Las autoridades de la institución privada denunciaron los hechos, como fue el caso del rector, José Morales Orozco, y el presidente de ITESO A.C., Guillermo Martínez Conte.
Y el alcalde Héctor Robles Peiro pidió una disculpa pública, aún así, las irrupciones policiacas en planteles universitarios de Jalisco han estado presente desde 2013.
El 17 de septiembre de 2013, elementos de la policía de Guadalajara y de la Fiscalía General del Estado ingresaron al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la UdeG, para revisar a estudiantes del campus; según los policías, los alumnos a los que iban a “pasar báscula” habían sido denunciados por presuntamente portar armas.
Ante la presión de alumnos y académicos, los gendarmes optaron por retirarse.
“Al entrar la fuerza armada sin solicitud de una autoridad competente, sin informar a una autoridad competente del centro universitario o de la universidad para decirles que iban a irrumpir, están violando la autonomía universitaria”, declaró el entonces rector del CUCSH, Héctor Raúl Solís Gadea.
Otro de los hechos ocurrió en enero de este año, cuando policías de la Fuerza Única de Jalisco irrumpieron en las instalaciones de la preparatoria que la UdeG tiene en Lagos de Moreno.
“Si bien la autonomía no significa la territorialidad, como se estableció por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí se requiere que sea la autoridad quien llame a la Policía o al Ejército, o que existiera una causa extremadamente grave, pero no una revisión de rutina, como hicieron”, dijo en su momento Roberto Castelán.
Policía y educación
Desde 2013 han ocurrido diferentes episodios protagonizados por policías y universidades; la actuación de los primeros ha ido en contra de la autonomía universitaria:
Marzo de 2015
> Policías de Zapopan irrumpen en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) para revisar a un alumno en muletas, señalado supuestamente de robo.
Enero de 2015
> Policías de la Fuerza Única Regional entran a la preparatoria de la UdeG en Lagos de Moreno, para buscar a estudiantes que supuestamente consumían drogas.
Septiembre de 2013
> Policías de Guadalajara entran a un centro universitario de la UdeG; según ellos, iban a revisar a unos estudiantes que presuntamente portaban armas.
La responsabilidad del autogobierno
El principio de autonomía universitaria constituye, como diversos expertos apuntan, un concepto claro de autogobierno.
“La autonomía universitaria implica la defensa de que cada institución educativa pueda organizarse y gobernarse”, coincidieron los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, y de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, en la presentación del libro “Autonomía universitaria”, del asambleísta legislativo del Distrito Federal, Salvador Martínez Della Roca.
El concepto nació el 9 de junio de 1980 –al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación– por medio de una reforma al artículo tercero constitucional.
“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.
“Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”, se puede leer en la fracción siete del mencionado artículo.
En el marco de la ley
“Autonomía no es extraterritorialidad o falta de respeto a las leyes que rigen a los habitantes de un país y de un estado. La autonomía es facultad de autogobernarse en lo académico”, según lo reseñado por el estudio “La Nueva Autonomía Universitaria”, de María Esther Avelar Álvarez y Carlos Ramiro Ruíz Moreno, profesores de la UdeG.
De acuerdo con documentos finales del Foro “La Autonomía Universitaria Hoy: Experiencias y Desafíos en América Latina”, que se llevó a cabo en mayo del 2011 en Guadalajara, el marco legal de esta figura es limitado y desigual en el continente, lo que ha permitido violaciones graves a la misma.
“Desde el nacimiento de la autonomía universitaria en América Latina, ha sufrido permanentes agresiones y violaciones en la gran mayoría de los países latinoamericanos, que han llegado incluso a la intervención militar en los campus universitarios”, según el documento, firmado por alrededor de 30 universidades del continente y siete instituciones invitadas.
Revisiones de rutina
La entrada de policías a un plantel, sin un petición de las propias autoridades educativas, constituye el principal meollo de la problemática.
Es justo la llamada revisión de rutina la que constituye el origen de esta problemática, como lo expusieron diversos académicos del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO, ante lo ocurrido hace más de una semana.
“Son un tema añejo las violaciones de derechos humanos que surgen de las revisiones de rutina o detenciones ilegales como la presente, en las que la autoridad, aún en conocimiento de que atentan contra los derechos, las sigue haciendo como una práctica cotidiana.
“No se puede combatir el delito cometiendo otro como lo es el abuso de autoridad”, es el pronunciamiento de los docentes.