Quejas vs. jueces, lado oscuro del Consejo

En abril del 2009, el Consejo de la Judicatura de Jalisco fue denunciado por el Instituto de Transparencia y de Información Pública del Estado de Jalisco (ITEI) por negarse a acatar una resolución de dicha autoridad en relación a la entrega de información de quejas contra jueces. 

Y durante 2008 hubo al menos dos resoluciones del organismo de transparencia en el estado, en las que se le pedía al Consejo transparentar datos sobre amonestaciones contra empleados del Poder Judicial. 

Incluso en el recurso de revisión  388/2008, el ITEI resolvió que se diera “acceso de forma gratuita a la información contenida en la página de Internet del H. Consejo del Poder Judicial, que en la página se muestren las quejas interpuestas ante los funcionarios del Poder Judicial, sus resoluciones, así como los acuerdos y resoluciones del Tribunal Electoral y Tribunal de lo Administrativo”. 

Aunque de entonces a hoy la composición del Consejo de la Judicatura es diferente, las prácticas que eran de alguna forma señaladas en las solicitudes de información de  ciudadanos reflejan un problema que prevalece en el organismo: la opacidad. 

Y es que aunque en otras entidades federativas como el Distrito Federal o Nuevo León el Poder Judicial tiene bien establecido y funcionando su “Boletín Judicial” para que los ciudadanos puedan consultar los procesos que llevan los juzgados, en Jalisco el servicio lo brinda una empresa privada. 

En la página http://www.boletingdl.com.mx/ con un costo de 500 pesos al mes, se tiene acceso a consultar los procesos en los juzgados jaliscienses. Es un servicio que por ley debería otorgarse, pero en Jalisco se cobra y empresas privadas sacan provecho de ello. 

Y es que el sitio web del Consejo de la Judicatura tiene serias carencias. Las actas de las sesiones del consejo no están actualizadas y el formato de entrega hace difícil su consulta, pues se presentan todas juntas en un solo documento (tipo PDF) de cientos de páginas.

¿Combate a la corrupción?

En abril de este año el Consejo de la Judicatura anunció un Plan de Combate a la Corrupción en el que ofreció una línea telefónica y un correo electrónico para denuncias contra funcionarios del Poder Judicial. 

De este modo si un ciudadano es víctima de un funcionario que abuse de su poder, puede llamar y –según la información proporcionada en la extensión  2701 de la línea 30012345, el número de denuncia- puede presentar una denuncia de forma anónima. 

¿Cómo? Al parecer, y según lo referido al reportero de este medio por la empleada que contestó a la línea de denuncia del Consejo, mediante un escrito donde se describan los hechos. 

La denuncia (“nada más especifique qué quiere que se haga de forma anónima”)  debe ser enviada al correo electrónico: [email protected], según se señala en la página de Consejo de la Judicatura.  

Pero la información sobre las quejas parece estarse llevando de forma sigilosa, y sin muchas prisas. 

El 11 de septiembre pasado Luis Campos, el abogado de Mauricio Borrego (defensor de las víctimas de Thomas White en Estados Unidos, que está en la cárcel acusado de extorsión al presunto pederasta), interpuso una queja contra la juez segundo de lo penal en Puerto Vallarta, Gabriela Alejandra Enríquez Serrano, quien lleva el caso de su cliente. 

A pesar de que ya casi transcurre un mes, apenas se admitió la queja, donde se vincula a la juez con la defensa de White por haber asistido a un evento a Casa Blanca, la famosa residencia donde el presunto pederasta realizaba sus reuniones con menores. 

Pero a la fecha no existe una resolución sobre algún posible procedimiento o alguna sanción o amonestación contra la juzgadora. El caso se lleva lento. 

También han quedado en el silencio el de los dos jueces denunciados por la Fiscalía General del Estado (FGE), uno de ellos Miguel Valenzuela González, acusado de haber liberado a dos presuntos secuestradores durante su paso por un juzgado de Puerto Vallarta. 

Y apenas el pasado 2 de octubre se anunció que otros dos juzgadores (José Efraín López Pérez y Martha Leticia Padilla Enríquez), denunciados por autoridades ministeriales por actuar de forma indebida, evitaron su proceso de desafuero mediante un amparo. 

Lo mismo podría suceder con los casos de otros jueces, pues según la versión del Colegio de Abogados, el Ministerio Público no lleva el debido proceso cuando interpone estos recursos contra los juzgadores. 

La lentitud y sigilo con la que se llevan los casos preocupan, pues es como si de algún modo los jueces de Jalisco se mantienen como figuras incuestionables e intocables, a pesar de que se les encuentre culpables de casos de corrupción o abuso de poder. 

A la fecha mucha de la información que por Ley debería estar en su página no se publica, y la información sobre las sesiones del consejo se publica de forma incompleta y actualizada a enero de este año,  con nueve meses de desfase. 

Tal manejo de la información mantiene en la oscuridad los expedientes de los jueces acusados de corrupción o tomar decisiones parciales, propiciando que en el sistema de justicia jalisciense permanezcan malos elementos.

Medidas correctivas que no funcionan

“No vamos a tolerarlos, menos cuando suelten a criminales con el argumento de que su consignación fue mal hecha, que es el argumento frecuente”, señaló el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en agosto pasado, cuando se revelaron los casos de los jueces denunciados por la FGE. 

También el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco (STJJ) y del Consejo de la Judicatura, Luis Carlos Vega Pámanes, dejó ver su indignación: 

“Un juez que estuvo en Chapala fue cambiado a Ciudad Guzmán y siguió cometiendo sus fechorías. Ya lo tenemos detectado, digo fechorías porque ya se le había llamado la atención en forma verbal de parte del suscrito a este titular, lo cambiamos como una medida correctiva, llegó a Ciudad Guzmán y dejó en libertad a procesados, a personas que habían participado con la delincuencia organizada”.

Pero a la fecha ni el gobernador ni el magistrado presidente parecen haber llevado su indignación a hechos concretos. Y es que no se han anunciado acciones contra ninguno de los juzgadores denunciados. 

Lo que más preocupa es que en el caso de uno de los jueces denunciado por liberar a miembros del crimen organizado, ya había sido cambiado de juzgado como “medida correctiva”, según señaló Vega Pámanes. 

Y es que si las amonestaciones contra los juzgadores que se dejan comprar no van más allá de un simple llamado de atención, los beneficios por estar del lado de los criminales seguirán siendo seductores. 

Las laxas medidas correctivas del Poder Judicial no parecen ayudar a limpiar el sistema de justicia en Jalisco, donde la corrupción permite que un abogado defensor de víctimas de abuso infantil purgue una sentencia por conseguir legalmente una indemnización en otro país para los menores abusados.