La discusión ahora se centra en que el patrón sustituto tendría que ser la CFE, y en esa paraestatal recaería pagar salarios caídos y recontratar a los trabajadores eléctricos
La extinción de Luz y Fuerza del Centro ha entrado y salido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un par de semanas antes de que termine la administración de Felipe Calderón, el tema regresa a los magistrados. Pero los ministros ya dieron una vez su opinión respecto al tema y podría no ser favorable para las autoridades.
El Gobierno federal pidió la revisión del amparo 1337/2010, que ganó el Sindicato Mexicano de Electricistas, y por el que podrían cobrar sus salarios caídos de los últimos tres años.
El fallo del Segundo Tribunal en Materia Laboral del Primer Circuito se dio el pasado 13 de septiembre y es considerado tanto por el líder de los trabajadores, Martín Esparza, como su abogado, Carlos de Buen, como un triunfo.
La contraparte, el gobierno federal, se siente confiada en que la extinción fue apegada a derecho.
Sin embargo, la discusión ahora se centra en que el patrón sustituto, que tendría que ser la Comisión Federal de Electricidad, y en esa paraestatal recaería pagar salarios caídos y recontratar a los trabajadores. La deuda tan solo de los aproximadamente 15 mil trabajadores que no aceptaron la liquidación en 2009, ascendería a 12 mil millones de pesos.
Pero, si se gana una demanda paralela al amparo que ya tienen a su favor, el costo para el erario sería de 32 mil millones de pesos. Esto a pesar de que el presupuesto que se le daba a Luz y Fuerza del Centro, de aproximadamente 33 mil millones de pesos, lo absorbió CFE. Por lo tanto la responsabilidad caería en la nueva administración de Peña Nieto.
Y es que sobre ese mismo amparo directo 1337/2010 la Procuraduría General de la República solicitó a la SCJN que implementara su facultad de atracción y resolviera. Lo solicitó mediante el oficio PGR/048/11 presentado el 2 de febrero del 2011. Sin embargo, por mayoría de votos negaron esa solicitud que se perdió por cuatro votos en contra.
La oposición fue que la materia a resolver es estrictamente legal y el Tribunal Colegiado tiene toda la información, conocimiento y herramientas para resolver.
“Consideró la mayoría de ministros que, en el caso, no se reúnen los requisitos de importancia y transcendencia para ejercer la facultad extraordinaria solicitada”, dijo el ministro ponente. Si bien esta resolución no es vinculante con la nueva solicitud del gobierno federal, anunciada por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, sí da un panorama de cómo ha sido tratado ya este tema por la SCJN.
La revisión fue aceptada en Segunda Sala de la Suprema Corte, encargada de la materia laboral. Los abogados del SME ya interpusieron una reclamación al considerar que no tenía sustento. Si el recurso de reclamación no procede, la Segunda Sala tendría que estudiar la resolución del Segundo Tribunal, al que hace apenas un año consideró totalmente apto para atender el tema. Podría incluso enmendar la plana y cambiar el fallo a favor del Gobierno federal. Este escenario es poco probable de acuerdo a la defensa del SME.
Además, la presión política será menor ya que Felipe Calderón no será el presidente.
