‘¿Quién podrá defendernos?’

Ante la inminente aprobación de la reforma laboral, en Jalisco crece la preocupación en un sector con un alto perfil maquilador que cuenta para su defensa con una autoridad mediadora corrompida.

Y es que los abogados laborales son los más beneficiados con los cambios en la ley que acentúan la figura del conciliador, que en el estado se ha prestado al coyotaje.

Al interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) existen grupos como “Los Talibanes” que se coluden con los burócratas y logran lo que sea, a costa de lo que sea.

Por estas cuestiones, aunque ya se dio el primer golpe al sector laboral en la Cámara de Diputados, sindicatos jaliscienses se sumarán a la protesta en el Senado.

Los sindicatos independientes como el de la empresa Honda se unen a los de trabajadores del Estado como la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM).

Estos agremiados no representan ni el cinco por ciento del poder sindical total de Jalisco, pero insisten en que no van a desmovilizarse porque lo que se propone en la ley es un nuevo orden social que alterará el futuro de jóvenes y viejos.

Estos sindicatos independientes se oponen a la subcontratación con empresas de outsourcing, las prestaciones a cuenta gotas y los horarios indefinidos, así como la restricción en el catálogo de enfermedades para la cobertura del seguro.

Pues con los cambios en ley habrá incapacidades solo por enfermedades “propias al trabajo”.

Los jóvenes tendrán contratos de prueba que se podrán extender hasta seis meses y en su caso el patrón podrá determinar si continúan o no.

Tratándose de los despidos el patrón llevará mano a la hora del juicio pues los sueldos caídos sólo podrán extenderse hasta un año.

No hay negociación colectiva del contrato laboral, la nueva ley personaliza las contrataciones y asume criterios en favor del patrón.

Y con agentes mediadores –como los de de la junta local- que se venden al mejor postor, el resultado no puede ser favorable para el trabajador.

Para el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM) la nueva ley “busca mantener los contratos colectivos de protección patronal y evitar la libre sindicalización de los trabajadores”.

Pues la autoridad interviene en la“validación del padrón, o incluso en informar al patrón de los trabajadores que se han cambiado de sindicato (…) actualmente los juicios de titularidad de Contrato Colectivo de Trabajo son mediante voto secreto”, señala Raúl Pallares secretario del STUHM.

En ese sentido, los 100 mil trabajadores de la industria maquiladora de Jalisco -que aglutina a grandes firmas internacionales- sí están sindicalizados, pero generalmente no conocen ni a su líder sindical ni su contrato laboral.

Lo anterior es algo que refiere el coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Jorge Barajas Martínez.

Barajas Martínez considera que en ese contexto la reforma laboral sólo perpetúa prácticas que hasta hoy son comunes en el sector.

A las voces de los sindicalistas y activistas se suman las de algunos expertos.

Alfonso Bouzas Ortiz, de la Universidad Autónoma de México (UNAM), refiere que la reforma mexicana es peor que la española o la portuguesa, países en crisis económica.

Por eso a pocas semanas de que se apruebe la ley, una centena de sindicatos que forman parte del Frente contra la Reforma Laboral, han iniciado una consulta pública por Internet.

Con ella buscan propagar información y generar un bloque de contención contra los cambios en la ley que todavía se discuten en el Senado.

Parte de la estrategia será también acercarse a los centros universitarios para que los jóvenes conozcan la reforma.

De hecho convocan a una gira a la Ciudad de México el próximo 11 de octubre en donde protestarán en el Senado y el 15 de octubre realizarán otra marcha en el centro de la ciudad.

“No hay que resignarnos, tenemos que seguir movilizándonos”, refiere Cuauhtémoc Peña Cortéz de la FGTEM, a él se unen los trabajadores sindicalizados del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y otros servidores públicos.

Y es que la nueva ley no sólo tendrá repercusiones en el ámbito privado,  también tocará al personal de las dependencias públicas.

La legislación contempla contratos por hora -pagadas a 7 pesos- y sin duración precisa, por lo que el Estado también podría despedir y recontratar a su antojo.

Peña Cortéz recuerda que en semanas anteriores el SIAPA tuvo modificaciones y ahora el organismo dependerá del Gobierno del Estado, por lo que ahora existe la posibilidad de que el gobierno no reconozca al sindicato y busquen eliminarlo.

Y es que las prácticas desleales del Estado con los burócratas de bajo nivel también son comunes.

La inestabilidad laboral en Jalisco es tal que los servidores públicos firman contratos de cinco meses y medio, luego son obligados a descansar 15 días y con ello no generan antigüedad.

Excesos que cuestan hoy a los municipios y otras entidades públicas millones de pesos en la indemnización de personal, pues una vez despedidos recurren a la JLCA o al Tribunal de Escalafón.

El Palacio de la Impunidad

La nueva Ley Federal del Trabajo no toca figuras como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

El propio titular de la dependencia, Ernesto Espinoza Guarro –cercano al ex gobernador Francisco Ramírez Acuña- reconoce que el rezago es tal que la JLCA tiene pendientes de resolución casi 25 mil juicios.

El estudio realizado por CEREAL denominado “El Palacio de la Impunidad, Impartición de Justicia o Repartición de Ganancias” destaca que en la entidad un juicio laboral se resuelve en 24 meses.

Cuando en entidades como San Luis Potosí el tiempo promedio para recibir sentencias es de 4 meses; o en Nuevo León y el Distrito Federal de 12.

El CEREAL identifica que por lo menos el 30 por ciento de los juicios interpuestos por un particular son afectados por “errores” que detienen la resolución de los conflictos o en su caso los alargan.

La desaparición de los expedientes es también práctica común, el informe de CEREAL señala que por lo menos 50 por ciento de los expedientes se pierden en el trayecto.

Algunos abogados laboristas consultados por Reporte Indigo refieren que la impunidad es tal que los encargados de los laudos y sus subalternos están acostumbrados a recibir mínimo 100 pesos por cada diligencia que hacen.

Incluso por levantar una audiencia, cuando esa es su obligación.

Las prácticas son viejas y se han ido agudizando, señalan los consultados.

Al interior de la junta existen grupos de coyotes también conocidos como el grupo de “Los Talibanes” que se coluden con los empleados de la junta y logran lo que sea.

Los Talibanes han sabido utilizar a favor las prerrogativas que favorecen a los trabajadores de la Ley Federal del Trabajo, para poder prolongar hasta el final un juicio y que entonces las ganancias sean mayores.

No buscan conciliar. Con dinero y favoritismos logran que las resoluciones les favorezcan.

Al respecto el CEREAL identificó que por los menos el 90 por ciento de los funcionarios de la junta se han visto envueltos en arreglos con los abogados.

Cada vez son más los coyotes que se encuentran a las afueras de la Junta de Conciliación pescando clientes que después llevan a un despacho de abogados para realizar el negocio.

Por cada cliente, el coyote recibe 300 pesos; en promedio pescan tres personas diarias. Un abogado gana alrededor de 10 mil pesos por cada cliente. Pero este tipo de prácticas no causan mella en las autoridades del Estado, quienes desde 2007 tienen identificadas las malas prácticas en la junta y no han emprendido acciones.

El responsable de la Junta de Conciliación es el gobernador Emilio González Márquez –no el Presidente del Poder Judicial, como podría asumirse- y se otorgó un presupuesto en 2012 de 39 millones de pesos para su operación.

El mercado laboral jalisciense

Aunque compañías transnacionales de alta tecnología se han instalado en el estado y han sido fuente de empleo en las últimas décadas, las condiciones laborales en el estado no son las mejores.

Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) el salario mínimo para Jalisco en 2012 es de 60.57 pesos diarios.

Y de la cifra total de trabajadores activos en la entidad, menos de la mitad gozan de servicios de seguridad social.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2011 (ENOE) la cifra de ocupación de personas en Jalisco es de 3.3 millones, sólo por debajo del Distrito Federal y el Estado de México que juntos suman 10.3 millones.

Las dos industrias que más empleos generaron en Jalisco en 2011 según PROMEXICO son las de servicios y comercio, que tiene contratados a 1.3 millones y 756 mil empleados, respectivamente.

La industria de manufactura tiene 585 mil y las agroindustrias cerca de 307 mil trabajos. Le siguen actividades laborales como la construcción con 244 mil plazas.

La ENOE confirma que Jalisco se encuentra entre los estados con mayor participación en la actividad económica solo debajo de Colima, Quintana Roo y Baja California Sur.

Entre los empleos eventuales y permanentes, Jalisco cuenta en total con un aproximado de 1.3 millones de trabajadores afiliados al IMSS, con esto la cifra de trabajadores que no están afiliados es de alrededor de 2 millones.

A esta cifra habría que restarle los empleos informales, pero es un hecho que pocos trabajadores en Jalisco cuentan con seguridad social.

Aunque según cifras nacionales, la situación del estado no está tan mal, pues en todo México de las 46.8 millones de personas ocupadas en 2011,  según la ENOE, solo 15.2 millones estaban asegurados en el IMSS según datos del instituto.