El presidente Felipe Calderón, durante su visita a Washington, negó que el crimen organizado estuviera detrás del levantón del político blanquiazul. Pero la agresión sufrida por el general Acosta Chaparro pareciera indicar que quien se llevó a “El Jefe Diego” tiene igual o más poderío.
El lunes 18 de mayo, a las 9:45 de la noche, a una distancia de 4 metros, un hombre esperaba en la colonia Roma, de la Ciudad de México, al general brigadier retirado Mario Arturo Acosta Chaparro.
Fue en el cruce de las calles Sinaloa y Tampico, una coincidencia de nomenclaturas en la que hacen intersección los territorios de los dos cárteles mexicanos más poderosos: el del Pacífico y el del Golfo.
Y cuando el militar retirado salía de un edificio ubicado en el número 241 de la calle Sinaloa, el hombre que lo esperaba se puso en posición de tirador y le disparó. El agresor se dio a la fuga.
Así quedó asentado en la averiguación previa ACI/T1/0086/10-05 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que está en poder de Reporte Indigo.
Lo que no le pasó al experimentado militar durante sus 45 años en la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Coordinación de Seguridad Nacional, le ocurre justo cuando tiene cuatro días como encargado de una investigación privada solicitada por familiares de Diego Fernández de Cevallos. Su misión era dar con el paradero del ex senador y con los responsables de su “desaparición.
Hoy Acosta Chaparro se debate entre la vida y la muerte por los cuatro impactos de bala que recibió. Se encuentra en terapia intensiva y se afirma que una de las balas pasó cerca del corazón y afectó los pulmones.
Aunque al principio la PGJDF señaló que se trataba de un intento de asalto común, la noche del 19 de mayo las cosas cambiaron. Se anunció que se abría una “averiguación previa por tentativa de homicidio”.
Con este acto, el caso de la insólita desaparición de Diego Fernández de Cevallos, ocurrida la noche del 14 de mayo pasado, comienza a reflejar el poder de quien o quienes se llevaron al ex senador panista.
El presidente Felipe Calderón, durante su visita a Washington, negó que el crimen organizado estuviera detrás del levantón del político blanquiazul. Pero la agresión sufrida por el general Acosta Chaparro pareciera indicar que quien se llevó a “El Jefe Diego” tiene igual o más poderío.
Antes del atentado, el militar en retiro llegó a comentar que la desaparición de Fernández de Cevallos era, muy probablemente, un “tema de dinero”, y no descartaba la participación de la guerrilla.
¿Quién se llevó a “El Jefe Diego”? ¿Quién no quiere que Acosta Chaparro, experto en temas de secuestro, continúe con su investigación? ¿Qué fibras tocó el militar en su indagatoria que generó tal reacción?
EL SABUESO DE ‘EL JEFE’
Desde el sábado 15 de mayo pasado, a petición de familiares de Diego Fernández de Cevallos, el general brigadier retirado Mario Arturo Acosta Chaparro realizaba una investigación privada sobre la desaparición del ex candidato presidencial del PAN.
Acosta Chaparro, con 45 años de experiencia en el Ejército, siempre en puestos clave, incluyendo en la época de la llamada Guerra Sucia, llevaba a cabo las pesquisas del caso Diego personalmente.
Hacía sus indagatorias en forma paralela a las que realiza la Procuraduría General de Justicia de Querétaro con la coadyuvancia de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
De acuerdo a información obtenida por Reporte Indigo al día siguiente del atentado contra Acosta Chaparro, la familia del ex senador recurrió de manera confidencial a Acosta Chaparro para resolver el caso de la “desaparición”, como ha clasificado el gobierno federal este caso. Esto refleja implícitamente que los allegados a Fernández de Cevallos no tenían plena confianza en la actuación de las autoridades, ni locales ni federales.
Antes de partir a su viaje a España, el sábado 15 de mayo, el presidente Calderón encargó las pesquisas a su hombre de más confianza: el secretario Genaro García Luna.
El controvertido funcionario se auxilió de su brazo derecho, el coordinador de Seguridad Pública Regional y responsable del área antisecuestros, el polémico Luis Cárdenas Palomino.
“Estos están perdidos, y yo siempre me manejo con bajo perfil”, llegó a comentar el general de más de 65 años, quien llevaba a cabo la indagatoria sigilosamente.
El controvertido general tiene experiencia profesional en conocimiento y combate a grupos armados clandestinos y en temas de seguridad nacional, como narcotráfico.
Acosta Chaparro formó parte de la Brigada Blanca y de la Dirección Federal de Seguridad. Fue jefe de la Policía Judicial de Guerrero con el gobernador Rubén Figueroa (1975-1981) y estuvo en la Coordinación Nacional de Seguridad Pública, con Arsenio Farell Cubillas, en el sexenio de Ernesto Zedillo.
También se le adjudicó conocimiento, e incluso complicidad, en materia de narcotráfico.
De acuerdo a la información recabada, Arturo Acosta Chaparro habría alcanzado a comentar algunos detalles sobre sus líneas de investigación. Dijo que creía que era un tema de dinero, y no descartaba que detrás del plagio estuviera la guerrilla.
Pero el lunes 17 de mayo, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (EPR) envió un comunicado sin precedente para deslindarse de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos.
“Es lamentable la desaparición del Sr. Licenciado Diego Fernández de Cevallos, cualquiera que sea el origen o motivo, es un hecho doloroso para la familia, dolor que conocemos y sabemos por lo que están pasando”.
El señalamiento era casi irónico. El próximo 25 de mayo se cumplen tres años de la “detención-desaparición forzada” de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
“Sabemos del dolor por el que pasa la familia del señor Diego Fernández de Cevallos porque nosotros también tenemos a dos de nuestros compañeros detenidos desaparecidos por las fuerzas represivas del Sr. Felipe Calderón Hinojosa, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; conocemos de su dolor por el dolor que han pasado y viven los familiares de los cientos de luchadores sociales que han sido detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano, de los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos, por los 37 petroleros de Cadereyta desaparecidos en las mismas fechas que nuestros compañeros, por los miles de ‘levantones’ y asesinatos que ha implicado la supuesta guerra contra el narcotráfico”.
Nadie entendió entonces por qué el movimiento armado que surgió del PROCUP se deslindaba. Era una reacción que aparentemente surgía de la nada.
Al conocer el comunicado, Acosta Chaparro expresó: “que digan que no son ellos no forzosamente significa que sea verdad”.
Mientras escribimos esta nota, en la página electrónica cedema.org, medio de comunicación de movimientos radicales, el EPR acaba de emitir un nuevo comunicado que concluye así:
“La responsabilidad de la detención-desaparición de nuestros dos compañeros en Oaxaca recae directamente en el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, Ulises Ruiz y Felipe Calderón”.
Oropeza es considerado uno de los pupilos más cercanos al general Acosta Chaparro.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, ¡A exigir la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país!, ¡por la presentación de todos los detenidos desaparecidos!
“¡Por la revolución socialista!, ¡vencer o morir!, ¡por nuestros camaradas proletarios!, ¡resueltos a vencer!, ¡con la guerra popular! ¡el EPR triunfará!”, dice el comunicado.
EXPERTO ANTISECUESTROS
Acosta Chaparro ha sido uno de los principales investigadores de secuestros en el país durante las últimas décadas.
Aun cuando estaba en las filas militares era buscado por particulares para que les ayudara a resolver casos de plagios.
El general, con su experiencia, conocimiento y redes de información, casi siempre daba con el plagiado y sus secuestradores, lo cual le creó fama en un reducido círculo.
Quienes conocen a Acosta Chaparro lo describen como un hombre duro, frío y eficaz. Con los años, sus habilidades se han afinado. Como dice el refrán, “más sabe el diablo por viejo que por diablo”.
Dada su experiencia en el manejo de información de inteligencia militar, el general tiene a su alcance fuentes de información y métodos que le ayudan a ser eficaz en sus pesquisas.
Hay quienes afirman que tiene una posición muy clara contra el delito del secuestro.
Fue por eso que la familia de Fernández de Cevallos lo contactó desde el sábado 15 de mayo, cuando se percataron de la desaparición de “El Jefe Diego”.
El atentado que sufrió el militar el martes 15 de mayo es motivo de preocupación para sus allegados.
“Para cazar así a Acosta Chaparro se requieren muchos ‘güevos’, no está tan fácil”, dijo una de las fuentes, dando a entender que se necesitan tareas de seguimiento y contrainteligencia.
La habilidad para solucionar secuestros no es la única que tiene el general.
Se habla de su profundo conocimiento en materia de narcotráfico y crimen organizado. Incluso se le llegó a vincular con organizaciones criminales.
Específicamente, se le acusó de presunta colusión con Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. Por este hecho fue detenido en el año 2000. Y en 2002, un consejo de guerra le impuso una condena de 15 años de prisión.
Luego de casi siete años de reclusión en la cárcel del Campo Militar No. 1, Acosta Chaparro volvió a la vida en junio de 2007.
A los pocos meses de haber iniciado el sexenio de Felipe Calderón, fue liberado mediante un amparo otorgado por el Quinto Tribunal Colegiado, ya que el Supremo Tribunal Militar que lo había enjuiciado no presentó pruebas suficientes de su culpabilidad. A consideración del tribunal civil, no se presentaron pruebas suficientes para acreditar la supuesta colusión del general con el narcotráfico.
Al poco tiempo de su liberación, fue consejero de Calderón y del jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, en temas de seguridad nacional
En una ceremonia realizada el miércoles 23 de abril de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo condecoró como miembro de un “selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”. Su cuestionado pasado quedó atrás.
Un dato conocido sólo por su círculo más cercano es que la esposa del general, Silvia, miembro de una de las familias más prominentes de León, Guanajuato, es “prima” del ex presidente panista Vicente Fox, quien es muy amigo de “El Jefe Diego”, a quien acababa de contratar como abogado para un litigio personal.
Mercedes Quesada, madre de Fox, era madrina de Silvia, quien le decía “tía”. Al ex presidente lo llamaba “primo”.
MENSAJES CRUZADOS
Alrededor de las 15:00 horas del 17 de mayo, los medios de comunicación comenzaron a difundir un boletín fechado ese día y emitido por el EPR en la página electrónica cedema.org.
“No sabemos si su desaparición es por motivos políticos, por sus pugnas interpartidarias o por la descomposición social de este régimen neoliberal. Pero, como se trata de un connotado político este régimen lo busca y hace todos los espavientos por encontrarlo volcando todo el apoyo del Estado a la familia, hecho que contrasta cuando se trata de un ciudadano que no tiene fortuna económica o un apellido de renombre, o de un luchador social porque en estos casos se trata con desdén y se menosprecia el dolor de las familias”, afirmó el movimiento armado en el documento.
La familia de Fernández de Cevallos no había hecho declaración alguna sobre el tema. Hizo su único pronunciamiento ese mismo lunes, minutos después de que se dio a conocer el comunicado del EPR.
Fue un escueto comunicado leído por el ex procurador Antonio Lozano Gracia, socio del despacho de “El Jefe Diego”, en algunas estaciones de radio.
Afirmó que la familia “hace un llamado a las personas que retienen al licenciado Diego Fernández de Cevallos a que entablen comunicación, en aras de negociar su liberación”. El escrito estaba firmado por Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo del político panista.
Ese mismo día, el vocero de la PGR, “la única” dependencia autorizada para emitir información sobre la “desaparición” del político, descartó que un grupo armado hubiera privado de la libertad al ex senador.
“Podemos precisar hasta el momento que no fue una agresión de un grupo armado o algo por el estilo, en función de que tampoco se hizo un gran escándalo alrededor de la salida de Diego de esa zona”, explicó Ricardo Nájera.
Pero no explicó el fundamento de sus palabras.
DESCONFIANZA
Aunque oficialmente la Procuraduría General de Justicia de Querétaro es la responsable del caso, en los hechos han tomado el control de las pesquisas el secretario Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, jefe Antisecuestros de la Policía Federal.
La solicitud de los servicios de Acosta Chaparro por parte de la familia del ex candidato presidencial refleja desconfianza en el gobierno federal.
Y no es para menos. Al interior de la administración federal es conocida la animadversión mutua entre el grupo político y de gobierno de Diego Fernández de Cevallos, y García Luna y su gente.
Hace unas semanas, se llevó a cabo un encuentro sobre seguridad nacional en el estado de Morelos. A la reunión no pudo llegar el procurador general de la República Arturo Chávez Chávez.
Sin ninguna discreción, García Luna hizo un mordaz comentario.
“¿Y ahora dónde está nuestro sparring? ¿Ahora de quién nos vamos a burlar?”, dijo el funcionario refiriéndose al titular de la PGR, quien es amigo personal y ex socio de Fernández de Cevallos.
Además de las diferencias, está la ineficacia de la SSP federal en temas de secuestro. Al extremo de que la ex subdirectora de Secuestros Lorena González Hernández, conocida como “La Comandante Lore”, subalterna de Cárdenas Palomino y Facundo Rosas Rosas, titular de la PF, está acusada de ser una de las secuestradoras del menor Fernando Martí.
Además, elementos de lo que fue la Agencia Federal de Investigación (AFI) han denunciado por escrito que narcotraficantes que se han acogido al programa de testigos protegidos han imputado a García Luna y Cárdenas Palomino presuntos vínculos con el crimen organizado.
EL ATENTADO
Eran alrededor de las 21:45 horas. Minerva Vanessa Karim Demicelis Lotfy acompañó al general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro a la puerta. Cuando se despedían, sobre la calle Sinaloa, vio a un hombre que venía de la calle Tampico. Al ver al ex militar, esa persona asumió posición de tirador y le disparó a una distancia de cuatro metros.
La versión que dio Minerva Vanessa está contenida en un reporte interno de la PGJDF que echa por tierra la versión de un supuesto robo, y robustece la del atentado contra el ex militar que, ahora se sabe, investigaba la desaparición de Fernández de Cevallos.
Su declaración fue incorporada a la averiguación previa ACI/T1/0086/10-05 y HCM/056/2010, que se abrió en el Hospital Médico Militar, donde permanece internado el general en estado grave.
De acuerdo al documento interno, del cual tiene copia Reporte Indigo, Vanessa Karim relató ante el Ministerio Público local que el general llegó a su domicilio a las 21:30 horas, y 15 minutos después salió de su domicilio, ubicado en la calle Sinaloa 241, para abordar su vehículo, que estaba enfrente de la casa.
“La testigo refiere que ve que se aproxima un sujeto proveniente de la calle de Tampico, que a una distancia de cuatro metros dicho sujeto adopta una posición de tirador y le apunta con un arma a Mario Arturo Acosta realizando diversos disparos”, refiere el reporte.
El ex militar resultó lesionado, pero aún de pie, abordó su vehículo Mercedes Benz y se retiró del lugar a toda prisa.
La testigo señaló que en medio de la confusión y el miedo, observó que el agresor se fue por la misma calle que llegó, Tampico.
Después de ocho minutos, aproximadamente, llegaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y entrevistaron a Vanessa Karim, quien les detalló cómo ocurrieron los hechos.
“Se percatan que por la acera de enfrente iba caminando un sujeto cuya vestimenta coincidía con la que la testigo había referido como la que portaba el agresor, por lo que proceden a realizar la detención de dicho sujeto”, dice el reporte.
Los policías preventivos detuvieron a Joel Figueroa Cortés como sospechoso a pesar de que la testigo les había dicho que el agresor se había dado a la fuga por la calle Tampico.
LA FALSA VERSIÓN DEL ROBO
La versión de que pudo tratarse de un robo surgió, en primera instancia, del chofer del general, Rodolfo Chumacero Galindo, quien esa noche aguardó al interior del vehículo.
Chumacero Galindo, a quien se le ubica como un incondicional de Acosta Chaparro durante la Guerra Sucia desatada en el estado de Guerrero en los años 70, cuando desaparecieron cientos de campesinos y militares, también acudió a declarar ante el Ministerio Público local.
Dijo que al subir al automóvil, el general le dijo que el hombre que le disparó lo quiso asaltar, hecho que no concuerda con la versión de Vanessa Karim, quien refirió que el agresor disparó a una distancia de cuatro metros. No mencionó contacto físico o amenaza verbal.
Debido a la rapidez con la que ocurrieron los hechos, ni la Policía Preventiva de la SSPDF ni la de Investigación de la Procuraduría de Justicia capitalina alcanzaron a hablar con Acosta Chaparro.
Durante la inspección ministerial efectuada en la zona, los agentes encontraron cuatro casquillos de percusión central calibre .380 y rastros de sangre sobre la calle.
Ya en las instalaciones de la Fiscalía Central de Investigación intervinieron elementos de los servicios periciales en materia química para aplicar al presunto implicado, Joel Figueroa Cortés, las pruebas de rodizonato de sodio, alcohol y drogas. Los resultados fueron negativos.
Figueroa Cortés, de 22 años, dijo a las autoridades que no tenía relación alguna con el atentado. Que esa noche había salido de su domicilio, ubicado a pocos metros de donde ocurrieron los hechos, en la misma calle Sinaloa, para comprar una pomada para los labios.
Señaló que en ese momento se produjeron las detonaciones, por lo que de inmediato intentó ocultarse para no resultar herido.
Figueroa Cortés, originario de Chiapas, aseguró que vive con una tía y dos primos en la misma calle donde fue detenido por la policía.
La Policía de Investigación de la Procuraduría de Justicia capitalina corroboró los datos proporcionados por el detenido. Además, fue puesta a disposición del Ministerio Público Virgilia Candelaria Cortés, tía del inculpado, quien ratificó los datos proporcionados por Joel, quien podría quedar en libertad en las próximas horas.
En el círculo de Acosta Chaparro hay desconcierto. ¿Quién está interesado en impedir que continúe con su investigación sobre la desaparición de Diego Fernández de Cevallos?
Hasta el cierre de esta edición, el general permanecía en el área de terapia intensiva del Hospital Central Militar. Se afirma que se encuentra estable, aunque aún no pasa el peligro debido a su edad.
