Ramo 23: Caja chica sin control
A la par de la discusión sobre la Ley de Austeridad y el uso discrecional de recursos públicos, existe un fondo cuya falta de regulaciones ya pone en manos del Gobierno federal la administración de las finanzas públicas sin injerencia de los legisladores
Salvador VegaEl dinero acaparado por la Federación en el Ramo General 23 (Ramo 23) –y los múltiples fondos que esta bolsa financiera comprende– siguen sin tener reglas de operación claras para la distribución y administración de dichos recursos hacia los estados del país.
En 2019, los 112 mil 996 millones de pesos presupuestados para el también conocido “ramo de los moches”, se mantienen sin cambios pese a la intensa discusión sobre el uso discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de estos recursos públicos, así como la falta de criterios fiscales para la transparencia de su ejercicio.
“Existe una bolsa de dinero público, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, que puede gastarse sin reglas ni lineamientos porque no existe ninguna ley que regule su gasto: esta bolsa se llama Ramo General 23”, indica la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en su reciente informe sobre la discrecionalidad y el abuso en esta materia.
La SHCP tiene la facultad de modificar o reasignar recursos del Ramo 23 a las entidades y municipios sin consultar al Poder Legislativo
La investigación reveló que durante los últimos 10 años, el Ramo 23 recibió un sinnúmero de cambios desde el Poder Legislativo, en donde se logró un incremento presupuestal del 37 por ciento –aproximadamente 34 mil millones de pesos–, que debido a la falta de transparencia para su ejercicio se traducen en gasto opaco para el país.
575 mil
De igual forma, MCCI indicó que no solo los diputados incrementaron esta bolsa de recursos en los pasados sexenios, sino que también la SHCP excedió el tope presupuestal entre 2013 y 2018, gastando 575 mil millones de pesos más de lo originalmente contemplado. Un incremento de 74 por ciento del monto aprobado por el Congreso de la Unión.
Para Ricardo Alvarado Andalón, titular de esta investigación, uno de los hallazgos más interesantes fue la carencia de criterios para la distribución de estos recursos en el país. En entrevista para Reporte Índigo, detalló que la entidad que recibió más dinero hasta el momento es el Estado de México, con una concentración del 12 por ciento de los 575 mil millones de pesos que repartió el Ramo 23 durante el sexenio pasado.
113 mil
El investigador de MCCI puntualizó que una de las hipótesis para la distribución de estos fondos no necesariamente se relaciona con las entidades o municipios que tienen mayores necesidades, sino con aquellas que tienen mayor capacidad de administración de los mismos, por ejemplo en casos como el de la Ciudad de México.
“La cercanía del entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con la administración de Enrique Peña Nieto fue la que permitió a la Ciudad de México recibir más dinero. Porque aparentemente lo que te permite tener más recursos es una mayor capacidad de gestión”, mencionó.
Síntesis de la operación del Ramo 23
El punto medular para comprender el Ramo 23 y los múltiples resquicios operativos que dan pie a la corrupción o el abuso de las autoridades se encuentra en la función de la Secretaría de Hacienda, la cual tiene la facultad de modificar o reasignar recursos a las entidades y municipios sin consultar al Poder Legislativo.
Una maniobra que pese a ser legal, resulta altamente opaca debido a que se redistribuyen recursos de obras que ya no se realizan, pero que además se colocan en proyectos que no tienen definido un objeto de gasto.
La Secretaría de Hacienda tiene la discrecionalidad de asignar recursos sin avisarle a los diputados; pero eso es lo que no queremos. Lo que necesitamos es modificar la ley para que haya una mayor intervención del Legislativo en el proceso de gasto del dinero público
Por esta razón, Alvarado Andalón indica que es necesario desaparecer los fondos que reparten dinero a entidades y municipios desde el Ramo 23, a la par de generar leyes eficaces que permitan el acompañamiento de los diputados durante el proceso, a fin de reducir la discrecionalidad de estos gastos anuales.
“Se debe dejar ahí una reserva para atención a contingencias, pero el fondo debe de tener explicaciones y un mecanismo de solicitud (…) Sí necesitamos que haya una bolsa de dinero federal que apoye a las entidades en casos de emergencias, pero debe estar regulado con candados y mucha transparencia”, indicó.
Paralelismos
La revelación del reciente estudio sobre la falta de transparencia y regulaciones aplicables al Ramo 23 se dio en el contexto de la aprobación de la Ley de Austeridad en el Senado, en donde se autoriza el uso discrecional de recursos públicos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, Mariana Campos, coordinadora del programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, comentó que si bien no considera que esta nueva ley se trate de la famosa “partida secreta” presidencial, sí considera como un síntoma nocivo que se le otorgue este poder al mandatario nacional.
“La verdad es que darle al presidente esa facultad es un error. Un error para institucionalizar el gasto público, despersonalizarlo y para hacerlo apartidista”, explicó.
La experta en cuenta pública advirtió que esta clase de reformas podrían vulnerar el artículo 61 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde se faculta a las instituciones que generan ahorro para que lo administren de acuerdo al cumplimiento de sus metas. Algo que se perderá si el jefe del Ejecutivo reparte ese dinero de conformidad con sus propios criterios.
Si hacemos que el presidente sea quien decida cómo se gastan esos ahorros, me preocupa la incidencia que pueda tener en el presupuesto de las demás dependencias, arriesgando el cumplimiento de metas
“Es decir, que se generen ahorros pero más de manera artificial para darle al presidente una canasta de dinero. Allí los incentivos serían algo perversos; yo soy de la idea que quien trabaje y se esfuerce sea el que reciba esos incentivos”, agregó.
En vista de esta estructura que permite la discrecionalidad del gasto público, es por la que organizaciones de la sociedad civil como MCCI y México Evalúa piden que se generen leyes para regular el Ramo 23.
“Es necesario que ya se encuentre regulado en una ley. Lo hemos dicho desde 2014, insistido a los gobiernos en que se genere una ley del Ramo 23 en donde se definan sus funciones. Porque si no le van a ir saliendo ‘hijitos’ como ya hemos visto: fondos en donde se hace mal uso del dinero público”, concluyó Campos.
