Ratifica Senado a Murillo Karam

El pleno de la Cámara de Senadores ratificó ayer, con 114 votos a favor y una abstención a Murillo Karam, candidato propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 30 de noviembre.

Tras indicar que su perfil cumplía con todos los requisitos que marca la ley, Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado, tomó la protesta del priista como Procurador General de la República.

Murillo Karam dispondrá de 90 días para dar a conocer un plan de trabajo ante la Cámara Alta. Posteriormente, de acuerdo con una resolución de los senadores, deberá comparecer cada tres meses para informar los avances de la entidad que encabeza.

El priista se planteó como uno de sus retos principales que la PGR recupere la confianza de la ciudadanía: “Prefiero ver a un procurador cuya tarea central sea la defensa de la sociedad”. En este sentido, planteó la necesidad de sanear la imagen de una institución que se percibe la integran “policías malencarados”.

El hoy procurador afirmó que la dependencia que desde ayer está bajo su mando promoverá la modernización del sistema de justicia. También se comprometió a revisar la figura del arraigo; ello en el contexto del reciente llamado hecho por la ONU en el sentido de eliminar esta figura jurídica que sigue teniendo en México rango constitucional.

Unas horas antes el pleno de la Cámara de Diputados había aprobado, al inicio de la sesión, la solicitud de licencia de quien fue el responsable de llevar la defensa jurídica del triunfo electoral de Peña Nieto en el pasado proceso electoral.

“Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jesús Murillo Karam para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Quinta Circunscripción Plurinominal”, indicó el acuerdo mediante el que se le otorgó la licencia.

En la administración calderonista por la PGR pasaron tres responsables: Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales. 

Esta dependencia federal se mantuvo en el ojo del huracán por ser una de las instituciones de justicia que suscitó diversas polémicas inscritas en la lucha emprendida contra el crimen organizado.

Una de las más recientes se refirió al arraigo de tres altos mandos del Ejército: del ex subsecretario de Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, y de los generales Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas.