En la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México se vive un conflicto interno. Además de las dificultades que se le han presentado a esta administración por la alteración de los índices de criminalidad en el gobierno anterior, un clima de inconformidad ha escalado en la Coordinación General de Servicios Periciales.
Falta de materiales para trabajar, malos tratos hacia personal administrativo y operativo, así como presuntos episodios de corrupción, son algunas de las irregularidades que los empleados del área aseguran padecer desde hace años, pero que en los últimos meses se ha recrudecido.
A través de una carta con fecha del pasado 27 de febrero dirigida a la procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos, trabajadores de esa coordinación, a cargo de la doctora María Seberina Ortega López, sostienen que en su centro de trabajo impera un ambiente hostil e indigno motivado tanto por la dirección como por sus allegados de confianza.
“Estamos padeciendo de las arbitrariedades de nuestras autoridades, lo penoso del caso es que la Dra. María Seberina Ortega López debería conocer el actuar pericial y el funcionamiento administrativo por sus años de servicio en la institución, dándonos cuenta de que no es así, es una mujer rencorosa y vengativa que únicamente se encarga de desprestigiar a las autoridades anteriores”, se lee en el oficio.
Señalados por malos tratos figuran nombres como los de Virginia Guadalupe Cruz Domínguez, acusada de presuntamente realizar dictámenes a modo y beneficiarse de citas; Manuel Izquierdo Plata, tildado de irresponsable y de poseer un curriculum dudoso en el Estado de México; y Luis Edgar Gurrola Chacón, inculpado de presuntamente haber dejado una ola de corrupción en el área de Recursos Materiales de la dependencia.
“Sus antecedentes laborales no son idóneos para ocupar puestos clave en nuestra área, o sea se fueron unos corruptos y llegaron otros peores, sería oportuno revisar sus antecedentes laborales y saber si están debidamente calificados para ocupar un cargo en esta Coordinación General por demás golpeada, así como al séquito que los acompañan como sus incondicionales y personas de confianza”, se cuestiona en el documento.
De acuerdo con el escrito citado, la designación de la doctora María Seberina Ortega López al frente de la Coordinación General Servicios Periciales ha generado entre el gremio un descontento, así como un entorno de tristeza y decepción, ya que a consideración de los trabajadores, dicha acción representa un desinterés por el buen funcionamiento del área.
Los inconformes también refieren que desde la entrada de las nuevas autoridades al cargo de dicha coordinación general, es decir, de diciembre la fecha, un total de cuatro demandas han sido interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) derivado de las arbitrariedades y el mal actuar de su personal al mando.
Al final de la carta, los quejosos hacen un llamado a la procuradora capitalina para tomar medidas que ayuden a “corregir” el rumbo de la coordinación y que a su vez garantice el funcionamiento adecuado de la misma, ya que en caso de no ser así, amagan con salir a las calles a manifestar sus inconformidades.
Más allá de la queja
En casi todas las fiscalías de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México hay una deficiencia de insumos que pueden ir desde guantes y cubrebocas hasta la carencia de automóviles oficiales, los cuales llegan a ser usados con fines personales de los y las funcionarias al mando, revela en entrevista una perito que por cuestiones de seguridad solicitó el anonimato.
En relación al actual manejo de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGJ, la especialista en medicina forense asegura que cuando María Seberina Ortega López llegó al cargo, comenzó a reclutar personas con historiales cuestionados de administraciones pasadas que previamente ya habían estado en dicha coordinación.
“Su comitiva está formada por gente que en otras administraciones se salió por la puerta de atrás, por problemas como malversación de fondos y desviaciones administrativas. El problema radica en que la actual procuradora (Ernestina Godoy Ramos) desconoce todo ello porque no formaba parte de esta institución y tampoco se dio a la tarea de investigar”, agrega.
Según la perito, una de las ideas de Ortega López es desaparecer el cuarto turno con el fin de que trabajadores de dicho ciclo se queden con jornadas de 24 por 48 horas, lo cual ha ocasionado que empleados inicien una serie de amparos para protegerse.