En plena pandemia de COVID-19, el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón comenzó una nueva forma de recaudación: ofrecer asesorías a los comercios sobre las medidas sanitarias para el reinicio de actividades por un costo de hasta 15 mil pesos.

El 1 de junio se reiniciaron actividades no esenciales con medidas como que los trabajadores de los comercios usaran cubrebocas, que hubiera gel antibacterial y tapetes sanitizantes. Un mes después, el 2 de julio, el gobierno restringió horarios de los establecimientos comerciales y restaurantes.

La Secretaría de Economía y Trabajo del Estado, a cargo de Roberto Russildi Montellano, plantea cobrar 7 mil pesos a microempresas, a una pequeña empresa 12 mil pesos y a una mediana empresa 15 mil pesos para la recibir asesoría de medidas sanitarias.

“¿Listo para el reinicio de operaciones? La Secretaría de Economía y Trabajo pone a tu disposición este programa de consultorías personalizadas en las que se brinda apoyo a tu empresa para el inicio seguro de operaciones bajo lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para el retorno laboral”, cita el anuncio publicado en la página oficial del Gobierno.

La dependencia ofrece una evaluación inicial, entrega de reporte y recomendaciones, hoja de ruta para el cumplimiento normativo, guías para la capacitación de personal y documentos de consulta y una evaluación final.

¿Qué pasará con las empresas que no realicen las consultorías? El secretario de Economía informó el 14 de mayo que se habían suspendido a mil 992 empresas por no contar con las medidas y protocolos que garanticen la salud de los trabajadores durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

De ese total, 37 compañías no atendieron a los inspectores y fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. El funcionario estatal no precisó si las empresas que fueron suspendidas tuvieron que pagar un monto para volver a abrir.

Multas a conductores por medidas sanitarias

El gobierno de “El Bronco” también realiza una cacería contra los taxis, vehículos de servicio de transporte vía plataformas digitales y camiones urbanos. El fin de semana, inspectores del Instituto de Movilidad y Accesibilidad aplicaron 240 multas a conductores por no portar el cubrebocas o usarlo de manera incorrecta, con un costo de mil 737 pesos cada una.

Al respecto, en el municipio de San Pedro, el alcalde Miguel Treviño informó en su reporte diario de COVID-19 que han aplicado 73 advertencias a conductores por no usar tapabocas y que han disminuido, en promedio, 40 mil vehículos en la entrada a esta presidencia municipal.

Por otra parte, elementos de Fuerza Civil colocaron filtros en diferentes avenidas de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) para detectar ciudadanos que no utilicen tapabocas, quienes son detenidos para advertirles que se lo pongan.

Organizaciones civiles han mostrado su inconformidad sobre las medidas de restricción de la movilidad que ha implementado el Gobierno estatal. Argumentan que violan los derechos humanos y se pueden prestar a abusos de autoridad, por lo que han pedido la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

“Por ello, solicitamos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigue de oficio la presunta violación del derecho a la movilidad, a causa de las restricciones determinadas por el Gobierno de Nuevo León. Y que determine las respectivas conclusiones y acciones pertinentes”, dice en un comunicado la organización Pueblo Bicicletero.

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