Como legislador y con miras a su campaña electoral, Samuel García denunció ante varias instancias la recolección de firmas de funcionarios del Gobierno estatal para la candidatura presidencial del entonces gobernador, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.
Pero ahora como mandatario de Nuevo León, García Sepúlveda protege en la nómina a los recolectores de “broncofirmas”, a pesar de que los señaló por haber participado en un desvío de recursos, lavado de dinero, daño al estado, entre otros delitos.
De acuerdo con el dictamen para la sanción que buscaba Samuel García, un total de 571 funcionarios estatales de todos los niveles solicitaban en horas laborales las firmas ciudadanas que exigía el Instituto Nacional Electoral (INE) para que “El Bronco” fuera candidato a la Presidencia de la República en 2018. Incluso, el INE determinó la existencia de un esquema financiero ilegal, y ordenó una sanción para “El Bronco”, tras el proceso sancionador que solicitaron García Sepúlveda y Saldívar Villalobos.
En la lista estaba quien sigue siendo secretario de Finanzas y Tesorería, Carlos Garza Ibarra, revela el procedimiento especial sancionador SER-PSC-153/2018 promovido en febrero por García Sepúlveda y Mariela Saldívar Villalobos, quienes eran diputados locales. Además de otros funcionarios que continúan en la nómina estatal.
Por ejemplo, José Carlos Hernández Caballero, encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León; Carlos Javier Garza Leal, titular de la Unidad de Inversiones y Financiamiento de Proyecto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería; Nora Elia Cantú Suarez, quien era contralora del Gobierno de “El Bronco” y ahora se desempeña como subsecretaria de Educación Media Superior y Superior; Osvaldo Robles, director del Canal 28; Guadalupe Gloria González, jefa de Enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, a cargo de Martha Herrera.
Servidores públicos que solicitaron su anonimato revelaron que la mayoría de los funcionarios implicados en recolectar firmas aún conservan su cargo en el “nuevo” Nuevo León.
En 2019, García Sepúlveda amplió la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León de Javier Garza y Garza por la comisión de tres probables delitos: peculado, daño al patrimonio del estado y coalición del gabinete estatal.
El mandatario llegó hasta la Fiscalía General de la República (FGR) con la denuncia por los delitos de lavado de dinero y desvío de recursos.
“Estamos ya cerrando la pinza, porque estamos presentando pruebas de delitos que tienen que ver con dinero, lavado de dinero, peculado, cohecho e inclusive el uso ilícito de facultades y peculado”, aseguró García Sepúlveda en octubre de 2019.
Samuel denuncia corrupción de ‘El Bronco’
“Quité toda la corrupción, copetes, aviadores, servicios generales, seguros de seguros y cuanta zoncera ‘El Bronco’ gastó y vamos a ahorrarnos más de 4 mil millones de pesos”, aseguró el gobernador Samuel García Sepúlveda en noviembre de 2021 cuando presentó el presupuesto de 2022.
Pero en esta ocasión, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón no informó de la integración de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Javier Garza y Garza. Según García Sepúlveda, interpuso una denuncia pero tampoco ha dado a conocer avances.
Tres días después de tomar protesta como gobernador, García Sepúlveda declaró que existía una “mafia” en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM), donde se otorgaban contratos de obras a sobrecosto.
Incluso, el gobernador interpuso una denuncia más por un posible fraude millonario en Isssteleón, donde Manuel y Javier Flores Martínez, sobrinos del exsecretario de Gobierno, Manuel González Flores, fueron favorecidos con un contrato posiblemente irregular por 522 millones de pesos.