Reconstrucción: ¿Cuánto y de dónde?

[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_i6uetdvv” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La reconstrucción de los daños provocados por el sismo de este martes en México será costosa, pero sobre todo prolongada; los trabajos que coincidirán con la organización del proceso electoral del 2018.

No hay suficiente dinero en el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), por lo que la emergencia obligará a implementar a las autoridades una bolsa extraordinaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación -que ya está en la Cámara de Diputados- o través de un mecanismo especial que dote de los recursos a la Ciudad de México, Morelos y Puebla, las entidades más afectadas por el terremoto.

En la discusión sobre el financiamiento de los trabajos de reconstrucción, en redes sociales ha tomado fuerza una iniciativa para reducirle el financiamiento a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral.

El próximo año, según el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, el Instituto Nacional Electoral y los partidos tienen contemplado recibir 25 mil millones de pesos como parte del financiamiento público y el gasto en las campañas del 2018.

De esa cantidad, 9 mil millones de pesos son para el gasto ordinario del INE, 8 mil millones para la organización del proceso electoral del 2018 y 7 mil millones más para los partidos políticos.

La exigencia ciudadana es casi unánime: quitarle recursos al INE y a los partidos y reorientarlos hacia la reconstrucción, un encargo que tendrán los diputados en la próxima discusión electoral.

Por lo pronto ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó entrever una negociación para reducir las partidas a los partidos políticos, pero del presupuesto asignado este año.

Cuando concluya el rescate de las personas de entre los escombros, la atención primaria y el recuento y evaluación de los daños en los edificios y viviendas colapsadas, comenzará la tarea de reconstrucción con la incertidumbre sobre si habrá fondos suficientes para emprenderla y de dónde saldrán.

Fondos insuficientes

Aunque nunca es buen momento para un desastre natural, el sismo de 7.1 grados que azotó al centro del país llegó en un momento especialmente complicado tras la tragedia que se vive en Chiapas y Oaxaca, principalmente tras el temblor del pasado 7 de septiembre.

Además, la emergencia ocurre en un contexto económico poco favorable, con nuevos recortes en el gasto público proyectados para 2018, lo que obligará a un nuevo ajuste al Presupuesto de Egresos entregado por la Secretaría de Hacienda el pasado 8 de septiembre.

Para este año, el titular de Hacienda, José Antonio Meade precisó que se esperaba cerrar el Fonden con alrededor de 9 mil millones de pesos, a lo que sumarían 6 mil millones contemplados en el Presupuesto de Egresos para 2018.

Ante la magnitud de la tragedia en los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México estos fondos podrían ser insuficientes, por lo que el Ejecutivo y el Legislativo discutirán en los próximos días las posibilidades de ajustes o nuevos mecanismos para asegurar recursos suficientes para hacer frente a la emergencia.

Estos recursos además estarían contemplados para todo el ejercicio 2018, por lo que de ejercerse en su totalidad, no habría -en teoría- fondos hasta el 2019.

En los últimos reportes oficiales se contabilizan ya 39 edificios destruidos y 30 más con daños graves solo en la Ciudad de México, además hay más de 200 escuelas con afectaciones y al menos 500 inmuebles que deberán ser revisados.

En la ciudad de Puebla, las autoridades informan de al menos 46 edificios con daños considerables. Y todo ello sin considerar los daños en otros municipios de Puebla, Morelos y el Estado de México.

Aunque aún es pronto para tener una estimación adecuada de los daños materiales, estas cifras hablan por sí mismas de la magnitud de la emergencia, y la titánica labor de reconstrucción que deberá emprenderse en las próximas semanas y meses.

En Chiapas y Oaxaca, según el censo de daños oficiales, hay alrededor de 85 mil viviendas afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre. Tan solo en Chiapas se estima que hay más de 17 mil viviendas que son consideradas como pérdida total.

Además, cientos de escuelas, hospitales, edificios han reportado daños parciales o totales en estas entidades, a lo que se suman afectaciones a las vías de comunicaciones tanto estatales como federales.

El Fonden es sin duda un mecanismo de enorme utilidad ante la tragedia, sin embargo podría ser insuficiente para garantizar la reparación integral de toda la infraestructura afectada.

No solo por la magnitud de los daños, sino por el hecho de que una parte del fondo está destinada no solo a la reconstrucción o reparación de la infraestructura, sino para la atención de las necesidades de atención inmediata para la población.

El Gobierno federal cuenta con una cobertura del bono catastrófico emitido por el Banco Mundial que asciende a 360 millones de dólares destinados al Fonden; sin embargo, para el más reciente sismo no se activará porque no cumple con los parámetros de intensidad, ya que solo es válido para aquellos mayores a los 7.8 grados Richter.

Secuelas y deuda

Precisamente ante la necesidad de más recursos para solventar los gastos de reparación de daños por fenómenos naturales, los gobierno estatales han tenido que recurrir a diversos mecanismos de financiamiento y con ello contraer nueva deuda que condiciona sus finanzas por años o incluso décadas.

Uno de los mejores ejemplos es Nuevo León, que tras el paso del huracán ‘Alex’ en 2010 vio incrementada su deuda en más de 7 mil millones de pesos y con condiciones poco favorables de financiamiento.

El gobierno de la entidad adquirió esta deuda para la reconstrucción de sus calles, carreteras y puentes y se vio comprometido a pagar por esta deuda un estimado anual de 600 millones de pesos por 20 años.

Este esquema incluso fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación, ya que consideraba que no había sido la mejor opción y que le había generado un costo extra a las finanzas de la entidad.

Además, una de las principales preocupaciones es que en muchas ocasiones, los recursos obtenidos a través de la deuda no se ven reflejados en inversión en obra pública, y apenas un mínimo porcentaje se destina a la infraestructura.

Tan solo en los últimos años, diversos fenómenos naturales han dejado serios estragos en algunas entidades como Guerrero, Tabasco o Veracruz y años después aún persisten muchos pendientes en diversas zonas de estos estados.

Hace cuatro años el paso de los huracanes Ingrid y Manuel por el Pacífico mexicanos dejó severos daños principalmente en Guerrero, en donde cientos de viviendas fueron destruidas y, aún al día de hoy, habitantes de algunas comunidades demandan una ayuda, que no ha llegado, para reconstruir sus hogares.

Aún más atrás están casos como el de Veracruz, estado que fue azotado por el Huracán Matthew en 2010, o Tabasco, entidad severamente afectada por las inundaciones de 2017. Ambos aumentaron su endeudamiento tras estos desastres naturales y, a día de hoy, la reconstrucción sigue incompleta.

Bolsa electoral

Todo comenzó como una demanda de los usuarios de las redes sociales tras el sismo del pasado martes, una petición o exigencia hacia los partidos políticos y al INE para que destinaran los recursos del proceso electoral para la reconstrucción de las zonas afectadas.

En cuestión de minutos el hashtag #PartidosDenSuDinero se viralizó y se convirtió en tendencia en las redes sociales, además los usuarios crearon una petición en la plataforma change.org para pedir que el Instituto Nacional Electoral destine el presupuesto de los partidos políticos a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Ante la presión social, el INE se ha declarado dispuesto a trazar una ruta legal para que los partidos puedan destinar una parte de su financiamiento para la reconstrucción.

Una de las opciones sería que los partidos notifiquen al INE que renuncian a esa parte de su financiamiento a fin de que sea devuelto a la Secretaría de Hacienda en forma de remanente, o que los institutos políticos soliciten a la Tesorería de la Federación que dispongan del mismo.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade aseguró ayer que la posibilidad de reasignar el presupuesto de los partidos políticos para destinarlo a los damnificados podría darse con un cargo al presupuesto de este mismo año, por medio de un esquema como el que utilizó el propio INE para devolver mil millones de pesos contemplados en su presupuesto de 2017.

La respuesta de los liderazgos de los partidos ha ido en el mismo sentido.

Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI aseguró que ya está en contacto con el INE y Hacienda para donar recursos de las campañas y destinarlos a los damnificados y a la reconstrucción tras el sismo.

Por su parte, el presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, utilizó su cuenta de Twitter para reiterar que en PAN están de acuerdo a que se destinen recursos de partidos y campañas para apoyar a los damnificados, sin lucro político.

De igual forma Alejandra Barrales hizo uso de su perfil en la red social para reafirmar el compromiso del PRD con la gente y señalando que los partidos deben destinar recursos ante esta emergencia.

Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, ya había adelantado desde el pasado 14 de septiembre que propondría a su Consejo Nacional destinar el 20 por ciento del gasto de campaña para los damnificados del sismo del pasado 7 de septiembre.

Habrá que esperar que toda esa serie de buenas intenciones se convierta en realidad.

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