En los últimos años Guadalajara ha tenido la necesidad de planear alternativas para abastecerse de agua a largo plazo. La voracidad de la metrópoli ha absorbido sus principales fuentes y ahora las autoridades plantean la extracción de este recurso desde otras regiones al interior del estado, de ahí su favorecimiento a proyectos como la presa El Zapotillo y El Purgatorio y sus acueductos que dotarían de agua a la ciudad.
Actualmente la Zona Metropolitana de Guadalajara se alimenta del agua proporcionada por el Lago de Chapala, mantos acuíferos y la presa Calderón, pero lo que estas fuentes brindan es apenas proporcional a lo que requieren los 4.1 millones de habitantes de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, sin contar a los otros municipios que la integran.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) indica que estos municipios requieren de 850 millones de litros de agua al día, mientras que lo que las fuentes les proporcionan es de 864 millones de litros de agua, es decir, apenas se cubre esta demanda.
Los otros municipios que integran la zona son Tlajomulco, El Salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán, que a la fecha tienen alrededor de 873 mil 312 habitantes en conjunto, por lo que su demanda de agua sería de alrededor de 2 mil litros de agua por segundo.
Con desarrollo hídricos como El Purgatorio, las autoridades locales y federales esperarían que se proporcionaran mil 319 litros por segundo a 156 colonias de la metrópoli, como en marzo de este año argumentaron representantes de la Comisión Nacional del Agua
La preponderancia de los proyectos hídricos a los que se oponen las comunidades cercanas a los lugares de extracción frente a una falta de gestión integral del problema del agua llevaría a una vía de privatización del vital líquido, como resalta Carlos Peralta Varela en el informe 2017 del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) sobre derechos humanos en Jalisco.
“La lucha no es en contra del uso sustentable del agua en Jalisco, es a favor de tener una cultura hídrica que implique el pleno respeto a los derechos humanos”, señala Peralta en su texto La ONU y el derecho humano al agua en Jalisco.
Profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Carlos Peralta señala que uno de los principales desafíos es que se pueda llevar verdaderamente agua potable a los hogares, no sólo proporcionar medidas privadas.
“En nuestro país se ha trabajado para acercar el agua a la gran mayoría de los hogares; sin embargo, estamos muy lejos de que el sistema público pueda llevar agua verdaderamente potable”
Por otro lado, los conflictos generados a partir de la desatención a la participación ciudadana han sido determinantes en el actuar de los gobiernos locales a la hora de establecer medidas sobre el abastecimiento de agua.
El que los gobiernos lleven a cabo proyectos de extracción y desvío de las cuencas sin el consentimiento de las poblaciones afectadas ha generado conflictos socioambientales que pueden llegar hasta niveles preocupantes, como lo señala Stratford, gabinete geoestratégico en EE.UU. que ha señalado estos cambios sociales en la entidad a partir del tema del agua.
El 2017 quedó marcado por la injerencia de la Organización de las Naciones Unidas en la problemática del agua en Jalisco, a través de la oficina para derechos humanos y la oficina de servicios para proyectos; el experto analiza que aunque el organismo internacional fue fundamental, también contribuyó al conflicto local.
“Se ha impedido –y a la fecha se mantiene– el rechazo, el desarrollo y ejecución de algunos proyectos hidráulicos. Además, no podemos dejar de observar que uno de los organismos de la ONU fue parte fundamental de este conflicto, y de alguna manera, contribuyó a favorecer una propuesta de privatización del agua y a recrudecer el hostigamiento sobre algunas comunidades afectadas”, señala Peralta Varela.
El 60 por ciento del agua que llega a la metrópoli tiene como fuente principal al Lago de Chapala, el cual en los últimos años ha sido presa de las descargas y su reducción paulatina
Señala también que en México los mecanismos de defensa de los derechos humanos, frente a este tipo de conflictos le dan ponderación a las afectaciones sociales y no a los megaproyectos.
De modo que el acento se debe poner en el hecho de la desatención, pues la problemática del agua ha puesto en duda la consulta abierta a las poblaciones afectadas.
El problema de las berries
La zona de Tapalpa en donde se desarrolla la agroindustria de las berries (frutos rojos) ha posicionado a Jalisco a nivel mundial y está generando empleos, en mayor medida para personas provenientes de Oaxaca y Chiapas, pero también ha provocado conflictos de abastecimiento de agua en el poblado y serios problemas para la industria ecoturística que ahí se desarrolla.
Grupos civiles se han acercado a las autoridades locales y federales, pero la ponderación a favor de los grupos empresariales trasnacionales de berries y los productores no ha permitido que se escuchen las demandas o que se realicen tareas de mejora de la situación actual que vive Tapalpa.
Por ello Carlos Peralta, investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señala que un factor esencial en la perspectiva de los derechos humanos y el conflicto del agua en la entidad residen en el hecho de que se deben atender los mecanismos de deliberación entre autoridad y sociedad para aminorar los conflictos y la determinación a favor de los privados.
“Falta mucho para alcanzar un sistema de deliberación efectiva que privilegie el involucramiento de todos los actores relevantes para desarrollar conjuntamente una comprensión compartida de los problemas, su dimensión y potencialidades relacionadas con el agua, de tal forma que se garantice el bienestar social”, concluye el académico en su sección del informe de CEPAD.
