Recursos federales ‘en lo oscurito’

Los recursos federales hacia los estados y municipios tienen el objetivo de eliminar los desequilibrios que se presentan en las regiones en México. Pero un promedio del 50 por ciento de esos recursos no son revisados por las autoridades, es decir, su destino es desconocido.

Esto lo evidenció el experto en economía y finanzas de la Universidad de Guadalajara, Antonio Ruiz Porras, en su recientemente galardonado ensayo “La fiscalización del gasto federalizado: los retos de la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción”, con el que obtuvo el primer lugar del XV Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas que organiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Tan sólo en el estado de Jalisco el gasto de la federación representa aproximadamente el 85 por ciento de los ingresos brutos totales de la entidad y alrededor del 50 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios. 

Están cifras fueron publicadas en el reporte “Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Jalisco”, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en enero de este año. 

Sin embargo con el actual sistema de fiscalización sólo se revisan las aportaciones a las entidades federativas y los municipios del ramo 33, que van a proyectos en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social, entre otros.

No así los del ramo 28, recursos que no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los estados y por tanto no son fiscalizados por la ASF.

“Tradicionalmente la Auditoría Superior de la Federación sólo auditaba el ramo 33 y eso lo hacía por convenio. Lo que pasaba era muy simple, la Auditoría le decía a un estado ‘déjate auditar y a cambio nosotros te vamos a apoyar para que tengas mayor cantidad de recursos’, o sea realmente no había una obligación de los estados, ni de los municipios para revelar a la Federación cómo usaban el dinero.

“Eso ocurrió así, más o menos, desde 2008 hasta 2015, de hecho muchas veces estos ramos, el 28 y 33, se fiscalizaban de acuerdo a la buena voluntad de los gobiernos subnacionales y municipales. Ahora con la reforma que se promulga en mayo de 2015 cambia la situación”, explicó Antonio Ruiz Porras en entrevista con Reporte Indigo.

A observar el destino

El académico refiere que al ser gastos etiquetados los del ramo 33, la ASF evaluaba que los recursos se destinaran a donde debían ser destinados, no obstante con los del ramo 28 no era así, ya que “no se sabía para qué era destinado’ y por tanto no se justificaba su fiscalización”.

De acuerdo con las reformas a la constitución en materia de combate a la corrupción, conocidas coloquialmente como Sistema Nacional Anticorrupción y decretadas el 27 de mayo pasado, la ASF también podrá fiscalizar los recursos de las participaciones federales, es decir, el ramo 28.

“También fiscalizará (la ASF) directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. 

“En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales”, se lee en la fracción uno, artículo 79 constitucional, recientemente reformado.

Bajo el argumento de que todo el recurso otorgado por la federación debe ser vigilado en su uso, es que ahora se da autoridad al órgano nacional de fiscalización para observar los destinos de los gastos del ramo 28. 

Pues como señala Ruiz Porras estos recursos eran en promedio un 40 por ciento del ingreso de los municipios, ingreso del que se desconocía su destino.

“El problema es que sí es una gran cantidad de dinero que nadie sabe para qué se destina, y obviamente dado el sospechosismo que eventualmente vivimos en México la gente lo asociaba a gastos de corrupción”, expresó Ruiz Porras.

Actualmente en el estado de Jalisco se realizan un promedio de 21 auditorías anuales. Con el nuevo sistema nacional de fiscalización se necesitarán un promedio de 44 auditorías para poder dar vigilancia a esos recursos del ramo 28 que ya podrán ser fiscalizados.

La razón de que Jalisco sea uno de los estados que significarán mayor esfuerzo es por que el gasto federalizado que esta entidad recibe un 50 por ciento es del ramo 28 según Ruiz Porras, es decir, que 1 de cada dos pesos que no se fiscalizaban ahora sí se harán.

El gasto para Jalisco

El gasto federalizado se refiere a los recursos que el Gobierno de la república entrega a los estados y municipios por medio de tres ramos: 33, 28 y 23. 

El ramo 33 son las aportaciones federales que se entregan a los gobierno estatales y municipales para atender objetivos específicos como educación, salud, infraestructura educativa y social, seguridad pública, entre otros.

Mientras el ramo 28 se compone de las participaciones a las entidades y sus municipios, recursos que le corresponden de los ingresos que obtiene la federación, con base en los convenios que éste celebra con los beneficiarios del ramo.

Mientras el ramo 23 son las provisiones salariales y económicas que se destinan específicamente a entes tales como fondos metropolitanos y regionales, de modernización.

También a los fondos de apoyo a migrantes, proyectos de desarrollo regional, etcétera. 

Para el año 2016 el proyecto de presupuesto federal contempla un monto de un billón 595 mil 251.8 millones como gasto federalizado.

Se repartirá en: 742 mil 134.3 millones para el ramo 33, el 46.5 por ciento; 679 mil 350.2 millones para el ramo 28, un 42.6 por ciento

Serán 28 mil 416 millones para el 23, 1.8 por ciento; y 145 mil 351.2 millones de pesos para convenios de descentralización y reasignación

Las transferencias federales a los estados, según el paquete económico enviado a la Cámara de Diputados por la presidencia para el próximo año, contempla para Jalisco 616 mil 523.3 millones de pesos del ramo 33.

Y 102 mil 856.72 millones para el ramo 23. Un incremento, en comparación con lo otorgado para el 2015, del 4.33 y del 10.49 por ciento, respectivamente.