Los datos sobre víctimas de homicidio doloso y feminicidio a cargo de las fiscalías estatales y que reúne el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dejaron al descubierto que 2019 fue el año con el mayor número de casos desde que la autoridad elabora los informes de incidencia delictiva (1997).
Durante el año pasado, derivado de las denuncias presentadas por la ciudadanía, las fiscalías enlistaron un total de 35 mil 632 víctimas de asesinato —incluyendo los feminicidios—. No obstante, las cifras presentadas por el Inegi fueron mayores en 844 registros, ya que toma en cuenta casos que no se denuncian.
En 2020, la tendencia de homicidios dolosos y por razones de género va al alza, ya que entre enero y agosto la autoridad tuvo conocimiento de 24 mil 116 víctimas. De continuar así, el presente año podría superar también los 36 mil casos
Adriana Dávila considera que el Gobierno federal está a tiempo para modificar su estrategia enfocada en contener los homicidios dolosos a casi dos años de que inició la actual gestión. Asegura que un punto importante es replantear la coordinación con las administraciones estatales y municipales para enfrentar el grave problema de seguridad pública en el país.
“A la fecha, luego de dos años, no hay una estrategia, la administración federal tiene una política de ocurrencias donde el control del poder se concentra en las conferencias matutinas.
“No hay una visión clara y tenemos un gobierno cerrado a escuchar las voces que le dicen que no está haciendo bien las cosas, sin embargo, aún está a tiempo de recapacitar y atender las tres crisis: la económica, la de salud y de seguridad”, enfatiza la diputada.
Por su parte, David Ramírez de Garay, considera que las tendencias al alza o a la baja sobre los asesinatos en el país corresponden a una cuestión de coyuntura o a los equilibrios entre las organizaciones dedicadas al crimen y no a un buen desempeño de la autoridad.
Aunque los homicidios dolosos son considerados un delito del fuero común y por ello corresponde a los gobiernos locales combatirlo, la organización Semáforo Delictivo estima que más del 70 por ciento de las ejecuciones que se cometen están relacionadas con las actividades que realizan los grupos de la delincuencia organizada, cuya responsabilidad de enfrentarlo es del Gobierno federal.
“Mientras no veamos que se hagan las cosas de manera distinta, es decir, con cambios en la parte organizacional o de financiamiento, será difícil esperar otra cosa”, concluye el investigador de México Evalúa.
Otro de los grandes pendientes de la gestión de López Obrador es el fortalecimiento de las corporaciones policiacas estatales y municipales, compromiso lanzado por su gobierno cuando la creación de la Guardia Nacional se discutía en el Congreso de la Unión.
A la fecha, existen atrasos en certificación de elementos locales y presupuesto para su mejoramiento.
Presupuesto para seguridad pública a la baja
La población mexicana afronta la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, un desplome en la economía, la pérdida de millones de empleos y la inseguridad.
Esta mezcla de problemáticas también puso en jaque las finanzas públicas del país y, con el propósito de fortalecer el sistema de salud e incentivar la recuperación económica, los recursos para la seguridad pública proyectados por el Gobierno federal hacia el 2021 disminuirán
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el siguiente año, presentado el 8 de septiembre a la Cámara de Diputados por Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contempla la disminución de recursos para fondos federales destinados a estados y municipios para la seguridad.
La SHCP propone desaparecer el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg). Para esta bolsa fueron programados tres mil millones de pesos para este año y su principal propósito es mejorar las policías locales del país.
Otro instrumento afectado en la proyección para el gasto público del año próximo es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). Hacienda considera recortarle casi mil millones de pesos para quedar con un presupuesto de 85 mil 882 millones de pesos.
En contraste, se plantea que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados (FASP) tenga un aumento del tres por ciento, es decir, contaría con 7 mil 695 millones de pesos para 2021.
Mientras el PPEF se discute en San Lázaro, Adriana Dávila califica como una irresponsabilidad política eliminar o disminuir el dinero a los instrumentos federales dirigidos a hacer frente a la inseguridad.
“Eso evidencia la falta de la visión de la política pública, entiendo que se tengan que cuidar los recursos, pero se supone que este gobierno es honesto, por tanto, los servidores que manejan los recursos son honestos. Si tú utilizas este dinero para lo que debe ser los resultados serán mejores, entonces no puede plantearse una debilidad institucional desde la materia presupuestal”, opina.
La legisladora hace hincapié en que la falta de recursos para la seguridad pública puede provocar que los índices delictivos aumenten, derivado también del cierre de millones de plazas de trabajo desde que el COVID-19 llegó a México.
En el presupuesto no hay incentivos para fomentar el empleo. Si la argumentación principal de este gobierno era que se iban a generar condiciones para que no hubiera personas que quisieran delinquir ante la falta de sustento a sus familias, pues resulta ser que no se cumple el propósito
