Aunque la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) traería un beneficio inmediato en la economía de los mexicanos, eventualmente derivaría en un debilitamiento del Estado, asegura el especialista en materia fiscal, Carlos Brown.
“Si tuviéramos unas finanzas públicas sanas, te diría que reducir el IVA de manera temporal sería una medida interesante, el problema es que no las tenemos.
“La recaudación, a pesar de que ha tenido una mejora considerable respecto al año pasado y a los últimos años en general, sigue estando muy por debajo de las expectativas”, menciona.
Para este año, la Ley de Ingresos Federal calcula que por concepto de IVA se recaude poco más de 1 billón de pesos, lo que equivale al 16.5 por ciento del total de los ingresos de la Federación, que se estimaron en 6.1 billones.
Entre enero y marzo de 2020 el IVA representó el 20 por ciento del total de los ingresos presupuestarios y su importancia recobró fuerza a consecuencia de la caída de las ganancias en el sector petrolero, así lo indica un análisis elaborado por el partido Movimiento Ciudadano.
En sentido opuesto, Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, asegura que con la reducción del Impuesto al Valor Agregado la capacidad de consumo de las familias se verá beneficiada.
“Tiene que haber reciprocidad. Si disminuye la tasa del IVA habrá mayor consumo y también habrá mayor IVA; si no se reduce, el consumo bajará. Tendría que ser una balanza donde se equilibre”, expresa la diputada panista.
Otra ventaja que la legisladora observa de la reducción a la tasa del impuesto federal es que beneficiaría a las empresas, sobre todo a las que pertenecen al sector primario y que generan materias primas para la elaboración de otros productos –como la agricultura o la ganadería–.
“Hay muchos productos que se adquieren para poder producir otros y esos saldos a favor se pueden convertir en empleos. En el campo, donde está la gente con más carencias, beneficiaría su situación económica”, añade Terrazas Baca.
Enfatiza que en México, con las medidas de austeridad dictadas por el Gobierno federal como el recorte del 75 por ciento al gasto corriente de dependencias y organismos, se está haciendo una acción contraria.
“México tiene un sistema público de salud, bienes y servicios públicos muy debilitados porque no se les ha invertido durante décadas. No es una discusión pequeña, los recortes o la austeridad son inadmisibles en un contexto de crisis”, considera el especialista.
Sin medidas fiscales
El Gobierno federal, en comparación con las administraciones de otros países del mundo, se quedó atrás en la imposición de medidas fiscales que apoyen a las pequeñas y medianas empresas para superar la crisis económica provocada por el coronavirus.
Por esa razón, la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido blanco de críticas emitidas por fuerzas políticas opositoras a su gestión y de otros sectores de la sociedad como las cámaras empresariales.
Un análisis elaborado por el Banco de México indica que de siete ordenamientos fiscales que se implementaron en otras 14 naciones, México solo impulsó tres.
El total de medidas analizadas por el banco central mexicano, con base en información de sus homólogos de otros países, están relacionadas con hacer transferencias de dinero directas a los hogares, subsidios para el pago de salarios, prorrogar impuestos y otras contribuciones; exenciones fiscales, programas de préstamos para empresas, garantías para respaldar créditos a compañías e inversiones en investigación y desarrollo de vacunas.
De esta lista de ordenamientos, el Gobierno federal solo estableció la transferencia de recursos a hogares de manera directa, prorrogó pago de impuestos y abrió un programa de financiamiento a pequeños y medianos negocios.
De los 15 países analizados, Brasil, Canadá, Chile y Reino Unido cumplieron con todas las medidas. Mientras que Alemania, China, Corea del Sur, Italia, Japón, concretaron seis de los siete ordenamientos.
México, al igual que Perú, aparece en el fondo de la lista, pues ambos tienen el mismo número de acciones para mitigar el impacto económico.
Abrir el debate
La diputada Patricia Terrazas considera que las medidas que implementó el gobierno del presidente López Obrador son insuficientes para paliar los daños económicos de las empresas y las familias mexicanas.
En su Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), el Inegi reveló que en abril 12 millones de personas dejaron de percibir ingresos, derivado de la suspensión de actividades ocasionada por la cuarentena.
Para la legisladora panista, el hecho de que no haya acciones contundentes para proteger el empleo en el país muestra una falta de conocimiento en la materia por parte del Gobierno federal.
“Están deteniendo la maquinaria que mueve a este país, por más que diga el señor que si la corrupción, que si lo señalan, al final del día somos los que producimos en este país los afectados”, opina Terrazas.