Morena llevó la política de austeridad al terreno electoral en el Congreso de la Unión con su propuesta de Reforma electoral.
Una iniciativa presentada por el partido mayoritario busca disminuir el presupuesto para organismos electorales. Los representantes de estas instituciones aseguran que al recortar recursos en esta materia se afectaría a la democracia y la certidumbre en los resultados de futuros comicios.
¿Se necesita una reforma electoral y de qué tipo?, cuestionó la doctora María Marván, coordinadora del seminario Reforma electoral, de cara al futuro inmediato, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
En el evento, los titulares del Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazaron la reforma propuesta por el diputado morenista, Sergio Gutiérrez, y demandaron certeza electoral antes que una política de austeridad.
El 7 de marzo, el legislador propuso una reforma a diversas disposiciones de la Constitución, tales como incluir el principio de austeridad electoral, tanto en el ámbito administrativo de organismos autónomos como en el financiamiento de partidos políticos.
José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fepade, descartó la reforma morenista y mostró su preocupación por temas como el endurecimiento de sanciones a delitos como el fraude.
“Creo que hablar de una nueva reforma parecería innecesario, absurdo, después de que en 2018 fluyó la competencia electoral. Pero vemos con preocupación que la cultura del respeto natural por las elecciones aún no arraiga en México”, declaró.
En 2018, el TEPJF contó con una partida de 3 mil 893 millones 200 mil pesos que para el ejercicio de este año se redujo a 2 mil 538 millones 604 mil 681 pesos. La propuesta del legislador de Morena, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, contempla que tanto el tribunal como el instituto realizarán ajustes de austeridad en todas sus áreas.
Esta reforma se ha planteado sobre una base esencial que es el tema de la austeridad. Comparto que debe haber una racionalidad en los recursos públicos pero este ejercicio no debe restar eficacia y eficiencia de los tribunales electorales
El funcionario sostuvo que México tiene un sistema electoral sobrerregulado y simplificarlo ahorraría recursos. En esto coincide el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien propuso reducir el sistema electoral que ya existe para no retroceder.
Entendiendo que la austeridad significa, de acuerdo con el diccionario, no lujos ni dispendios innecesarios, nadie está en contra de eso, nadie sensato ¿El discurso de austeridad justifica cualquier cambio, incluso aquellos que podrían poner en aprietos a un sistema electoral que sí funciona?
En el año electoral, el INE contó con un presupuesto de 24 mil 215 millones 327 mil 986 pesos. Para 2019 sufrió una reducción a 15 mil 363 millones 37 mil 745 pesos y ya tuvo que organizar una elección extraordinaria en Puebla. El órgano electoral sostiene que con las reglas que ya existen está listo para las elecciones de 2021 en las que se renuevan nuevos diputados y 13 nuevas gubernaturas.
‘Pluris’, la otra disyuntiva de la reforma electoral
En medio de la discusión sobre la propuesta de modificar el sistema electoral del país, otro tema que también entrará a debate es el de la representación proporcional en el Congreso de la Unión.
Los legisladores de representación proporcional —también llamados plurinominales— son protagonistas de iniciativas en el Poder Legislativo que frecuentemente buscan su reducción o desaparición, bajo argumentos de altos costos para el erario y el hecho de que no son elegidos popularmente.
Sin embargo, uno de sus principales objetivos es equilibrar las fuerzas políticas en las dos cámaras para que ningún grupo parlamentario cuente con mayoría absoluta.
En la actualidad, la Cámara de Diputados está conformada por 300 congresistas de mayoría relativa, que son elegidos mediante el voto, y 200 plurinominales, que son designados por los partidos políticos. En el Senado, de los 128 legisladores que lo integran, 32 son de representación proporcional.
La bancada de Morena en San Lázaro ha presentado al menos dos iniciativas para que se disminuya el número de congresistas “pluris”, algo que a los ojos de los especialistas no resulta conveniente, debido a que los partidos mayoritarios podrían tener una sobrerrepresentación y con ello impulsar sus agendas políticas sin un contrapeso de los grupos parlamentarios.En octubre de 2018, Juan Martínez Flores, diputado de Morena, presentó una iniciativa para eliminar a 100 legisladores plurinominales en la Cámara de Diputados y 32 en el Senado, con el propósito de reducir el gasto público.
Tatiana Clouthier, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, promueve un cambio similar al de su compañero de bancada, pues en abril propuso eliminar las 32 senadurías por representación proporcional también con el propósito de generar un ahorro para el erario.
Es una práctica común que el partido mayoritario en el Congreso proponga la reducción de plurinominales con el fin de alcanzar una sobrerrepresentación que le permita impulsar su agenda política, explica César Astudillo, doctor en derecho constitucional y académico de la UNAM.
“La representación proporcional ha significado históricamente una garantía de nuestro cambio político y para que la heterogeneidad política y social pudiera verse representada a través de distintos partidos. Entonces, ir en contra de la historia a mí me parece preocupante”, expresa.
El académico afrima que, de eliminarse las figuras plurinominales, el Congreso podría regresar a los tiempos en los que un solo partido contaba con hegemonía plena, como la tuvo el PRI en la década de los 60. Esta situación podría repetirse pero ahora con el partido Morena.
Más allá de eliminar la representación proporcional en las cámaras de diputados y senadores, César Astudillo propone reflexionar sobre la necesidad de tener mayores reglas para la asignación de pluris y acabar con la discrecionalidad en la repartición de los cargos.
Uno de los vacíos que requieren revisarse, asegura, es el esquema de coaliciones. La problemática que observa es que los partidos políticos coligados reparten a sus candidatos de manera estratégica para alcanzar una mayor cantidad de plurinominales y no verse subrepresentados.
“El esquema de coaliciones ha sido utilizado para hacer un fraude a la ley, vimos que en 2018 lo que hicieron muchos partidos políticos es que se pusieron en un papel de franquicias que se podían rentar al mejor postor, entonces candidatos de un partido se prestaban para competir por otro con el objetivo de evitar los topes a la sobrerrepresentación que están estipulados en la Constitución”, añade Astudillo.
