La participación de ciudadanos en el Sistema Estatal Anticorrupción estará sujeta a la aprobación del Congreso local
El nuevo Sistema Estatal Anticorrupción excluye al Ejecutivo del proceso de selección de fiscales y magistrados responsables de combatir la corrupción en Nuevo León
La aprobación ayer por parte del Congreso del Estado del Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León generó una confrontación más entre diputados locales y el gobernador Jaime Rodríguez.
El nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, que se implementará por mandato constitucional en Nuevo León, excluye al Ejecutivo del proceso de selección de fiscales y magistrados responsables de combatir la corrupción en Nuevo León.
Estos nombramientos estarán a cargo primero de un comité conformado por organizaciones de la sociedad civil y privadas, para que luego sean los diputados los que elijan a los propuestos.
Extraoficialmente se sabe que el gobernador Jaime Rodríguez buscará combatir esta reforma a través de una acción de inconstitucionalidad.
El Comité de Selección, en conjunto con un Comité de Participación Ciudadana, podrá proponer a los aspirantes a ocupar las diferentes fiscalías, pero serán los diputados los que finalmente elegirán a los candidatos.
El Artículo 17 de la Ley Estatal Anticorrupción señala las facultades que tendrá el Comité de Selección, en las que destaca su participación como un filtro para enviar una lista definitiva de los candidatos a los diferentes puestos.
“(Enviará) al Congreso del Estado la lista de candidatos que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para elegir a quiénes ocuparán los cargos de: Auditor General del Estado, Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa”, dice la nueva Ley.
Todos, según este nuevo reglamento, serán nombrados en los términos que establece la Constitución del Estado.
Reporte Indigo adelantó que la participación de ciudadanos en el Sistema Estatal Anticorrupción estará sujeta a la aprobación del Congreso local, que nombrará a cinco aspirantes destacados en transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.
Ellos integrarán el Comité de Participación Ciudadana por un periodo de 5 años en sus cargos, y solo podrán ser removidos por las causas graves que prevea la ley de la materia.
Pero los integrantes no tendrían voz y voto para seleccionar la terna final de candidatos.
En el dictamen, según el Congreso, se tiene contemplado la creación de organismos autónomos, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en los términos que determine la Ley.
Diputados también elegirán el Comité de Selección
Los integrantes del Comité de Selección serán nombrados por el Congreso local conforme a una serie de reglamentos que tendrán que cubrir para ser seleccionados por los diputados.
“El Pleno del Congreso del Estado emitirá una convocatoria para constituir un Comité de Selección, por un período de tres años, el cual estará integrado por nueve ciudadanos nuevoleonés.
“Convocará a instituciones de educación superior y de investigación en el Estado, para proponer candidatos que integren el Comité de Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la Constitución del Estado”, dice el dictamen aprobado ayer.
El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Arturo Salinas, dijo que el Sistema Anticorrupción va en el sentido que se tiene que buscar a personas que no tengan o nunca han tenido un vínculo en la vida política de Nuevo León.
“Se tiene que buscar a las personas que nunca hayan tenido que ver con un partido, que nunca hayan sido candidatos ni funcionarios ni trabajado en los primeros niveles de Gobierno”, dijo el legislador.
¿Otro veto?
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) excluirá al Gobierno del Estado en el proceso de selección de los integrantes del conglomerado de fiscales, que serán los que apliquen la justicia en Nuevo León.
Esto generará un conflicto en la publicación en el Periódico Oficial del Estado, pues el gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” podría vetar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción aprobadas ayer.
En ningún artículo creado por los diputados se refiere al Gobierno del Estado como participante, solo establece poca participación de la ciudadanía con voz, pero no con voto.
Incluso, tan quedaría fuera el Gobierno, que ni siquiera se le abrió la posibilidad de proponer un fiscal en la terna final.
Otra cosa que podría alentar a un veto por el Gobierno independiente estaría en el sentido que su actual Subprocuraduría Anticorrupción podría desaparecer, pues con la nueva Ley se elegirá a un Fiscal Anticorrupción.
