Los dichos de Mancera sobre que los reos podrían solicitar su libertad provisional, obedecen a una idea equivocada
Para el investigador Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, la respuesta más adecuada es eficientizar la labor de la policía, de la fiscalía, de la defensa y de los jueces con respeto a los derechos humanos
Para el penalista es muy prematuro buscar una contrarreforma a un sistema que aún está en fase de consolidación, pues sería un despropósito echar por tierra la inversión millonaria necesaria para su implementación
“Creo que es muy adelantado que estemos pensando ya en reformar todo el andamiaje normativo, reformarlo a mal, alejándonos de un sistema acusatorio y aproximándonos a un sistema inquisitivo”
Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, asegura en entrevista que de prosperar la reforma al nuevo Sistema de Justicia Penal impulsada por los gobernadores se estaría retrocediendo en materia de impartición de justicia y respeto a los derechos humanos.
Recientemente, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) anunció que está preparando una reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y de esa manera evitar que los sujetos a proceso puedan continuarlo en libertad.
Gutiérrez afirma que la verdadera intención de la contrarreforma propuesta por la Conago es liberar a las policías y fiscalías de la carga de investigación obsequiándole a la persona procesada la posibilidad de cumplir prisión preventiva de oficio.
“Lo que debemos de hacer en lugar de ampliar el catálogo de delitos inexcarcelables que quiere la Conago, es ver de qué manera se les pueden dotar de herramientas a las instituciones involucradas para que investiguen y argumenten ante los jueces y puedan obtener la prisión preventiva en los casos en los que verdaderamente debe de obtenerse, sin necesidad de que la ley se los regale”, sentencia.
Para el penalista, es muy prematuro buscar una contrarreforma a un sistema que aún está en fase de consolidación, pues sería un despropósito echar por tierra los años de trabajo y, sobre todo, la inversión millonaria que ha sido necesaria para su implementación.
“Creo que es muy adelantado que estemos pensando ya en reformar todo el andamiaje normativo, pero no solamente reformarlo sino reformarlo a mal, alejándonos de un sistema acusatorio y aproximándonos a un sistema inquisitivo”, apunta Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz.
Además, con la contrarreforma que está impulsando la Conago, se estarían contraviniendo acuerdos y recomendaciones internacionales en materia de procuración de justicia y derechos humanos.
“Aplicar prisión preventiva en abstracto por tipo de delito no está tolerado a través de instrumentos internacionales.
“La Corte Interamericana ha dicho una y otra vez, la prisión preventiva por tipo de delito en abstracto es violatoria de la presunción de inocencia, quieren tener a una persona en prisión mientras se le procesa, investiguen y argumenten adecuadamente los riesgos que representa, de lo contrario no están haciendo adecuadamente su trabajo, están siendo arbitrarios”, puntualiza.
Recuento de daños
>> 94
Por ciento de reos no denunció los hechos a ninguna autoridad por miedo a represalias
>> 20
Por ciento de las familias de los 161,013 presos reportó se les cobró por el ingreso de comida
>> 19
Por ciento de las familias de los reos reportó se les cobró por pasar ropa
>> 45.8
Por ciento de la población del Cefereso 13, de Oaxaca, reportó sufrir actos de corrupción
El sistema es perfectible
Gutiérrez reconoce que el sistema es perfectible y que sería sumamente deshonesto afirmar que es perfecto desde sus orígenes, pero más que una reforma normativa, una respuesta más adecuada es mejorar la operatividad en todos los niveles del nuevo Sistema de Justicia Penal.
“Tenemos áreas por mejorar, tanto en la Constitución como en las leyes, pero sobre la base de buscar todavía eficientizar la labor de la policía, de la fiscalía, de la defensa y de los jueces con respeto a los derechos humanos.
“En cuanto al tema operativo hay verdaderas áreas de oportunidad en donde se tienen que identificar qué cosas deben de mejorarse de la actividad que realizan todos los que están involucrados en el sistema acusatorio”, señala.
El investigador recalca que las autoridades de procuración de justicia tuvieron tiempo más que suficiente para prepararse y capacitarse para el nuevo sistema, sin embargo, debido a una planeación inadecuada durante la transición, la implementación no ha sido lo exitosa que se esperaba.
“Ocho años son muchos para poder eficientizar, lo que pasa es que, como buenos mexicanos dejamos las cosas al último y en esa tarea muchas entidades federativas estuvieron en verdaderos números rojos, dejando las cosas al final y las cosas que se hacen sin colaboración con el tiempo, regularmente no se hacen bien”, sostiene.
El problema de fondo, opina, es que existe la percepción de que el gobernar se limita a la redacción y promulgación de las leyes, cuando el quehacer público también implica poner las leyes en movimiento y trabajar para que se materialice lo que la legislación establece.
“Tenemos la idea de que al hacer la ley transformamos la realidad. Ya tenemos la ley, dejémosla trabajar. La respuesta es apostarle a la operación por encima del cambio normativo tan apresurado y si se llega a pensar en un cambio normativo, que se haga para eficientizar la labor.
“Hay que eficientizar la operación, eficientizar la labor de los involucrados y dejar de un lado la ley, déjenla trabajar, dejen que vaya rindiendo sus frutos, es una buena oportunidad que nos podemos dar como pueblo mexicano de que entendamos que servir públicamente va más allá de crear leyes”, agrega.
Declaraciones irresponsables
Sobre las declaraciones de Miguel Ángel Mancera advirtiendo que con la reciente sentencia de la Suprema Corte, miles de presuntos delincuentes podrían salir de la cárcel al solicitar su libertad provisional, Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz asegura que la afirmación obedece a una idea equivocada sobre lo que los magistrados resolvieron.
“Él piensa que en automático van a salir esas personas dejando de estar procesadas con deten-ción, porque no son delincuentes, son procesados y presuntos inocentes.
“Lo que la Corte definió es que ellos tienen derecho de pedir la revisión de su situación cautelar y si la fiscalía justifica que sigan detenidos no hay ningún obstáculo para que sigan detenidos, y si la fiscalía no justifica que sigan detenidos, ellos tienen todo el derecho a recuperar su libertad”, dice.
El penalista percibe que con estas declaraciones, prácticamente se está asumiendo que las autori-dades de procuración de justicia no tienen la capacidad o la disposición de estudiar cada caso par-ticular y quizá buscan una forma de justificarse.
“La lectura que yo le daría a ese discurso es: ‘Como no vamos a ser capaces de investigar el riesgo que cada uno de ellos representa, ni poderlo argumentar ante los jueces, van a salir todos’, eso es sumamente irresponsable”, concluye Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz.
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