[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_shgopmr9″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] El olvido en que se les ha sumido a las regiones de Jalisco en términos de inversión pública le está cobrando una factura muy cara al Gobierno del Estado. No solo con comunidades indígenas al norte en resistencia, también con expresiones sociales al sur de abierto rechazo a las instituciones de seguridad.
Estas muestras de inestabilidad política y social que han llamado la atención pública más allá de las fronteras del estado, están brotando en regiones que han ocupado un lugar muy secundario en la planeación y ejercicio de la inversión pública de la administración estatal, bajo las riendas del mandatario, Aristóteles Sandoval Díaz.
En la región norte del estado, por ejemplo, donde comunidades wixaritari o huicholas han elevado sus protestas hasta impedir el desarrollo en sus territorios del actual proceso electoral, por la falta de respuesta gubernamental a sus demandas de restitución de tierras, se ha dirigido apenas el 3.12 por ciento de toda la inversión pública estatal de este sexenio.
3.12
Por inversión pública el Gobierno del Estado considera todo el gasto dirigido a la edificación de infraestructura y obras en la totalidad de los ámbitos que atienden sus dependencias, incluyendo salud, educación, movilidad, seguridad, medio ambiente, combate a la pobreza y desarrollo rural, lo que evidencia el abandono de esa zona.
Los informes anuales del Gobierno de Jalisco sobre la inversión pública que ha efectuado en el periodo 2013-2017, indican que en el norte ha financiado mil 798 proyectos públicos por un monto total de mil 182.5 millones de pesos (mdp); una fracción minúscula ante la bolsa total que se ha ejercido en este rubro por 37 mil 789.5 mdp.
32 mil 789.5
Para ponerlo en perspectiva, mientras la inversión estatal dirigida a esa inestable región apenas ha superado los mil millones en cinco años, la región centro, donde está el Área Metropolitana de Guadalajara y residen los poderes públicos y fácticos, ha recibido 21 mil 010.5 mdp para el financiamiento de 4 mil 389 proyectos, esto es, más de la mitad de todo lo erogado por el gobierno en ese ramo presupuestal (55.59 por ciento).
Mientras se le relega a la región norte en la ejecución de proyectos para el bienestar de sus habitantes, la escalada de inconformidad de los wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán, Bolaños, por sus tierras no restituidas, ha llegado incluso a conatos de retención de funcionarios federales y estatales, como el que ocurrió el 5 de junio en esa comunidad, si bien el Gobierno estatal terminó por negarlo.
La ausencia del Estado
Una situación similar a la que ha ocurrido con la zona norte del estado y la poca inversión estatal que ha recibido en este sexenio, se repite en otras regiones donde están adquiriendo fuerza las muestras de rechazo hacia la presencia de las instituciones como la Secretaría de Marina y la Policía Federal.
Si bien existen sospechas de que algunas de estas movilizaciones para exigir la salida de los efectivos federales y locales pudieran estar financiadas o incluso orquestadas por el propio crimen organizado, lo cierto es que han acontecido en regiones de Jalisco donde la presencia del Gobierno del Estado mediante obras y acciones de mejora ha sido muy pobre.
El caso más reciente ocurrió el 4 de junio pasado en Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, donde una manifestación por los desaparecidos devino en agresiones e insultos hacia elementos de la Semar que estaban apostados en la zona, lo ejemplifica bien.
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En ese municipio del sur, en los cinco años que van del gobierno de Sandoval Díaz ha recibido 2 mil 582 proyectos de inversión pública estatal, por un monto total de mil 786.7 millones de pesos, lo que representa apenas el 4.72 por ciento de todos los recursos erogados en ese rubro desde 2013.
En estos informes sobre la inversión estatal anual el Gobierno de Jalisco incluye algunas aportaciones menores aunque complementarias de la Federación y los municipios.
Zonas en el olvido
Otra región relegada que también ha sido escenario de graves manifestaciones de repudio hacia las autoridades como la de Ciudad Guzmán, es la Ciénega, misma que integra a Ocotlán, un municipio donde apenas el 3 de febrero pasado se dieron protestas de sus habitantes contra las instituciones de seguridad instalando bloqueos y barricadas con llantas en llamas.
Aunque ya en sucesos anteriores habían salido a la luz ciertos vínculos sociales entre Ocotlán y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se constata que esa región Ciénega apenas ha contado con mil 409.3 millones de pesos de inversión pública estatal en el sexenio, esto es, solo el 3.72 por ciento de todo lo que se ha ejercido en ese concepto hasta ahora, y para 2 mil 253 proyectos.
De Ocotlán, por ejemplo, eran originarios 30 de los 42 presuntos sicarios del CJNG que fueron abatidos por la Policía Federal en el enfrentamiento acontecido en el Rancho El Sol, en Tanhuato, Michoacán, en 2015.
Algo parecido ocurre con otras dos zonas del estado donde también se presume que el crimen organizado, y en específico el CJNG, ha logrado enraizar una base social extendida que le resulta afín: las regiones Costa Sur y Sierra de Amula.
En la primera, con municipios como Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán y Villa Purificación, donde fue derribado el helicóptero militar por el CJNG el 1 de mayo de 2015, ocasionando la muerte de nueve efectivos federales-, se han implementado mil 199 proyectos con una inversión estatal de apenas mil 052.1 mdp, lo que equivale a solo el 2.78 por ciento de todo lo erogado en ese ramo en el sexenio.
Mientras que en la segunda, la región Sierra de Amula, se han financiando mil 887 proyectos con únicamente 995.6 millones de pesos, o solo el 2.63 por ciento de toda la inversión estatal efectuada por el actual gobierno. En esa región están los municipios de El Grullo y Autlán, donde se ha advertido de una fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación.