Al menos una decena de ayuntamientos en el estado de Jalisco mantienen vigentes reglamentos de Policía y Buen Gobierno que prohíben y sancionan las prácticas y muestras de afecto homosexuales en la vía pública, de acuerdo con el Congreso del estado.
Los municipios que conservan este tipo de reglamentaciones que violentan los derechos humanos de la comunidad LGBT+ (lesbiana, gay, bisexual, transexual y otras identidades de género no normativas) son: Tequila, Atoyac, Tepatitlán de Morelos, Techaluta de Montenegro, El Salto, Tapalpa, Tomatlán, Jamay, Manzanilla de la Paz y Autlán de Navarro.
Así se señala en un acuerdo legislativo de la autoría de la legisladora Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen, aprobado días atrás por el Congreso estatal, que se basó en las investigaciones que realiza en esta materia la asociación civil denominada Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise A.C.).
De hecho, Codise también incluye en este listado de ayuntamientos con reglamentaciones que sancionan la homosexualidad en los espacios públicos a Zapotlán El Grande, no obstante, el acuerdo señala que “se corroboró que el municipio de Zapotlán El Grande ya derogó de su reglamento, el pasado 30 de julio del 2020, en su Sesión Ordinaria número 16 en el punto 9 del orden del día, la falta administrativa referida”.
Un ejemplo específico de este tipo de reglamentaciones vigentes en el estado que vulneran la esfera de derechos de la comunidad LGBT+, es el Reglamento de Policía y Orden Público para el municipio de Atoyac, Jalisco, en particular su “Capítulo IV De las Contravenciones a la moral y a las buenas costumbres”.
En dicho capítulo se incluye un artículo 39 que señala que “se consideran contravenciones a la moral y a las buenas costumbres las siguientes”, destacando dos fracciones en contra de los integrantes de la comunidad LGBT+:
“VIII. Realizar prácticas homosexuales en lugares públicos que atenten contra las buenas costumbres y el decoro social”, y esta otra: “XIV. Incidir, propiciar, tolerar, realizar, encubrir, publicar y difundir por cualquier medio actos que rechazados por la mayoría de la sociedad, induzcan o tiendan a modificar los valores tradicionales y las buenas costumbres en cuanto a la estructura y relaciones familiares, las conyugales y las que se dan en la relación natural hombre y mujer, así como la convivencia humana lícita y moral”.
Entre las sanciones previstas para estas conductas está la amonestación, multa, suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia, autorización o de concesión otorgada, clausura; actividad en beneficio de la comunidad o arresto, según el artículo 48 del ordenamiento.
Instituciones omisas ante reglamentos discriminadores
Ante la persistencia en Jalisco de reglamentos de Policía y Buen Gobierno o similares que continúan castigando las prácticas homosexuales en el espacio público, el Congreso conminó a los ayuntamientos que son responsables de los mismos a que los reformen para excluir esas disposiciones discriminatorias.
El punto resolutivo aprobado por el Congreso este 24 de septiembre señala: “Gírese atento y respetuoso exhorto a los municipios de Tequila, Atoyac, Tepatitlán de Morelos, Techaluta de Montenegro, El Salto, Tapalpa, Tomatlán, Jamay, Manzanilla de la Paz y Autlán de Navarro, a fin de que eliminen de sus reglamentos sanciones a cualquier expresión homosexual, así como para que homologuen sus criterios de derechos humanos y promulguen un reglamento de igualdad de género y contra la discriminación”.
Es llamativo que aún estén vigentes reglamentos discriminatorios como éstas en una decena de ayuntamientos de Jalisco –casi en uno de cada 10 de sus municipios-, pues hay instituciones que se crearon con el fin específico de atender ese tipo de rezagos y omisiones que siguen afectando a la comunidad LGBT+.
Es el caso de la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno de Jalisco, en manos de Andrés Treviño Luna; y del Grupo de Trabajo Especializado en Materia de Diversidad Sexual, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos local, que encabeza José Benjamín González Mauricio.
En específico sobre la Dirección de Diversidad Sexual, cuyo titular percibe mensualmente 45 mil 429 pesos, el Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno marca entre sus obligaciones las siguientes (artículo 31 septies):
“I. Diseñar y ejecutar programas, proyectos, acciones, iniciativas y políticas públicas para prevenir y eliminar la discriminación de las personas de la diversidad sexual en Jalisco y asegurar su desarrollo integral“; “II. Promover y coordinar programas y acciones en la Administración Pública Estatal para el efectivo ejercicio de los Derechos Humanos de las personas en condición de desigualdad y discriminación por género u orientación sexual“.
Y: “VI. Promover la construcción de una cultura de derechos humanos de la diversidad sexual, mediante la concientización, capacitación y profesionalización a los servidores públicos de los distintos órganos de gobierno“.
Crímenes de odio
En días atrás este medio dio a conocer que la Fiscalía del Gobierno de Jalisco tiene conocimiento de al menos 14 asesinatos de miembros de la comunidad LGBT+, que se cometieron en la entidad entre los años 2016 y 2020, según registros y comunicados oficiales de la dependencia.
El acuerdo legislativo indica que la violencia que sufre esta comunidad “puede ser producto del sistema de géneros, del cual se derivan tres ideologías dominantes: apego a los estereotipos de género, androcentrismo y heterosexismo. Esta situación provoca que grupos de la diversidad sexual estén identificados como víctimas de crímenes de odio”.