La madre de las impugnaciones

La elección del 2018 será complicada no solo por el número de cargos públicos que estarán en juego, sino por las reglas que regirán la contienda y que desde ahora han despertado el rechazo de los actores políticos.

Algunas de esas reglas se encuentran contenidas en los llamados lineamientos “de cancha pareja”, con los que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende regular varios aspectos de la contienda: desde el manejo de redes sociales hasta la aparición en actos públicos o la entrega de dádivas a los ciudadanos.

Estos lineamientos han sido impugnados por 334 actores políticos que presentaron inconformidades ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Presidencia de la República, gobernadores, legisladores, alcaldes y hasta empresas de medios de comunicación; todos quieren que el INE dé marcha atrás a las nuevas reglas.

Los alegatos son diversos: desde quien acusa que no se respetan sus derechos político electorales, hasta quienes consideran que se trata de medidas autoritarias que complicarán la contienda.

Debe agregarse, además, las restricciones para la aparición de los dirigentes partidistas en los spots de sus partidos si son aspirantes a un cargo de elección popular, y los lineamientos en los que se pide a los medios de comunicación diferenciar el contenido noticioso del de opinión.

A todo esto se sumará la nueva regulación que el INE dará a conocer en los próximos días, para eliminar algunas prácticas que se han vuelto comunes en las campañas políticas, como dar tarjetas con la promesa de algún beneficio futuro.

Todo esto entrará en vigor a más tardar el 8 de septiembre, fecha en que se dará el banderazo de salida a la contienda electoral del 2018.

El TEPJF tiene hasta entonces para resolver todas las impugnaciones que se presenten y así amarrar bien las reglas que aplicarán en las próximas elecciones. No hacerlo así podría implicar la puesta en duda de todo el proceso electoral.

El INE tomó la determinación de establecer los lineamientos porque el Congreso de la Unión no hizo la reglamentación correspondiente, una vez que se aprobó la reforma político electoral en el 2014; además, el TEPJF instruyó al Instituto que debía trabajar en las reglas de equidad.

Estas nuevas reglas fueron lanzadas por el INE en un ambiente de ataques contra la actuación de los consejeros electorales.

Diversos actores han acusado al Instituto de ser laxo en el control de las precampañas y campañas y pasar por alto la intervención de funcionarios y gobiernos en apoyo a ciertos candidatos.

Ahora, la dureza de las nuevas reglas que prohíben eso y otras actividades –que a su juicio causan inequidad en la contienda-, ha despertado el rechazo no solo de los partidos políticos, sino de gobiernos estatales y hasta del Ejecutivo federal que se inconforman con medidas de corte electoral.

La intención: dar piso parejo

Cada proceso electoral es evidente que algunos candidatos tienen acceso a más apoyos y recursos para posicionarse que otros. Sea porque se inyecta más dinero –de origen desconocido- a las campañas; se tiene apoyo de un Gobierno; se es aspirante y al mismo tiempo servidor público; o se tiene más acceso a medios de comunicación.

Para cumplir con toda la legislación que mandata que haya equidad en la contienda, el Instituto Nacional Electoral aprobó los “Lineamientos para Garantizar la Equidad entre los Participantes en la Contienda Electoral”, llamados lineamientos de “cancha pareja”, que se aplicarán en el proceso electoral del 2018, que arranca el próximo 8 de septiembre.

“La igualdad de oportunidades en el acceso a las competencias electorales es un presupuesto y fundamento de las elecciones libres y justas impidiendo, por ejemplo, que algunos de los competidores electorales obtengan ventajas indebidas como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o económicas) en las que pudieran encontrarse”, señala la argumentación de estos Lineamientos.

Una de las cuestiones que más polémica despertó fue que los lineamientos introducen el término “aspirante”, pues se trata de una calidad que no se establece en ninguna legislación electoral.

Para estas reglas, “aspirante” es quien manifieste claramente que quiere contender por un cargo público, pero también “(a quien) se le atribuya dicha intención a partir de la contratación, adquisición o pago de propaganda”, sin importar que finalmente consiga la candidatura de su partido o de forma independiente.

Los detractores de estos lineamientos afirman que la calidad de “aspirante” será atribuida de forma subjetiva por el INE.

Las reglas aplicarán a estos aspirantes, que tendrán prohibido realizar difusión o comprar cualquier tipo de propaganda, incluida la que es difundida por redes sociales.

Este fue otro de los puntos polémicos de los lineamientos, pues el INE prohibió que los aspirantes paguen por la difusión de mensajes en redes sociales; no por usarlas, sino por crear campañas que se difundan en ellas.

“Las expresiones vertidas en las redes sociales y los medios de comunicación fuera de los espacios comerciales se presumirán amparadas bajo el ejercicio debido del derecho a la libertad de expresión y de prensa, salvo prueba de lo contrario”, establecen los lineamientos.

Esto despertó un debate de actores políticos que utilizan las redes sociales como una de sus principales plataformas de campaña, sea mediante la difusión de mensajes de propaganda o hasta con la contratación de servicios de bots para multiplicar estos mensajes.

Las nuevas reglas prohíben también que haya difusión de informes de labores, salvo en los casos donde haya legislación que imponga expresamente una fecha comprendida en el tiempo que se desarrolle el proceso electoral federal.

Cuando se trate de informes legislativos, estos deberán llevarse a cabo fuera de los periodos electorales.

A los funcionarios que sean aspirantes a tener un cargo, tendrán prohibido asistir a eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales; y tampoco podrán realizar eventos masivos de difusión de logros; o de inauguración de obras.

Los servidores públicos también tienen prohibido “realizar acciones o expresiones” que impliquen apoyo o promoción de un aspirante.

Se pone un alto a la propaganda gubernamental.

“Deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica”.

Esta propaganda gubernamental no puede promover ningún logro o actividad de un aspirante o servidor público.

Cualquier actividad de este tipo que sea realizada dentro de los tiempos electorales –que empiezan el 8 de septiembre- no solo se tomará a cuenta de los gastos de campaña, sino que será sancionada y se podrían aplicar hasta medidas cautelares.

El INE estableció en sus lineamientos que todos los aspirantes tienen hasta el 8 de septiembre para retirar toda la propaganda o mensajes de promoción que contravienen las nuevas reglas.

El más impugnado

Estos lineamientos de “cancha pareja” son las reglas electorales más impugnadas de la historia.

Al cierre de la recepción de impugnaciones, la semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió 334 recursos contra estos lineamientos.

En los registros del propio Tribunal consta que entre quienes los impugnaron están la Presidencia de la República; el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho; legisladores como Carmen Salinas, Carolina Monroy, Luisa María Calderón, Carlos Alberto Puente, Jesús Sesma, Javier Álvarez Maynez, entre otros.

Impugnaron también los partidos PRI, PVEM, PRD, PES y Movimiento Ciudadano; además del aspirante a una candidatura presidencial independiente, Pedro Ferriz de Con.

Según consejeros del INE, impugnaron también los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco; de Sinaloa, Quirino Ordaz; y de Colima, Ignacio Peralta. Además de varias empresas de comunicación.

El PAN, por su parte, anunció en días pasados que como partido no interpondría ningún recurso contra estos lineamientos, pero dio luz verde a sus militantes para inconformarse de forma individual.

En Morena, en cambio, el asunto se tomó como un intento del INE para meter en cintura a algunos actores políticos.

“(Enrique) Peña Nieto no quiere que lo regule el INE y sí quiere más programas sociales; quieren usar la fórmula del Estado de México, de desplegar propaganda todos los días previos a la campaña, para que ahí solo sea nadar ‘de muertito’”, acusó Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE.

Se trata de los lineamientos que más inconformidades han despertado entre los miembros de la clase política nacional que ven en ellos la restricción de muchas actividades que no están reguladas en ninguna legislación o reglamento.

“Es el acuerdo que, históricamente, en el Instituto Nacional Electoral, ha sido más impugnado (…) Ahí hay cinco partidos políticos de carácter nacional que interpusieron los correspondientes medios de impugnación (…).

“La problemática que ha sobrevenido corresponde exclusivamente a los huecos que los partidos se han dejado para moverse en el ámbito de la actuación de sus servidores públicos. No hay ley de propaganda institucional; no hay un conjunto de normas que regulen las actuaciones de los dirigentes de los partidos, y eso nos ha llevado a una serie de reglamentaciones complementarias”, afirmó Marco Baños en la sesión de Consejo General del INE el viernes pasado.

Los recursos de apelación que se presentaron en el TEPJF argumentaron la afectación de sus derechos político-electorales.

Será la Sala Superior del TEPJF la que resuelva todos los recursos; idealmente, deberá hacerlo antes del 8 de septiembre, cuando entren en vigor.

Van por más

EEl Instituto Nacional Electoral ha anunciado que no se conformará solo con estos lineamientos de “cancha pareja”, sino que buscará limitar otras formas en que las fuerzas políticas se hacen del voto ciudadano.

“Vamos a modificar el Reglamento de Fiscalización; vamos a regular el uso de las tarjetas para que las únicas tarjetas durante el proceso electoral sean las tarjetas del árbitro; vamos a regular, a anticipar, la regulación sobre los programas sociales para que la ciudadanía pueda auditar el proceso presupuestario por venir y conjuntamente se cree un blindaje electoral.

“Vamos a discutir una serie de temas que implicarán modificaciones y que inyectarán certeza y, por supuesto, todos los partidos, todos los actores políticos tienen el derecho, si tienen inconformidades, de recurrir a las instancias jurisdiccionales”, afirmó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

Esto significa que para la elección del 2018, estará más limitado –si no es que prohibido- el reparto de tarjetas a cambio de algún beneficio futuro, en caso de ganar la elección.

Se refiere a tarjetas como La Efectiva, que repartió el priista Eruviel Ávila, o la Tarjeta Rosa, que regalaron Alfredo del Mazo en el Estado de México y Miguel Riquelme en Coahuila.

Estas tarjetas serían canjeables por beneficios futuros en caso de que estos candidatos ganaran la elección, aunque se acotaba, por ejemplo, que estos se entregarían solamente cuando hubiera crecimiento económico en la entidad o llegara mayor inversión extranjera.

Algunos consejeros consideran que se trata de una promesa de otorgar recursos públicos –a futuro- a cambio del voto ciudadano, algo ya prohibido en la ley.

Los que se oponen

Gobernadores, legisladores, partidos políticos y hasta un candidato independiente objetaron los lineamientos

>> Eruviel Ávila

>> César Camacho

>> Carmen Salinas

>> Carolina Monroy

>> Luisa María Calderón

>> Carlos Alberto Puente

>> Jesús Sesma

>> Javier Álvarez Maynez

>> PRI, PVEM, PRD, PES

>> Pedro Ferriz de Con

>> Manuel Velasco

>> Quirino Ordaz

>> Ignacio Peralta

INE, en una encrucijada

Para Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral, un laboratorio especializado en temas electorales y democracia, el INE actuó de acuerdo a la encrucijada en que está metido porque, por un lado, está el TEPJF que le mandata emitir algunas reglas de la elección y, por el otro, muchos acusan al Instituto de no aplicar sanciones y le exigen meter en cintura a los adversarios políticos.

En medio de esta dualidad, el Instituto decidió establecer nuevas reglas para el proceso electoral del 2018 y abarcar no solamente a los partidos y sus candidatos, sino a otros actores.

“Creo que estos son los lineamientos más ambiciosos, porque (…) yo veo al INE en su papel, diciendo: ‘todo el mundo me pide que tome medidas, como lo he hecho cada año, solo que ahora voy a ser más ambicioso’.

“Me parece que los lineamientos van un poco más allá, porque están regulando aspectos que la ley no regula. El tema de los informes de labores, por ejemplo; o el tema de la compra de publicidad en redes sociales; o el tema de la aparición de los dirigentes en los spots del partido”, comentó.

Por la afectación tan amplia que causan estos lineamientos, Espinosa consideró que es lógico que haya tantas impugnaciones, pues son muchos actores políticos quienes ven coartado algún derecho.

La inconformidad que más llama la atención es la que presentó la Presidencia de la República, que mediante la Consejería Jurídica ingresó el recurso de apelación ante el TEPJF.

“A mí me parece que la Presidencia impugna a título de la Administración Pública, pues por ejemplo no entregar programas sociales, el tema de no aparecer en actos masivos, ese tipo de cosas, me parece que son las que les pueden causar perjuicio (…).

“Los gobiernos juegan con lo que les da la ley para hacer proselitismo electoral desde la función de gobierno; entregar programas sociales per se no es ilegal, no está tipificado desde el punto de vista electoral, pero que se incremente la entrega de programas sociales durante el proceso electoral, es donde ya se está en el límite de la ley y eso es lo que buscan los lineamientos”, comentó Espinosa.

Aun con los lineamientos, el reto de las autoridades electorales será aplicarlos sin distinción de cargo, que sean los mismos para un aspirante a la Presidencia de la República o a un aspirante a regidor, apuntó el especialista, pues si no se corre el riesgo de que sean cuestionados.

Espinosa se pronunció por tener un modelo con menos regulación, pues el efecto de las reglas no siempre es el deseado, porque los políticos evalúan si les es conveniente el beneficio que obtendrán aunque violen la ley y no dudan en hacerlo aunque haya multas o sanciones.